Anticorrupción pide citar al exescolta de Chávez y que se dicte orden de detención para Martín Rodil

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una nueva batería de citaciones en el “caso Caranjuez” que indaga en presuntas extorsiones de miembros de la Policía española a altos cargos venezolanos a cambio de amaños en causas judiciales o información del partido político Podemos. Entre esta nueva petición dirigida al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, se encuentra la declaración como testigo del que fuera escolta y la que fuera enfermera del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Además, han pedido una orden internacional de detención y entrega para el lobista Martín Rodil. Por su parte, el exministro de Desarrollo Eléctrico del país caribeño Javier Alvarado Ochoa, que es perjudicado en esta causa, ha pedido la declaración del exDirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, máximo cargo cuando sucedieron los hechos.

En el escrito de Anticorrupción, al que ha accedido LA RAZÓN, los fiscales explican que Rodil, un empresario que trabaja como analista de seguridad, “es el sujeto central de la trama”. “Detenta contactos con diversos Cuerpos de Seguridad de España y de Estados Unidos, haciendo valer sus contactos con sujetos de altas esferas de su país de origen [Venezuela]” para que den a las víctimas de esta causa “protección o condiciones privilegiadas” mientras él se queda con comisiones. La investigación ha revelado que el lobista participó en diversas reuniones con los ciudadanos venezolanos y que figura como beneficiario de algunas de las sociedades a los que estos realizaban sus pagos para lograr la nacionalidad española, por ejemplo.

Rodil estaba citado a declarar el pasado 6 de octubre pero no apareció. Los fiscales solicitan que se emita orden internacional para encontrarlo y meterlo en prisión por delitos de organización criminal, extorsión, estafa, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. Pero no solo a él. Anticorrupción incluye en su petición iguales medidas para Luis Fernando Vuttef [ciudadano argentino, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma], Ralph Steinmann y José Vicente Amparan. Todos ellos faltaron a su cita como imputados con la Justicia española.

La titular del juzgado a cargo de “Caranjuez”, Cristina Márquez,escuchó entre finales de septiembre y principios de octubre a casi una decena de investigados, así como a varios exaltos cargos de Venezuela que confirmaron pagos a policías entre 2015 y 2016 creyendo que conseguirían beneficios en España y entregas de información sobre Podemos y la petrolera venezolana PDVSA en la DAO.

Cinco nuevos perjudicados

Uno de los afectados, el exviceministro de Venezuela Javier Alvarado Ochoa,afirmó haber entregado a la Policía papeles de empresas españolas vinculadas a PDVSA que luego terminaron en el despacho de Baltasar Garzón. Reconoció haber pagado 40.000 euros al exmilitar hispano-israelí Alberto Galán (conocido como ‘Avi’), imputado en la causa, para que le quitaran un distintivo rojo de búsqueda internacional que amenazaba con su detención. Y explicó que el vínculo de sus contactos en España fue precisamente Rodil.

En esta línea, Alvarado Ochoa ha solicitado la declaración (como testigo o como imputada) de la fiscal de Estados Unidos Sarah Edwards de la que Rodil decía que era “persona de su equipo en EEUU”; y del exDAO Pino a quien él entregó toda la documentación sobre Podemos y sobre PDVSA que, a la postre, terminó en la prensa y en un procedimiento judicial que se abrió contra él. Alvarado Ochoa no cree en las casualidades, dijo él mismo, y no le parece que el hecho de que Estados Unidos pidiera a España su extradición con papeles que él mismo había entregado a la Policía fuera fruto del azar.

También Anticorrupción cree que hay más hilos de los que tirar todavía, así que solicita cinco nuevas testificales de testigos que incluyen al exviceministro de Energía Nervis Villalobos, el exjefe de seguridad de Chávez Adrián José Velásquez Figueroa; la antigua enfermera del presidente venezolano Claudia Patricia Díaz Guillen; el exgerente de PDVSA Rafael Ernesto Reiter; y Hugo Gois, un ‘broker’ portugués que también está acusado por la Audiencia Nacional de lavar dinero a excargos cahavistas.