El juez preguntará a Argelia si falsificó el pasaporte de Ghali

El juez del “caso Ghali”, Rafael Lasala, ha hecho oídos sordos a la petición de archivo instada por la Abogacía del Estado y ha ratificado su decisión de prorrogar seis meses más la investigación, que ahora se centra en identificar a los responsables de la falsedad documental que permitió al líder del Frente Polisario identificarse en el hospital San Pedro de Logroño con un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche.

En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza recuerda a los Servicios Jurídicos del Estado que -como mantiene la Fiscalía- dado que ya se ha acordado el archivo de las actuaciones respecto la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y del que fuera su jefe de gabinete Camilo Villarino -a quienes ha defendido en el procedimiento-, ya no tiene legitimación para recurrir la prórroga de la investigación.

Lasala justifica su decisión en el hecho de que “en cuanto a la falsedad documental puede haber diversos autores” y en la necesidad de -tal y como ha solicitado la Fiscalía- pedir a las autoridades argelinas que “determinen si el pasaporte que se presentó había sido emitido por Argelia”.

Una diligencia que, señala, obligará a acordar una comisión rogatoria “de cuyo resultado, incierto en su contenido y en el tiempo de cumplimentación, podrían derivar nuevas diligencias” que no podrían realizarse sin acordar la complejidad de la causa que justifica la prórroga de la instrucción. No en balde, la Fiscalía ya trasladó al magistrado que “no consta que el documento sea falso hasta que las autoridades argelinas lo verifiquen”.

Reprocha a la defensa de Laya su “suspicacia”

El magistrado reprocha a la abogada del Estado su “suspicacia” porque la investigación continúe y le recuerda que investigar a Laya resulta ahora “inviable jurídicamente” tras la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza de acordar el archivo de las actuaciones respecto a la exministra al concluir que la autorización para que Ghali fuese acogido en España para ser tratado de una neumonía grave causada por la Covid-19 fue un “acto político”.

Lasala también rechaza que, como mantiene la Abogacía del Estado, esa prórroga sea contradictoria con el auto de archivo de la Audiencia de Zaragoza, algo que califica de “materialmente imposible”, pues hace hincapié en que aunque cronológicamente ésta es anterior a su decisión, no se incorporó a la causa hasta el pasado 2 de junio, cuando ya había dictado el auto.

El instructor discrepa de la opinión de la defensa de Laya de que la exministra y su jefe de gabinete son “todas las personas que han intervenido” en el “caso Ghali”. Para Lasala, “hay un delito de falsedad que ha de investigarse más” y, del mismo modo, “no puede realizarse una investigación prospectiva del delito de prevaricación, menos aún respecto de quienes tienen a su favor el dictado de un sobreseimiento” (Laya y su exjefe de gabinete). Un delito, el de prevaricación -puntualiza-, “del que la Audiencia ha resuelto que no está justificada su perpetración, no que no haya existido, pues en tal caso hubiera dictado el sobreseimiento libre” (que impide una posterior reapertura de la causa).

Laya denunció indefensión

Para dejar sin efecto este sobreseimiento respecto a Laya, matiza, “serían precisos nuevos datos o elementos de comprobación distintos” de los ya incorporados al procedimiento. Es decir, deberían surgir “nuevos elementos de prueba” y no nuevas hipótesis o argumentos especulativos”.

En su recurso, la Abogacía del Estado pidió al propio instructor, y en apelación a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que anulase la prórroga de la instrucción al entender que es contradictoria con el sobreseimiento provisional acordado. Y le insistía en que tiene “la obligación de mantener paralizada la causa hasta que no aparezcan datos o informaciones nuevas”.

Según exponía en sus alegaciones, continuar adelante para esclarecer la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental (dado que el líder del Frente Polisario se registró en el hospital de Logroño donde fue ingresado con un pasaporte falso) acarrea una “manifiesta indefensión” respecto a Laya y Villarino porque Lasala “continuará investigando este delito sin la presencia de su defensa”.

El juez quiere interrogar al hijo de Ghali

Además de esa comisión rogatoria, el magistrado está empeñado en interrogar al hijo de Ghali, Luali Brahim Sid el Mustafa, para esclarecer si fue él (como declaró una trabajadora del hospital de Logroño donde fue ingresado el líder del Frente Polisario) quien registró a su padre con pasaporte falso. Ese documento a nombre de Mohamed Benbatouche fue expedido por Argelia el 18 de abril de 2021, el mismo día de la llegada a España de Ghali, según puso de relieve la investigación judicial. Un extremo que, en todo caso, el juez quiere ahora ratificar mediante esa comisión rogatoria a Argelia que, con los pies en la tierra, tiene escasos visos de prosperar.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza también intentó sin éxito que la delegación del Frente Polisario en España le pusiese al corriente de las gestiones para la acogida de Ghali en España y de las autoridades de ambos países que participaron en las mismas (algo que Laya se negó a revelar al juez esgrimiendo el carácter reservado de esa información). Lasala quería saber igualmente si Argel exigió garantías de que Ghali no sería detenido (pues tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal, entre otros). Pero la delegación saharaui dijo no saber nada del asunto.