La Policía española viajó a EEUU para cotejar datos que un alto cargo venezolano había dado sobre Podemos

Las declaraciones que estas semanas atrás se han producido en el marco del ‘caso Caranjuez’ están dejando negro sobre blanco cómo se fraguaron entre 2015 y 2016 los contactos entre la entonces Dirección Adjunta Operativa (DAO) dirigida por Eugenio Pino y altos cargos de Venezuela que llevaban información de Podemos. El último testimonio del abogado José Aliste confirma que agentes de la policía viajaron a Nueva York después de que el exministro venezolano Javier Alvarado Ochoa aportara un documento en el que se financiaba supuestamente con 32 millones de dólares a Podemos.

“Le preguntaron directamente [a Alvarado en la DAO] si tenía o podía tener información sobre la financiación de Venezuela”, explicó Aliste el pasado 6 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, según la grabación a la que ha accedido LA RAZÓN. “Dijo ‘sí yo puedo conseguirle datos de financiación del partido. Bueno, perdón matizo, no era partido Podemos”, relató precisamente a preguntas del abogado de la formación morada que ejerce de acusación popular.

Unos días después Alvarado volvió a reunirse en dependencias policiales: “Consiguió un punto de cuenta firmado por Chávez [el expresidente del país], Isea [Rafael Isea es exministro venezolano] y tres personas que estaban en una fundación o que podían ser el germen de Podemos”. Preguntado por qué tres personas aclara que son el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y los fundadores y profesores de universidad Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. “Ese punto de cuenta decía que se financiara con 32 millones de dólares a Podemos para que buscasen la creación de un partido político que fuese más proclive al régimen bolivariano”, señala Aliste.

“Me consta que eso era auténtico y para eso me parece que fueron a tomarle una declaración a Nueva York al señor Isea”, relata y añade que el exministro venezolano ratificó todo a los policías españoles, incluido que él mismo como responsable de finanzas había pagado los primeros cuatro millones. De todos esos “alrededor de 1.000 documentos” que Alvarado aportó en dos reuniones con Pino y en las que, según el testimonio, también estaban colaboradores de la llamada “policía patriótica” como Bonifacio Díaz o Miguel Ángel Fuentes Gago, no quedó huella de entrada oficial en la Policía ni se levantó acta oficial. Aunque según el abogado sí se introdujo en el sistema de registro de los agentes (GATI).

Informes de “inteligencia” con fuentes abiertas

Todas las declaraciones de los investigados que pasaron la semana pasada ante la jueza Cristina Márquez tratan de desvincularse de cualquier rastro de irregularidad sobre los cobros que percibieron de venezolanos. Las pesquisas se centran en si un grupo de policías, el mencionado abogado y un exmilitar israelí-español cobraron más de tres millones de euros a cambio de amañar causas judiciales en España o conseguir nacionalidad y arreglos en banco para estos altos cargos que huían del régimen bolivariano.

Los testimonios coinciden en algunos puntos como que el lobista Martín Rodil (que también estaba citado, pero que se encuentra en EEUU y no compareció) era el vínculo desde el extranjero con el exmilitar Alberto Galán (conocido como ‘Avi’) que a su vez fue punto de conexión entre Aliste y algún exministro como Nervis Villalobos y los venezolanos y el resto de policías.

En esta línea Aliste dijo que todos sus negocios eran transparentes: había cobrado, sí, pero siempre por servicios prestados en su condición de letrado. Por su parte el policía municipal Daniel Renuncio, también investigado, aseguró mantener una relación personal con ‘Avi’ y aunque en el sumario aparece como el “ángel de la guardia” de los venezolanos (esa persona a la que debían llamar para solventar los problemas si la Policía se acercaba a ellos), negó conocerlos a todos. Aunque algún café suelto con Villalobos terminó reconociendo.

El policía nacional David Barrigüete, suspendido actualmente por su imputación, explicó que él lleva “30 años en la metodología de estudios y análisis” de inteligencia, “leyendo libros académicos de técnicas de inteligencia”. Y por eso, por su “bagaje profesional y de interés propio” ha compaginado su trabajo de funcionario público con “análisis de inteligencia sobre las relaciones empresariales de los mandatarios venezolanos y sus conocidos y familiares” o “análisis de inteligencia para saber si se estaba introduciendo capital venezolano e iraníes en el mercado hotelero europeo” para algunas consultoras.

El fiscal Anticorrupción quiso saber si para esta “inteligencia” utilizaba información del Ministerio del Interior, una práctica por la que está procesado actualmente por ejemplo el comisario Villarejo: “Nunca jamás he utilizado base de datos policiales para ningún negocio particular”, remarcó, todo eran “fuentes abiertas”.