El eterno «caso Dina» vuelve a retrasarse

Desde la primera vez que la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, declaró por primera vez ante el juez hasta la última han pasado tres años. Poco se ha avanzado en una investigación que trata de esclarecer, por un lado, quién robó la tarjeta de su móvil cuyo material acabó en la prensa y, por otro, quién la destruyó y por qué el comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía una copia en su casa. Es este último punto el que tanto Bousselham como el expresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quieren que el juez aclare, así que ambos han presentado sendos recursos en contra de la decisión de no prorrogar más las pesquisas en la Audiencia Nacional.

De nuevo, una de las piezas separadas del «caso Tándem» -sobre los negocios de Villarejo- termina en manos de la Sala de lo Penal que será la que decida si todavía quedan diligencias por practicarse y si deben ordenar al instructor Manuel García Castellón que siga avanzando. Tanto Bousselham como Iglesias reprochan al juez que no haya apuntado bien en sus investigaciones porque el foco se ha puesto en por qué el exvicepresidente tuvo en su poder la tarjeta meses sin devolvérsela a su dueña y no en cómo es posible que Villarejo tuviera copia en su ordenador de todos los documentos personales que ésta albergaba.

Por eso, según confirman fuentes jurídicas, han impugnado el auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid que a finales de enero dio por terminado el «caso Dina» al no hallar resultado alguno del informe encargado a la Policía Científica sobre los últimos accesos a la microSD. La intención de García Castellón, tras tomar las últimas declaraciones el pasado 15 de marzo era terminar con todo, llevar a juicio a Villarejo y a unos periodistas que también tuvieron acceso a la tarjeta, y, si acaso, enviar a algún juzgado competente de Madrid el asunto del robo o la revelación de secretos, según fuentes jurídicas.

Pero ahora todo vuelve a estar en la casilla de pausa a expensas de lo que los magistrados sugieran. Tanto Iglesias como Bousselham siempre han defendido que la instrucción debería haber ido encaminada a descubrir si se hizo un mal uso de los recursos del Ministerio del Interior para espiar a los miembros de Podemos por intereses partidistas. Si Villarejo era Policía y tuvo acceso a la tarjeta en condición de funcionario, hay que esclarecer si había indicaciones superiores para ello.

Últimas declaraciones

En la última tanda de declaraciones, García Castellón trató de apretar a la exasesora para saber cuál había sido el destino de su tarjeta tras la devolución de Iglesias. «Con la tarjeta no pasa como en ‘Misión Imposible’, que se autodestruye», dijo el juez según consta en el sumario. Ella negó «rotundamente» haber sido utilizada con mala intención por parte del que fuera su partido y trató de limpiar las distintas versiones que había dado anteriormente concretando que la tarjeta pudo haberse roto en una mudanza, pero que ella sí accedió cuando Iglesias se la devolvió. Así que si no estaba rota exculpa al que fuera su jefe de toda responsabilidad.

Por su parte, las defensas de Iglesias y Bousselham se agarran a la declaración del exDirector Adjunto Operativo de la Policía (DAO) Eugenio Pino que fue citado como testigo para contestar si desde Interior todo esto se sabía. Ni se sabía, ni hubo operación alguna, dijo. Pero abrió una puerta en la que los que fueran miembros de Podemos quieren entrar: Sí existían otras operaciones en curso a personas de Podemos. Pino pidió la venia a García Castellón para decir quiénes eran. Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, señaló. A juicio de los recurrentes es aquí donde se tiene que profundizar y, por tanto, hay que prorrogar el caso.

Esto irremediablemente supone una nueva dilación a una línea que se lleva investigando desde 2019 y que ha pasado ya varias veces por la Sala de lo Penal. Fue esta la que por imperativo determinó que se tenía que volver a citar a Bousselham, a su entonces pareja y a Pino. Ahora, las fuentes jurídicas consultadas, indican que pueden pasar varios meses hasta que de nuevo se decida qué hay que hacer.