El juez del «caso Pérez Maura» busca vías para traer de Guatemala documentación esencial

Un viaje a Guatemala y mucha documentación esencial que traer a España para resolver la pieza «Pit» del caso «Tándem» que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los negocios de los hermanos Pérez Maura en ese país. Ese es el nuevo plan sobre la mesa de los investigadores que llevan semanas en conversaciones con la Fiscalía de Cooperación Internacional para coordinar el vuelo al otro lado del Atlántico y que no sea en vano. Una baza que jugar antes de dividir el caso en dos y juzgar por un lado el cohecho nacional -relativo a la colaboración el comisario José Manuel Villarejo- y el internacional sobre los pagos de los hermanos a autoridades guatemaltecas para quedarse con la adjudicación de una macroconstrucción portuaria, según fuentes judiciales.

Desde mayo de 2019 los avances de esta línea de investigación (la número 4 del macrocaso), que redunda en la obra millonaria del Puerto de Quetzal a golpe de sobornos, se han producido a trompicones. El problema principal radica en una petición de información que se hizo en abril de 2021 a Guatemala y que no ha sido contestada casi un año después. Por esto, algunas de las últimas declaraciones de investigados ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción no han sido fructíferas, al no tener los papeles con los que confrontar los testimonios.

En la comisión rogatoria -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- se solicitaba la declaración de tres de las personas que, presuntamente, ayudaron a los pagos de mordida de los empresarios españoles a las autoridades guatemaltecas, que incluyeron cantidades millonarias al entonces presidente del país Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. De hecho, éstos fueron detenidos en Guatemala en el marco de una operación que se llevó a cabo a finales de 2015 al destapar la corrupción en este mega puerto.

El juez pedía toda la documentación obrante en ese procedimiento allí (copias de documentos, los informes resultantes de los pinchazos telefónicos, etc.) y tomar declaración a los que formaron parte de estos pagos incluido Juan José Suárez Messeguer, un estrecho colaborador de los Pérez Maura en el terreno y el único español que pasó un tiempo allí en la cárcel. Ya en la comisión rogatoria se pide que para aligerar estas diligencias se autorice el desplazamiento de una Comisión Judicial.

Algo que nunca ha sido contestado, si bien según fuentes de la investigación ahora se están intensificando los contactos para buscar un enlace en Guatemala y que el procedimiento avance. Esto evitaría la opción B que estaba en el horno y que consiste en dividir en dos la investigación. La parte del cohecho nacional que se fraguó con el pago al comisario José Manuel Villarejo para evitar la extradición de los hermanos empresarios españoles, Ángel y Álvaro Pérez Maura, está muy atada por lo que podría terminar pronto con una petición del juez para sentar en el banquillo tanto a los hermanos como a Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al abogado Enrique Maestre que presuntamente también participó.

Para acreditar el cohecho internacional con estos pagos de 30.000.000 dólares en concepto de comisiones -según el sumario- para quedarse con las instalaciones del Puerto de Quetzal se necesita el apoyo de las pesquisas de Guatemala. Y esta es el material que puede volver de un viaje al país si el magistrado consigue subirse al avión con la certeza de que encontrará allí colaboración.

El plan con Felipe González

Con la incorporación de toda esta documentación la causa tomaría un nuevo rumbo y podría cerrarse antes que termine el plazo de la instrucción en verano. Habría que volver a citar a alguno de los investigados y cerrar algunos flecos.

Las fuentes judiciales consultadas descartan que entre los llamados se produzca la citación del expresidente del Gobierno Felipe González. En el sumario no hay ningún indicio sólido que lo sitúe en el plan urdido para lucrarse ilegalmente de la construcción guatemalteca, pero lo cierto es que sí aparece su nombre en las conversaciones entre los investigados.

«El del pelo blanco está on board [a bordo]», escribió Armando Mateo, asesor de los hermanos, en julio de 2017. En un informe tras el análisis del móvil de Maestre, la Policía liga el apodo del «pelo blanco» a Felipe González. Los investigados se mensajean evidenciando que tratan de contactar con el expresidente (al que también llaman «F») para que les ayude a mover hilos en Guatemala. «Pero F es nuestro gran asset [gran activo] para los próximos meses. Tenemos que manejarlo con mucha astucia papito. Hay que convencerlo como sea y llevarlo a NY».

Sin embargo, de los mensajes no se observa ninguna intervención directa de González y estas fuentes aclaran que no son suficientes para llamarlo ni siquiera en calidad de testigo.