Ley de Enjuiciamiento Criminal

El CGPJ pide ayuda a tres jueces para elaborar su informe más complicado

Una comisión formada por Antonio del Moral, Mª. Dolores Hernández y Juan José López Ortega ayudará en los trabajos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entrega la investigación a los fiscales

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes (izda.) y la ministra de Justicia, Pilar LLop, ayer, en la reunión
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes (izda.) y la ministra de Justicia, Pilar LLop, ayer, en la reuniónMARISCALAgencia EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado que se incorporen tres jueces de diferentes tribunales para ayudarles a avanzar en la parte más técnica del informe sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que preparan de cara al verano. Se trata de uno de los dictámenes más complejos a los que se enfrentan porque la Ley en sí supone toda una revolución en el funcionamiento de la justicia ya que entrega la batuta de la investigación a la Fiscalía. El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, la magistrada de la Audiencia Nacional Mª Dolores Hernández y el de la Audiencia Provincial Juan José López Ortega asistirán en los trabajos durante estos meses, según confirman fuentes del órgano a LA RAZÓN.

Esta ayuda extra fue aprobada por la Comisión Permanente hace unas semanas para que junto a los letrados del CGPJ llevaran la parte más técnica. El análisis debe ser minucioso y detallado porque, además de ser una normativa que cambia por completo el paradigma actual, afecta directamente al Poder Judicial, es decir, a ellos. En la nueva LECrim desaparecen los jueces instructores y entra al campo el fiscal investigador con una figura para el magistrado de “garantías” que solo tiene que dar la venia en determinadas diligencias que afecten a los derechos fundamentales. Algo más similar a lo que ocurre ahora en otros países y, más cercano, a lo que está sucediendo con el funcionamiento de la Fiscalía Europea en territorio nacional.

La Ley ha dado ya vueltas en varios Gobiernos y fue un empecinamiento del anterior ministro de Justicia Juan Carlos Campo que, al no terminar la legislatura, no pudo cumplir. El testigo lo ha recogido Pilar Llop que, si bien al principio parecía que iba a aparcar esta pretensiosa normativa, en los últimos meses ha dado un impulso a los trabajos y pidió a los vocales que rescataran el trámite del informe, como contó este periódico.

Normalmente uno o dos vocales redactan este tipo de informes consultivos, pero en este caso hay cinco a cargo, precisamente, por la complejidad. Se trata de los progresistas Rafael Mozo, Clara Martínez de Careaga, Roser Bach y Concepción Sáez y del conservador Juan Manuel Fernández. Ellos, junto a los tres magistrados seleccionados y, como siempre, los letrados del Consejo abordarán hasta dentro de unos meses los trabajos. Las fuentes consultadas indican que dudan que el informe esté listo antes de junio o julio. El siguiente que se llevará a pleno, eso sí, será el de la llamada ‘Ley Trans’.

Para ese horizonte se barajan todas las opciones como la renovación. Algunos se muestran más esperanzados que otros, pero todos coinciden en que los trabajos tienen que avanzar como si esta no fuera a producirse. Ahora, además, con un vocal menos al que el Congreso de los Diputados ha decidido no suplir.

El vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló hace unas semanas y dejó su hueco tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Supremo. Su falta no altera las mayorías, quita un voto al lado conservador, pero siguen siendo más. Por eso, las fuentes consultadas coinciden en que esperan que el informe de la LECrim, que es muy delicado, se apruebe con amplio apoyo. Todos deben ir a una en un asunto así. La marcha de Valverde ha provocado que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sustituya a este vocal en la presidencia de su Comisión de Asuntos Económicos.