El CGPJ desempolva informes de dos leyes estrellas del Gobierno: la ‘ley trans’ y la LECrim

Los vocales del Consejo General General del Poder Judicial (CGPJ) escuchan los aires de renovación –su mandato lleva caducado desde hace más de tres años– como la historia de Pedrito y el lobo. Ante la incredulidad, el trabajo es lo único que pueden seguir haciendo, dicen, y en las reuniones de sus 21 miembros los próximos meses van a notar el aliento del Gobierno. El órgano presidido por Carlos Lemes debe aprobar informes de las leyes «estrella» de dos departamentos: la ‘ley Trans’ del Ministerio de Igualdad y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) del Ministerio de Justicia.

Ambos textos son preceptivos, pero no vinculantes, es decir, el Ejecutivo puede seguir adelante con las normas pase lo que pase. Ocurre que todavía está fresco en el recuerdo de los ministros el informe de la Ley de Vivienda que mostraba su rechazo a la mayor parte de la ley con calificativos como «farragosa» e «incongruente». Los dos nuevos dictámenes que deben aprobar ahora no van a estar exentos de polémicas, según vaticinan ya algunos vocales. Son asuntos de mucha trascendencia para los ciudadanos y el Poder Judicial lo sabe. Por eso, mientras la mayoría de los informes los confeccionan entre uno o dos ponentes para estas normas se han designado cuatro y cinco.

El jueves se celebra el pleno de febrero en el que está previsto sacar el informe sobre la Ley de Eficiencia Digital, culminando así las redacciones de toda la batería de leyes que dejó casi finiquitadas el anterior responsable de Justicia Juan Carlos Campos (la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Procesal) para tratar de agilizar los procedimientos en los juzgados.

A partir de ahí vendrán las reuniones con más chicha, pero los vocales trabajan desde ya en estos informes. El primero de ellos, según fuentes del órgano, será probablemente el de la ley para el colectivo LGTBI, a partir de marzo. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, la ministra Irene Montero la calificó como «histórica» y un «orgullo» para el Gobierno de coalición. Pero si ya provocó divisiones dentro del propio movimiento feminista, el debate en el CGPJ se prevé acalorado. Los que llevarán un primer borrador del texto son las progresistas Clara Martínez de Careaga, Victoria Cinto y los conservadores Wenceslao Olea y Ángeles Carmona.

Las fuentes consultadas indican que esta ley –que permite la libre autodeterminación de género (que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI) solo con la voluntad, sin necesidad de informes médicos– no implica un análisis jurídico especialmente complejo, pero que la elección de tantos ponentes puede deberse a la búsqueda de un mayor consenso de cara a la discusión en grupo y evitar así casos como el de la Ley de Vivienda. En esa ocasión la ponencia inicial del progresista Álvaro Cuesta fue retirada por falta de acuerdo y se tuvo que convocar un pleno extraordinario una semana más tarde para volver a debatir.

Un poco más adelante en el calendario se señalará el debate de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone un cambio de 180 grados en la concepción actual de las investigaciones porque entregará la batuta de la instrucción a los fiscales. Este informe, que llevaba meses en un cajón, necesita «mucho más tiempo», dicen en el CGPJ. Por eso, para los trabajos previos se contará con cinco vocales: los progresistas Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga, Roser Bach, Concepción Sáez y el conservador Juan Manuel Fernández.

A principios de 2022, el Gobierno no la incluyó en el plan normativo anual –que planifica la actividad normativa del Ejecutivo durante todo el año–, por lo que, al no parecer prioritaria los vocales apartaron los trabajos para el informe. De hecho, se asumió que la ley no saldría. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aclaran que esto fue una interpretación porque la intención de Pilar Llopsiempre ha sido y sigue siendo que la ley vaya al Consejo de Ministros «al menos en una primera vuelta» antes de acabar la legislatura.

Así se lo transmitió recientemente la ministra a Lesmes para que reactivara el texto del CGPJ. Paralelamente hay una mesa de trabajo (grupo interinstitucional) que la forman representantes de Justicia e Interior, del propio CGPJ, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Procuradores y de profesores de universidad. Este grupo se formó en octubre y, según fuentes de Justicia, se ha reunido «media docena de veces». Aunque no hay fecha exacta, la intención del Ministerio es que se entregue las conclusiones de esta mesa antes de semana santa para que se puedan valorar e incluir las aportaciones a la Ley.

En este caso, sí se trata de una norma de extrema complejidad por lo que los vocales no quieren «dar un paso en falso», ya que además les afecta directamente en la organización y el futuro de los jueces. El órgano equivalente de la Fiscalía (el Consejo Fiscal) ya publicó en julio sus conclusiones muy críticas con la LECrim. Los fiscales por unanimidad apoyan la norma, pero consideraron, entre otras cosas, que los denominados jueces de garantías tienen «exorbitantes funciones» en un texto que modificará por completo la instrucción penal.