La jueza interroga a policías sobre si extorsionaron a venezolanos por dinero e información de Podemos

El exviceministro Ochoa Alvarado señala que pagó 40.000 euros y que entregó documentos en la Policía que terminaron en manos del bufete de Baltasar Garzón

Imagen de una edificio venezolano de PDVSA
Imagen de una edificio venezolano de PDVSA

La titular del juzgado de instrucción nº 29 de Madrid interroga este jueves hasta 13 personas entre los que hay varios policías acusados de estafar y extorsionar a venezolanos a cambio de conseguirles la nacionalidad, evitarles problemas con la Justicia e, incluso, proporcionar información sobre el partido político Podemos entre 2015 y 2017. La pasada semana afectados como el exviceministro de Venezuela Javier Ochoa Alvarado aseguraron que visitaron la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía cuando Eugenio Pino era su máximo dirigente y que entregaron documentación que afectaba a la petrolera PDVSA y a empresas españolas que luego terminó en manos del despacho de abogados de Baltasar Garzón.

- ¿Recuerda usted cuántas veces se reunió en la DAO?

- Dos veces y la separación entre una y otra fue de una semana. Allí el director [Pino] me pregunta si tengo algo relativo al partido de Podemos

Ochoa Alvarado declaró el pasado jueves como perjudicado en esta ‘operación Caranjuez’ que indaga en si el abogado José Martín Aliste, el policía municipal Daniel Renuncio y su esposa, el inspector de policía David Barrigüete y su mujer y el exmilitar israelí Alberto Galán (conocido como ‘Avi’), entre otros, tenían toda una estructura financiera con la que prometían a venezolanos arreglos de papeles, DNI y todo tipo de apaños en asuntos judiciales a cambio de cuantiosas cantidades de dinero. El exviceministro de Venezuela reconoció haber pagado 40.000 euros a ‘Avi’ cuando le dijeron que estaba en búsqueda internacional con distintivo rojo. Aunque le pidieron millón y medio, pero no llegó a entregarlo todo. “Me ofrece protegerme y esconderme, cuidarme. Me dice mira tú eres por tu fisionomía luces como español europeo, tu acento es canario, te vamos a proveer de un DNI canario. No te van a detener”, relata según la declaración adelantada por Vozpópuli y a la que ha tenido íntegro acceso LA RAZÓN.

El enlace desde Estados Unidos fue un lobbista conocido como Martín Rodil. Alvarado Ochoa se reunió varias veces en el hotel Villamagna de Madrid con la parte española de esta estructura. Él entonces no tenía problemas con la justicia española -ahora sí está imputado en un procedimiento en la Audiencia Nacional por el ‘caso PDVSA’- pero quería que le ayudaran si estaba buscado internacionalmente aunque, según declaró, cree que se lo inventaron todo.

Sin embargo, el exviceministro se vino cargado de documentos que él creía que podían servir aquí. “Yo fui destituido de PDVSA porque denuncié las actuaciones. No quiero decir quer era una venganza mía de aquellos corruptos. Quería que aquí se investigara, si funciona funciona, si no funciona no funciona”. Y en esto Aliste tuvo ojo y lo llevó al despacho de Pino. “Inicialmente con Aliste él me pregunta qué tipo de información, yo creo que le doy una lista tengo este contrato, esta empresa… y a los pocos días me dice he logrado una reunión te van a atender en el despacho de Eugenio Pino”. Estaban, dice, el DAO, Bonifacio Díez (también imputado en el ‘caso Kitchen’, García Catalán (jefe de la brigada de blanqueo), un tal Lucho, otro oficial y Aliste.

De la DAO al despacho de Garzón

Los encuentros, que sitúa en enero de 2016, duraron cuatro horas. “Documento tras documentos y nos paseamos por, no sé, 300 folios o algo así”. Sobre el contenido: “En general eran puntos de cuenta del presidente [Hugo] Chávez aprobando empresas eléctricas. Puntos de cuenta del director [de PDVSA Rafael] Ramírez otorgando en la junta a dedo muchos de esos contratos. Puntos de cuenta a asesorías consultorías a embajadores, a hijos de embajadores. Aprobaciones internas de PDVSA sobre movimientos de dinero a empresas españolas, francesas…Yo les digo a los directores de la policía que yo creo que esto es muy importante, hay cosas a dedo.”

Ni Pino ni ningún policía, según esta versión, visó nada de lo que allí entró. Así que, ¿Qué pasó con la documentación?: “No ocurre nada. Yo esperaba ‘bueno me van a llamar ahora por la Fiscalía’, pero no ocurre nada. Sí veo que en la prensa sale un artículo de Podemos que reconozco que me dio el general [Hugo] Carvajal. Lo veo que sale en la prensa como a los dos meses”.

Pero lo que más llamó la atención a Alvarado Ochoa es que, según dice, todo acabó en manos del despacho de Garzón que resulta que terminó defendiendo a Pino en los procedimientos que a la postre se abrieron contra él. “Pero al año y medio el mismo abogado que atendía al DAO Don Eugenio Pino, el mismo abogado de la misma firma que se llama ILOCAD, el abogado de él que lo defendió en sus causas que tiene aquí somete una querella particular representando a PDVSA y cuando veo los documentos son mis documentos, señoría”. En la Audiencia Nacional hay abierto un procedimiento sobre el desfalco de la petrolera venezolana y uno de los bufetes que lo llevan es, precisamente, el del exjuez Garzón. “Es que no hay coincidencia. Salió con todos esos papeles en la querella que me monta relacionada con PDVSA”, afirma Alvarado.

Los 13 citados

En la larga sesión de este jueves, la magistrada Cristina Díaz Márquez interrogará desde las 10:30 al abogado Martín Aliste. Seguirá con los policías (Renuncio y Barrigüete) y sus esposas, así como con ‘Avi’. Entre la lista de llamados a declarar figuran nombres que no han sido localizados o están fuera de España y que no declararán, según fuentes de la investigación, como el principal personaje que manejaba los hilos desde Estados Unidos, Martín Rodil.

Pero, además, la jueza acordó la imputación de hasta 30 empresas que forman parte de los informes que la Agencia Tributaria ya ha realizado sobre el patrimonio de los investigados y se han incorporado al sumario. Erasmus Haven Management Consultants, Mercazz LLC, Last Means SL, Inversion Project Habitat... y así una treintena de personas jurídicas a las que la magistrada le ha pedido que designen un representante legal.