Cataluña

El juicio a la familia Pujol, tampoco en 2023

Dos años después de su procesamiento, la causa aún no ha llegado a la Sala de lo Penal y en la Audiencia Nacional dudan que el expresident, de 92 años, termine sentándose en el banquillo

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en un acto público celebrado el pasado julio en Barcelona
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en un acto público celebrado el pasado julio en Barcelona FOTO: Alejandro García EFE

Cuando en julio del año 2020 el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –ahora en Eurojust (la agencia de la Unión Europea de cooperación judicial)– propuso juzgar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a su esposa Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar parte de una supuesta asociación ilícita que se habría enriquecido «durante decenios» con actividades corruptas, la imagen de la que fue la familia más poderosa e influyente de Cataluña sentada en el banquillo parecía más cerca que nunca.

Y más aún cuando, nueve meses después, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirmaba el procesamiento avalando el relato de hechos del instructor: el de una familia que, de forma concertada, y aprovechando «su posición privilegiada» de ascendencia en la vida política, social y económica catalana, habría acumulado «un patrimonio desmedido» que la Audiencia vincula con «percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer en mayo de 2021 su petición de penas para la familia Pujol Ferrusola, que suman 92 años de cárcel –con el primogénito, para quien solicita una condena de 29 años de prisión, a la cabeza–. Entre los acusados ya no estaba Marta Ferrusola, pues unos días antes el sustituto de De la Mata al frente del Juzgado de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, había archivado el procedimiento, por sufrir un proceso del Alzheimer, respecto a la «madre superiora» (como se autodenominaba en una orden de transferencia de 1996 recurriendo a un lenguaje en clave).

El interminable expurgo del sumario

Un mes más tarde, Pedraz acordó la apertura de juicio oral, sin agotar la prórroga de la instrucción, e impuso a Jordi Pujol Ferrusola una fianza de 7,5 millones de euros. Todo parecía abocado a la celebración del juicio en un plazo razonable. Pero lo cierto es que, más de un año después, la causa aún no se ha elevado a la Sala de lo Penal, pendiente de que la defensa de la familia Pujol expurgue el sumario de datos personales, una labor en la que sus abogados llevan enfrascados más de año y medio entre continuas quejas sobre la dificultad técnica para acceder al contenido íntegro de la investigación (incluso el Ministerio de Justicia tuvo que poner a su disposición asistencia técnica para conseguir llevar a cabo esa tarea).

Ese cribado para el que el instructor ha ampliado el plazo sucesivamente (una ardua tarea con la que la familia Pujol quiere evitar que perdure en el sumario información privada de la familia), ha demorado durante meses el carpetazo final a la causa, hasta el punto de que fuentes de la Audiencia Nacional ven en esa actuación procesal un encubierto afán dilatorio para evitar que Jordi Pujol, de 92 años, termine sentándose en el banquillo.

Las previsiones más optimistas apuntan a que el instructor podría elevar el procedimiento a la Sala antes de final de año. Pero incluso si es así, las fuentes consultadas ven «imposible» que el juicio se celebre en 2023.

Causa sin presos

Al no estar en prisión provisional ninguno de los procesados, tienen preferencia las causas con preso –en las que el plazo máximo de prisión preventiva es una espada de Damocles que obliga a celebrar antes la vista oral para que el tribunal no se vea en la disyuntiva de tener que acordar la libertad–. El expresidente de la Generalitat cumplirá 94 años en junio de 2023, por lo que fuentes de la Audiencia Nacional no esconden su escepticismo respecto a la posibilidad de que finalmente no sea juzgado (si, debido a su avanzada edad, aduce que tiene mermadas sus facultades cognitivas o la memoria, lo que le impide recordar hechos que, no lo olvidemos, se remontan a los años 90 del pasado siglo (aunque se habrían prolongado hasta 2014).

La recta final de la instrucción también se demoró por la decisión del instructor de reclamar a Andorra el resultado de dos comisiones rogatorias cursadas en 2019 por De la Mata sobre la información bancaria de un presunto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola y de una fundación vinculada a uno de sus hermanos, Josep Pujol. La defensa de la familia Pujol recurrió esa resolución en febrero pasado al entender que suponía ampliar la investigación año y medio después de que concluyera la instrucción. Y la Sala de lo Penal, finalmente, le dio la razón. Aunque lo cierto es que, según las fuentes consultadas, el instructor aún espera que las autoridades andorranas cumplimenten esa petición de datos.

En los últimos, el caso se ha caracterizado por la atonía procesal, lo que se ha reflejado en un ir y venir de peticiones de desbloqueo de cuentas para hacer frente al pago de tributos o de recibos. Jordi Pujol Ferrusola llegó a pedir al juez que le permitiese retirar el equivalente al salario mínimo de sus cuentas bancarias, bloqueadas desde el año 2015 por orden del juez De la Mata, para hacer frente a su «subsistencia más básica», una petición a la que finalmente sí accedió Pedraz el pasado marzo.

Evitar dilaciones indebidas

Paradójicamente, al avalar la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la familia Pujol, la Sala de lo Penal esgrimió, entre otros motivos, una razón «práctica»: evitar dilaciones indebidas en una causa que ya acumula casi una década de investigación desde que la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, denunciase al juez las idas y venidas del primogénito a Andorra con bolsas llenas de dinero negro.

Una investigación que la familia Pujol atribuye a la «operación Cataluña», cuya desclasificación reclamó el primogénito del expresident en su escrito de defensa al considerar que la cúpula policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy se dedicó a «auspiciar» y «activar», «al margen de toda legalidad procesal y control judicial» y Villarejo mediante, el «relato» de la denuncia de la ex de Pujol Ferrusola a la Fiscalía Anticorrupción en 2012.

La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para Jordi Pujol –por asociación ilícita y blanqueo– y penas de ocho a 29 años para sus siete hijos por esos mismos delitos y, además, fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes. Jordi Pujol Ferrusola se enfrenta a una petición de condena de 29 años de prisión y su exmujer Mercé Gironés, a 17. Asimismo, solicita cinco años de cárcel y multas que alcanzan los 48 millones de euros para diez empresarios que considera cooperadores necesarios del blanqueo que imputa a la familia.