La Ley de Memoria de Sánchez aviva las diferencias en el PSOE

El Gobierno ha pisado el acelerador después de la debacle en Andalucía. Al impulso de la cumbre de la OTAN se sumará la próxima semana el debate sobre el estado de la nación, que culminará el jueves con una traca legislativa en la que se aprobará el segundo decreto de medidas anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, la contrarreforma del Poder Judicial para permitir que el CGPJ pueda cubrir la vacante de dos magistrados del Tribunal Constitucional y la Ley de Memoria Democrática. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa quiso dar entidad propia a lo que consideraba una «cuestión pendiente» y creó un ministerio propio.

La medida estrella fue la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero como telón de fondo se ha trabajado en una norma que mejorara y superara las carencias de la Ley de Memoria Histórica del 2007 en cuanto a reparación y reconocimiento de las víctimas. El texto tras salir del Consejo de Ministros acabó un año en un cajón por la imposibilidad de sacarlo adelante con sus socios. En concreto, por la oposición de ERC que no acepta que se mantenga la Ley de Amnistía en sus términos actuales. Los republicanos han pedido cambios en esta legislación, aunque se muestran poco optimistas con que el PSOE los acepte: de hecho, fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN, aseguran que no transigirán con las pretensiones de los soberanistas y creen que los republicanos buscan justificar, con esta postura, su abstención.

Sin embargo, tras el 19-J y ante la necesidad de recuperar la agenda ideológica, el PSOE ha redoblado los esfuerzos para desencallar su aval parlamentario y lo ha hecho gracias a una batería de enmiendas pactadas con EH Bildu que, una vez más, ante la pasividad de ERC, consigue erigirse como un aliado trascendente para el Gobierno. El apoyo de la izquierda abertzale para una ley tan sensible no ha gustado en el partido, sobre todo en lo que se denomina «viejo PSOE» que ve un intento de reescribir la Transición. Unos términos muy similares, casi idénticos, a los que utilizó la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, para defender su apoyo al texto. «Vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar», dijo en rueda de prensa.

La ley incorporará una disposición adicional, en virtud de la cual las investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos se ampliarán desde la aprobación de la Constitución hasta finales de 1983. Para ello se creará una comisión técnica de carácter académico integrada por independientes que analizarán los casos de violación de derechos para que también sus víctimas tengan un reconocimiento, pero que en ningún caso, según señalan desde el Gobierno, darán lugar a procesos judiciales, como sí ocurre en los supuestos recogidos por el artículo 29, para víctimas del franquismo y hasta la aprobación de la Constitución en 1978. Esto no gusta a históricos del PSOE que, según ha podido saber este diario, ultiman un manifiesto para pedir al Gobierno que retire la citada ley. Algo que no tiene ningún viso de prosperar.

Y es que, además de esta enmienda para la creación de una comisión técnica, el texto también incorpora otra que va en la misma dirección de poner bajo cuestión la Transición: se especifica que la Ley de Amnistía de 1977 se «interpretará y aplicará de conformidad con el Derecho internacional (...) según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables», lo que podría abrir la posibilidad juzgar los crímenes del franquismo y derogar por la puerta de atrás la Ley de Amnistía de 1977.

Sí es cierto que hay dudas jurídicas al respecto porque Podemos sí lo interpreta en esa línea y permitiría seguir la estela del juez Baltasar Garzón (que intentó abrir una causa bajo ese amparo jurídico), mientras que el PSOE considera que nada cambia. Esquerra también cree que nada cambia y por eso reclama la derogación de dos apartados de la Ley de Amnistía porque consideran que, sin ello, los tribunales seguirán tumbando las querellas relacionadas con los crímenes franquistas.

Ambos puntos, en todo caso, de una u otra manera, son un torpedo en la línea de flotación de la Transición ya que, por un lado, se da pábulo al discurso de los partidos que han buscado siempre desprestigiar la democracia española asegurando que sigue intoxicada de «franquismo» y, por otro lado, se busca tumbar uno de los pilares del periodo transitorio entre la dictadura y la democracia, como es la Ley de Amnistía. De hecho, en la propia exposición de motivos se ensalza esa Ley asegurando que fue «una reclamación histórica de la oposición antifranquista».

Lo cierto es que esta ley había quedado guardada en un cajón tras concluir el periodo de enmiendas en noviembre y se reactivó tras las elecciones andaluzas. Antes, durante meses, el Gobierno había estado negociando con secretismo ya que, algunas de las formaciones que la apoyarán, explican que tenían el acuerdo cerrado desde febrero. Los nacionalistas, socios del Gobierno, también han conseguido otras cesiones, aunque algo más simbólicas (como el reconocimiento y derecho a la reparación de las instituciones de autogobierno catalanas y vasca).

No obstante, la norma tiene todavía más puntos que entrañarán polémica a medida que se vaya desarrollando, como la posible extinción de la Fundación Francisco Franco o la retirada de algunos títulos nobiliarios concedidos por el dictador. La ley, en todo caso, saldrá adelante, aunque, si nada cambia, Sánchez se quedará sin la foto de unidad con la mayoría de investidura, que aspira a recuperar para el tramo final de legislatura: todo apunta a que ERC se mantendrá en la abstención.