España busca acelerar la reconciliación con Rabat por temor al repunte migratorio

¿Por qué ha sido ahora, en plena guerra en Ucrania, escalada mundial de precios de la energía y crisis migratoria en Europa central –aunque también en el Mediterráneo–, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha decidido a expresar su apoyo al plan autonómico de Marruecos –lo que desde Rabat se venía pidiendo desde hace más de un año– para poder normalizar las relaciones? ¿Cuál ha sido el factor que ha pesado más en una decisión histórica que no fue consensuada con su socio de coalición gubernamental ni consultada con la oposición?

Aunque la red de intereses con Marruecos es tupida, la cuestión migratoria está en estos momentos en el centro de las preocupaciones de las autoridades españolas. El deterioro social en las regiones septentrionales de Marruecos tras dos años de pandemia y cierre de fronteras con Ceuta y Melilla–cuya reapertura sigue de momento en el aire– y, sobre todo, la creciente inestabilidad política y social en el Sahel auguran meses de presión migratoria en el norte de África.

«Los riesgos de un deterioro de la situación socio-económica (precios del trigo en vísperas del Ramadán) y previsible incremento de la presión migratoria a corto plazo ha empujado a España a acelerar la reconciliación con Rabat, pero es una cuestión que Argelia también puede usar (aunque ha querido desmarcarse de las prácticas de su vecino)», explica a LA RAZÓN la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Argelia Laurence Thieux. No en vano, tanto la nota de Moncloa como la del Gabinete Real coincidían en la «determinación para afrontar juntos desafíos comunes, especialmente la cooperación de la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico, con un espíritu de total cooperación».

España sabe que tendrá que lidiar –y teme volver a verse solo– con un incremento de los flujos migratorios con una Europa ya desbordada por la crisis migratoria que está provocando la guerra en Ucrania. No en vano, el episodio de Ceuta en mayo del año pasado, cuando más de 10.000 personas lograron entrar en menos de 48 horas en la ciudad autónoma gracias a la inhibición de las fuerzas de seguridad marroquíes, es el recordatorio más crudo y oportuno en estos momentos de las consecuencias que puede acarrear tener a Marruecos enfrente.

La decisión de Sánchez de apoyar el plan marroquí –esbozado en 2007 por Rabat, aunque no implementado por el momento– para la que fuera colonia española hasta 1975 coincide con un repunte migratorio en los primeros tres meses del año. De hecho, en la ciudad de Melilla la situación ha sido especialmente tensa en las últimas semanas. Los pasados 2 y 3 de marzo se produjeron en la valla de la ciudad autónoma con Marruecos dos saltos masivos protagonizados por jóvenes subsaharianos. Más de 4.000 personas protagonizaron las tentativas –especialmente nutrida fue la primera, con al menos 2.500 personas encaramadas a la verja– y 900 personas lograron acceder a suelo español. Días después hubo otra tentativa masiva, aunque el trabajo de las fuerzas de seguridad de los dos países la frustró.

Por otra parte, según datos del Ministerio del Interior, la entrada de migrantes irregulares en territorio español a través de Canarias desde las costas marroquíes se incrementó un 134,8% en los dos primeros meses de 2022 respecto al mismo período el año pasado. 5.496 inmigrantes llegaron al archipiélago, frente a los 2.341 del año pasado.

La gran incógnita en estos momentos es conocer las consecuencias de lo que desde Argel, que niega haber sido informado por el Gobierno de Sánchez, se califica de «segunda traición española». Apenas un día después del paso adoptado por el Gobierno de España, las autoridades argelinas retiraban a su embajador, lo que puede constituir la antesala de ulteriores medidas.

La que más preocupa, en un momento de crisis energética, es una eventual interrupción del suministro de gas desde el país magrebí a la Península. No le faltan a Argel clientes en el actual contexto de sanciones y boicot a Rusia. «Es un cálculo arriesgado pero también Argelia necesita vender su gas y la reorientación de los canales de suministro le beneficia en un momento en que tiene que compensar el incremento de otros precios en un contexto político y económico complicado», precisa Thieux. No menos preocupante es un posible incremento de la presión migratoria desde el frente argelino en los próximos meses. En la primera mitad de 2021 casi el 75% de los migrantes llegados a España fueron argelinos.