La pugna electoral entre PSOE y Podemos dinamita la coalición

La polémica de las macrogranjas que persigue a Alberto Garzón tras sus desafortunadas declaraciones en «The Guardian», poniendo en cuestión la calidad de la carne española que se produce en ellas, ha tenido un impacto directo en la convivencia dentro de la coalición. Un impacto que anticipa en qué grado se irá deteriorando la relación entre los socios de Gobierno en el futuro, a medida que transiten la senda electoral hacia 2023. Desde el ala socialista de Moncloa no cuestionan el fondo del debate, sino la forma en que se ha abordado, por lo que consideran cierta bisoñez del ministro de Consumo. Si bien la lucha contra la proliferación de las macrogranjas es compartida y figura en la hoja de ruta que el Ejecutivo quiere acometer hasta 2030, el contexto y la manera en que se ha situado el debate sobre la mesa ha soliviantado al PSOE. En primer lugar, porque coloca al sector ganadero en la diana, en un momento crítico en el que desde el Ministerio de Agricultura se trabaja para aplacar su malestar; en segundo, porque en plena precampaña en Castilla y León abre una vía de agua en la estrategia de los socialistas.

El PSOE ganó las elecciones en la región en 2019, pero no logró romper la hegemonía del PP en el territorio, que los populares lograron mantener a través de una alianza con Ciudadanos. Ahora, el contexto se anticipa adverso. El nerviosismo en Ferraz es patente por lo que se juega el partido. Tras la debacle del 4-M en la Comunidad de Madrid, los socialistas temen que sendas derrotas en Castilla y León y Andalucía –las dos citas de 2022– apuntalen la sensación de marca perdedora del PSOE, lo que lastraría sus opciones de cara a las municipales y autonómicas de 2023 y, sobre todo, de las generales, donde Pedro Sánchez se juega la reelección.

En Moncloa asumen que el ciclo electoral que se abre ahora y no se cerrará en dos años va a amplificar los decibelios en el Gobierno, porque lejos de aplacar las diferencias, los choques se utilizarán por parte de su socio para marcar perfil. Esta estrategia es la que ven en Alberto Garzón. Su actitud de insistir en lo que desde el ala socialista se considera un «error», obedece, según las fuentes consultadas, a que los morados han conseguido abrirse un hueco dentro de la campaña en Castilla y León donde estaban totalmente desdibujados. Ahora, con la polémica de las macrogranjas han visto una oportunidad electoral para contraponer su modelo de ganadería con el del PP, pero también con el del PSOE.

Así, el debate generado en cuanto a la ganadería intensiva seguirá siendo explotado por los morados, que buscan liderar la opción más sostenible y distanciarse de su socio. A la par, los de Ione Belarra creen ganado, así, un doble objetivo. Y este es el apoyo explícito de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que, normalmente, suele mantenerse al margen de las disputas internas de la coalición con el fin de visibilizar su papel independiente. Pero la líder de Unidas Podemos en el Gobierno volvió ayer a mostrar su apoyo inequívoco al titular de Consumo, y pidió «cuidar» y «respetar» la coalición.

Y es que la polémica ha sobrepasado incluso los límites que se fijaron en el protocolo de convivencia que se pactó cuando se diseñó la coalición con el que asumían un acuerdo de no agresión para tratar de evitar imágenes de división en el seno del Gobierno, como la que ahora ocupa a los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, a cuenta de las macrogranjas. Entonces, ambas fuerzas coincidían en regir su acción política por los principios de «lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad». Ahora precisamente, los morados denuncian «deslealtad» por parte del PSOE por desautorizar al ministro de Consumo. Pero no es la única cláusula que hoy convierte al documento en papel mojado. De momento no hay visos de la celebración de la comisión permanente de seguimiento del pacto, según confirman fuentes moradas –una especie de cumbre representada por componentes de ambas formaciones con el fin de solucionar los conflictos que afloren–. La última tuvo lugar en el mes de octubre a cuenta de las rencillas para abordar la negociación para la reforma laboral. Precisamente, es en este foro donde ambas patas del Ejecutivo deben «solventar las discrepancias que puedan surgir en el ámbito del gobierno de coalición».

Otro de los incumplimientos que demuestran que la coalición ha pasado a una fase totalmente impregnada por el escenario electoral radica en el punto 16 del documento, donde ambas partes se comprometen a que sus ministros «respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros». Por otro lado, no es la primera vez que PSOE y Unidas Podemos rompen la unidad de voto en el Congreso de los Diputados, por ejemplo en asuntos bandera para el socio minoritario, como la ley de Igualdad de Trato presentada por los socialistas. El escenario se repitió cuando ERC pidió retirar la inviolabilidad al Rey. El grupo confederal votó a favor, en contra de su socio. Proyectos de Ley del Gobierno como los Presupuestos, también llegaron a peligrar en un primer momento, por las desavenencias de los morados, solventadas gracias al acuerdo para desbloquear la ley de Vivienda, que llegará la próxima semana al Consejo de Ministros.