El despilfarro público

Los casos de las mascarillas han dejado al descubierto la irresponsabilidad en el manejo del dinero público. Hablamos de sobrecostes para conseguir material con el que tener un impacto político inmediato, o de timos a la administración.

Esos tongos en la compra se han debido a que se ordenó comprar con urgencia a quien no tenía experiencia en el mercado internacional en general o en ese sector específico. No hay que olvidar tampoco esas compras de material sanitario que se aceleraron sin reparar en gastos para tener el aplauso de la prensa y ganarse a la opinión pública. Más claro: muchas compras se ordenaron a amiguetes que se forraron, o a novatos, a tiernas ovejas, cuando el mercado internacional está lleno de lobos.

El despilfarro de dinero público tiene su tipología. Está el de los sueldos públicos. No hablamos de los verdaderos profesionales, sino de esas personas sin experiencia ni conocimientos colocadas con salarios que jamás conseguirían en el sector privado. Pongamos como ejemplo a la ex jefa de prensa de Sánchez, fichada como presidenta del Hipódromo de la Zarzuela. No sabe nada del sector, pero es igual. Lo mismo se podría decir del presidente de Correos, una empresa pública que ahora está en quiebra.

En esta partida de despilfarro está la tropa de asesores gubernamentales. El Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días a Bolaños para que diga el número de asesores adscritos al Gabinete del presidente, sus funciones y las tareas encomendadas a cada uno, la titulación académica y experiencia profesional acreditadas, y sus retribuciones desde 2020. Cualquiera que conozca cómo funciona un Gabinete sabe que de los 1.300 que tiene Sánchez sobra el 98%.

Son asesores contratados a dedo no entre funcionarios, lo que supondría un ahorro o equiparación, sino entre gente del ámbito privado. Lo peor es que cualquiera de esos asesores, como el que dijo a Sánchez “¡Ideaza! Antes de montar en el Falcon quítate la corbata para aconsejar ahorro”, gana el doble que un investigador del CSIC en energías aplicadas, por poner un ejemplo.

Luego está el despilfarro por delirios de millonario. Por ejemplo, una hora de vuelo en el Falcon presidencial sale por 5.300 euros, mucho más que una hora de un hidroavión para apagar un incendio. El Gobierno no quiere informar sobre el uso presidencial del avión y el helicóptero porque los ha utilizado en ocasiones para cuestiones personales. Chirría ese despilfarro al tiempo que se suelta solemnemente un discurso sobre el calentamiento global y la necesidad del ahorro energético.

Después tenemos el despilfarro que engorda la administración para que unos pocos se enriquezcan mientras nos adoctrinan. ¿Para qué sirve el ministerio de consumo? Alberto Garzón lleva cinco meses sin presentar ni una propuesta al Consejo de Ministros. Tiene un presupuesto de casi 66 millones de euros. Su existencia es un despilfarro.

¿Qué impidió a Irene Montero y su cuchipandi viajar a EEUU en vuelo regular? Su viaje costó 92.500 euros. No se entiende que puedan hacerlo otros mandatarios europeos, y no la ministra española, sobre todo cuando están patrocinando -con dinero público, por supuesto- la eliminación de los viajes en avión porque contaminan. Es más; esa estancia en EEUU no ha cambiado nada a nadie. Solo tenía la intención de que Montero y sus amigas puedan colocarse en puestos internacionales similares cuando sean desalojadas del Gobierno.

Lo democrático es rendir cuentas cuando se usa el dinero público. Es la diferencia con las tiranías. Si el Consejo de Transparencia exige al Gobierno que dé la información requerida para verificar si se ajusta a la ley, la solución no es cambiar a los miembros de dicho Consejo. Tampoco se resuelve insultando a la oposición. Si el despilfarro se ajusta a la ley, que sean los electores quienes castiguen si llega el caso. Y si no, que caigan encima los tribunales de justicia con todo el peso de la ley.