Aval judicial a los actos de apoyo a los presos de ETA del sábado

Como ya sucedió con el «homenaje» a Henri Parot la semana pasada, la Audiencia Nacional también se niega a prohibir la convocatoria de Sare a favor de los presos prevista para el próximo sábado, en principio una multitudinaria manifestación en Bilbao que a consecuencia del aumento de los contagios por la pandemia se ha sustituido por diversas concentraciones en las «plazas y calles» de localidades del País Vasco y Navarra.

En una resolución del pasado lunes a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado Alejandro Abascal ha acordado, con el apoyo de la Fiscalía, no impedir la convocatoria al no apreciar el más mínimo indicio de que se vaya a cometer un delito de «apología» de ETA y de «humillación o menosprecio a las víctimas del terrorismo». «A priori y sin perjuicio de lo que pueda suceder durante la celebración del acto», argumenta el instructor, el acto inicialmente previsto fue convocado por Sare –la red de apoyo a los presos etarras– «en reclamación de una política penitenciaria favorable para los condenados como terroristas, vinculados a la organización criminal ETA».

El juez desestima así la pretensión de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt), que instó a la Audiencia a impedir la iniciativa al considerar que enaltecía el terrorismo de ETA y humillaba a las víctimas. Para este colectivo, «detrás de Sare pudiera estar una organización ilegalizada (en referencia a Herrira) que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades».

La Guardia Civil señala el apoyo de los etarras huidos

Pero lo cierto es que ninguno de los informes que reclamó el magistrado con carácter urgente a Policía, Guardia Civil y Ertzaintza sobre la convocatoria y Sare señala a este colectivo abertzale como heredero de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía, Askatasuna y Herrira, las tradicionales asociaciones de apoyo a los presos de ETA que para la Justicia estaban controladas por la banda terrorista.

La que más lejos llega es la Guardia Civil. En su informe del pasado 14 de diciembre (antes, por tanto de que se desconvocara la manifestación y se sustituyera por actos menos concurridos), la Jefatura de Información sí señala que «una cuestión recurrente en las manifestaciones que anteriormente se han organizado por parte de Sare fue el apoyo demostrado por el colectivo de presos de ETA (EPPK) y el colectivo de huidos de ETA (EIPK) mediante diferentes comunicados publicados en el diario Gara y en su medio digital Maiz».

Ambos suelen llamar a la participación ciudadana, recuerda la Guardia Civil, en convocatorias similares (Sare organiza esta «manifestación nacional» a favor de los presos etarras desde 2015). El colectivo de miembros de ETA fugados, subraya, «clamaba» a favor de un gran respaldo ciudadano para «superar las consecuencias del conflicto y que los miembros de ETA huidos de la justicia puedan retornar a sus lugares de origen».

Cambio de planes por la pandemia

A diferencia de los informes de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, el de la Policía llegó a manos del magistrado una vez Sare sustituyó la convocatoria por concentraciones dispersas por los municipios vascos y navarros a las cinco de la tarde del próximo sábado. En su informe del pasado 30 de diciembre, la Jefatura Superior del País Vasco ya informó a Abascal de que a consecuencia de la pandemia, Sare había optado por «una concentración multitudinaria, pero no coincidente en un mismo lugar» en «multitud de plazas y calles de los pueblos de nuestro país».

El juez de la Audiencia Nacional –que ordena a las Fuerzas de Seguridad que estén vigilantes para impedir posibles actos de loa a ETA o de humillación a las víctimas– esgrime también la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de enaltecimiento, que exige «la creación de un riesgo de secundar eventuales acciones terroristas» (una hipótesis que se esfuma tras el fin de ETA). Con esas premisas, razona, «se hace difícil aventurar indicios de conducta delictiva» que avalen una prohibición cautelar.