Covite pide a Fiscalía la revisión de las progresiones de grado concedidas por el gobierno vasco a ocho etarras

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que estudie si las progresiones de grado a ocho presos de ETA que ha conferido el Gobierno vasco se ajustan al principio esencial de la Ley Orgánica General Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre: «Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad».

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, se reunió el pasado 16 de febrero con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para agradecerle la labor de supervisión de los terceros grados a presos de ETA que está llevando a cabo la Audiencia Nacional, que ha dado como resultado la revocación de aquellos terceros grados que no se ajustaban a la legalidad. «Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco», ha afirmado Ordóñez.

Ocho terceros grado

Covite ha estudiado detenidamente los casos de los ocho presos de ETA a los que el Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado –José María Arregi Erostabe, Francisco José Ramada Estévez, José Ángel Lerín Sánchez, Unai Fano Aldasoro, Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés Beitia, Egoitz Coto Etxeandia y Ugaitz Pérez Sorriketa– y asegura que «se trata de miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale. Además, subraya que en elObservatorio de radicalización está documentadas las manifestaciones de petición de amnistía para todos ellos de forma explícita, lo cual “evidencia que no se han desvinculado de la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale, que sigue controlando a los presos de ETA en las cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión».

Por ello, Covite ha acusado al Gobierno vasco de «mentir cuando nos aseguró que solo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción y de desvinculación ideológica de ETA”.