Los acusados en ‘Caranjuez’ niegan que cobraran por información de Venezuela sobre Podemos

La mañana fue tan larga que llegó hasta la tarde y la ronda de declaraciones terminó cerca de las cinco en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Allí se dilucidaba este jueves si un grupo de abogados, policías y un militar estafaron y extorsionaron a venezolanos entre 2015 y 2017 a cambio de grandes cantidades de dinero e información sobre el partido Podemos. Lo primero, los pagos, ha sido reconocido por la mayoría (no quedaba otra, hay facturas) aunque siempre bajo la premisa de que fue por servicios prestados; y lo segundo, a medias, según fuentes presentes en la declaración. Por su parte, el abogado José Aliste se ha desvinculado de la trama y ha dicho que si él cobró algo fue por su trabajo como letrado y ha reconocido que presentó a excargos venezolanos al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

La mañana empezó con un fleco que quedó pendiente el pasado jueves cuando fue el turno de los perjudicados. Entonces, el exviceministro Javier Alvarado Ochoa afirmó haber entregado a la Policía papeles de empresas españolas vinculadas a la petrolera PDVSA que luego terminaron en el despacho de Baltasar Garzón. En el turno de hoy, el exjefe de la Inteligencia Carlos Aguilera apuntaló esta versión. Aguilera ratificó lo que ya dijo en sede policial: que Martín Rodil (un lobista estadounidense que también estaba llamado a declarar hoy pero que está en paradero desconocido) fue quien se presentó como el solucionador de todos los problemas y los puso en contacto con la rama española para arreglar el papeleo. A Aguilera le ofrecieron abrir una cuenta bancaria en España, conseguir pasaporte español y parar una investigación en su contra. Él llegó a abonar 230.000 euros.

Los citados a declarar este jueves -entre los que estaban un inspector de la Policía nacional David Barrigüete y un policía municipal Daniel Renuncio- quisieron desprenderse del concepto de “trama”. Negaron que estuvieran coordinados, ni que fueran ninguna red criminal, si bien tuvieron que reconocer algunos cobros pero por servicios que, dicen, sí se prestaron como asesoramiento. Igualmente Alberto Galán, un militar hispano-israelí conocido como ‘Avi’, que algunas fuentes de la investigación sitúan como uno de los cabecilla del caso.

Por su parte Aliste -que contestó para sorpresa de algunos de los presentes a preguntas de todos menos de la Fiscalía Anticorrupción- expuso durante casi una hora y media en qué consistía su trabajo y aseguró que fue él quien llegó a recomendar a Alvarado Ochoa que denunciara. Además, pidió a la jueza que de los documentos que se llevaron de la entrada y registro en su casa hicieran un expurgo porque había algunos que comprometían a clientes suyos. Y aquí fue donde se reconoció “a medias” que se entregó información sobre Podemos. El acusado no ha negado que se diera pero sí que a cambio se hiciera ningún favor o se pidiera contraprestación alguna.

De los 13 investigados citados para este jueves, cuatro no han acudido al juzgado. Según han indicado, Luis Fernando Vuteff se encuentra extraditado en Estados Unidos; Martín Rodil permanecería en paradero desconocido; y José Vicente Amparan y Ralph Steinmann estarían fuera de España.