El PP descarta repetir elecciones en Castilla y León y espera tener un gobierno sólido

Adelantar las elecciones en Castilla y León era una maniobra arriesgada por parte de la dirección del PP, que en el partido hoy explican, en parte, en la crisis de Madrid y en la proyección de la figura de Isabel Díaz Ayuso sobre el liderazgo nacional.

Pero una vez en campaña, y metidos en la pelea con los sondeos y con las variables que siempre se escapan en toda contienda electoral, en el PP se mueven tomando como referencia que la mayoría absoluta es «poco probable», y que tampoco es fácil que den los números para mantener el Gobierno de la Junta de Castilla y León con los escaños de las nuevas candidaturas provinciales.

El éxito o fracaso del PP en las elecciones del 13-F lo miden dentro de la organización regional en la cifra de los 33 escaños. Si no los superan, hagan lo que hagan en la gestión de los resultados«estaremos en manos de Vox».

«Si llegamos a los 35 escaños, estaremos en condiciones de pedir la abstención. Con 35 escaños tenemos garantizado sumar más que toda la izquierda junta. Con 33 escaños todavía no sumas más que toda la izquierda junta», explican en el equipo electoral del partido. En las Cortes de Castilla y León la mayoría está en los 41 procuradores.

Sobre esta base electoral, el gran asunto de esta campaña es Vox y la estrategia con la que los populares responden a la nueva posición del partido de Santiago Abascal, que ya ha dicho que exigirá puestos en el gobierno para apoyar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco si sus escaños son necesarios.

Hasta ahora Vox no ha forzado nunca su entrada en los gobiernos a los que ha dado apoyo parlamentario, en buena medida porque como principal socio consorte el PP tenía a Ciudadanos. Pero esta marca no parece que vaya a estar en condiciones de ser relevante en la nueva etapa electoral.

El mensaje oficial dice que la intención del PP es gobernar en solitario. Pero en las estructuras del partido advierten sobre el riesgo, en plena campaña electoral, de demonizar a estas siglas con un discurso que parece interiorizar «el veto de la izquierda contra un partido que concurre a las elecciones como una formación democrática más y en igualdad de condiciones».

Desde hace semanas la posición oficial del PP se sostiene en la idea de que si no les dejan gobernar en solitario, antes forzarán una repetición electoral que pactar una coalición de gobierno con Vox. Por difícil que sea de gestionar en otros territorios, en Castilla y León esta solución es inviable, «es tanto como dispararnos a nosotros mismos».

El votante de la derecha tiene mucho más normalizado que sus dirigentes el acuerdo con Vox. Y arengar contra las siglas de Santiago Abascal es «muy dudoso» que hoy sirva para hacer que ningún voto de Vox «se venga con nosotros». «Decir que no les queremos en el Gobierno es muy arriesgado porque nos estamos generando un problema de percepción en la opinión pública sobre las responsabilidades. Es muy torpe adelantar la negativa a que entren, es la prueba de que nada tiene que ver lo que pidan o no, sino que simplemente estamos considerando casi como una inmundicia a Vox y a sus votantes. Como si sólo pudieran servir para regalarnos gobiernos. Y eso no es fácil de tragar por un electorado que está demostrando una fidelidad bastante notable», reflexiona un veterano responsable electoral de la organización popular.

No obstante, la estrategia de la dirección del partido se mantiene ajustada al principio de cargar contra Vox por «ser un proyecto al servicio de Pedro Sánchez». Así lo definió en campaña Pablo Casado, y es la línea que siguen los demás miembros de la cúpula nacional.

El líder del PP se reúne hoy con sus grupos parlamentarios, en una semana clave para el Gobierno porque se somete a votación la reforma laboral. La negociación continúa abierta, y el Gobierno tiene en el aire los apoyos, especialmente los de la mayoría de investidura, pero hay más posibilidades de que el Congreso convalide el acuerdo de los agentes sociales que de que éste sea tumbado. Aunque para ello el Gobierno tenga que recurrir a una geometría variable elevada al cubo. Sigue trabajando en conseguir el aval de sus socios, incluso por la vía de ofrecer concesiones a futuro.

Y en este marco, y para intentar arrastrar también voto en Castilla y León, el PP ha redoblado justo en esta semana su ofensiva contra el Ejecutivo socialista para poner en duda la transparencia y justicia territorial en el reparto de los fondos comunitarios.

Génova ordenó ayer la movilización de un «ejército» de dirigentes nacionales en las redes sociales, al hilo del contraataque del Gobierno en su defensa. Y Moncloa difundió que en las próximas semanas se acelerará la ejecución del Plan de Recuperación.

Mientras el Ejecutivo socialista adorna la campaña electoral con la promesa de una «velocidad de crucero» en el reparto de los fondos, el PP ataca a Pedro Sánchez por ser un «mentiroso compulsivo por manipular una carta de apoyo, «cortesía», de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen.

El líder popular defendió que la Comisión Europea descubrirá en el próximo ejercicio el «engaño» de Sánchez con los fondos comunitarios. «El PSOE pretende utilizarlos para ganar votos, incluso en la propia campaña de Castilla y León, donde sigue anunciando proyectos de gobierno». El PP ya ha dicho que denunciará este hecho ante la Junta Electoral.

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, respondió a estas criticas: «Andalucía, comunidad gobernada por el PP, está liderando la llegada de los fondos de la UE. Insto a su presidente a que se desmarque de las críticas a la gestión de estos fondos y a que todos rememos juntos en el impulso a este proyecto».