El 52,8% de los encuestados cree que Irene Montero debe dimitir

El Gobierno vive horas convulsas. Las polémicas se suceden ante la inacción de un Ejecutivo que ha optado por la «prudencia» y por «aprender a esperar». Sin embargo, el impacto electoral de las decisiones –o la falta de estas– no atiende a estrategias y se repercute de inmediato. La última encuesta de NC Report para LA RAZÓN ha querido pulsar la opinión de los encuestados sobre los frentes que tiene abiertos Moncloa. La crisis principal radica en el Ministerio de Igualdad. El goteo de revisiones a la baja y excarcelaciones de agresores sexuales, al amparo de la Ley del «solo sí es sí», ha supuesto una importante brecha jurídica e ideológica. El Gobierno ha optado por aguantar, mientras el Tribunal Supremo estudia las sentencias que se han emitido y unifica doctrina. Esto se producirá en las próximas semanas, pero la sociedad demanda una solución inminente.

De este modo, el 67,8% de los encuestados considera que el Gobierno debería reformar la Ley del «solo sí es sí» para cegar la vía de agua que se ha abierto con la fusión de los delitos de abuso y agresión sexual. Solo un 17,4% considera que debe mantenerse en su redacción actual y dejar que sean los tribunales los que alumbren una solución, mientras que un 14,8% no sabe o no tiene opinión al respecto. Es especialmente significativo que los votantes de PSOE (56,4%) y de Unidas Podemos (57,7%) sean partidarios de hacer cambios en la ley para solventar las lagunas jurídicas, una opinión que contrasta con la de sus representantes en el Gobierno que descartan, por el momento, acometer cualquier modificación. Por edades, la reforma normativa también se impone en todos los rangos generacionales. Lo que subyace es una mala valoración de la ley en sí misma. Así la califican la mayoría, un 41,9%, seguidos de los que la ven «muy bien» (28,5%) y «regular» (18,4%). El 11,2% prefiere no pronunciarse o no tiene opinión al respecto.

La ley estrella del Ministerio de Igualdad hace que todos los ojos se dirijan hacia Irene Montero, pidiendo que asuma responsabilidades. El 52,8% de los entrevistados considera que debería dimitir, por el 32,6% que cree que está legitimada para seguir en su puesto y el 14,6% que no sabe o no quiere revelar su opinión. Si nos atenemos al espectro ideológico, la petición de dimisión es compartida por los partidos de la oposición: PP (75,9%) y Vox (83,3%) e incluso es la opinión que se impone en el PSOE, aunque en un muy ajustado empate. El 41% de los encuestados socialistas cree que debería abandonar el cargo, por el 38,5% que no lo comparte.

Cesar a Irene Montero por parte del presidente del Gobierno no es una opción. Sánchez tiene limitada su influencia en la cuota de Podemos y hacer un movimiento de este calado comprometería la viabilidad de la coalición y de la legislatura. En este sentido, la mayoría de los encuestados considera que Sánchez debería romper con Podemos antes de agotar la legislatura. Así se manifiesta el 46%, mientras que el 40,2% cree que debe ir de la mano con sus socios hasta 2023. Si nos atenemos a los partidos de la coalición, los votantes de ambos optan por seguir unidos, pero de manera desigual: un 56,5% en caso del PSOE y un 76,9% en caso de Podemos.

Esto en lo que respecta a la Ley del «solo sí es sí», pero esta no ha sido la única crisis que ha castigado al Gobierno durante los últimos días. La semana arrancaba con la digestión de la derogación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados. Los encuestados no están de acuerdo con el cambio normativo. Así lo reconoce un mayoritario 62,4%, mientras que un tímido 18,7% sí avala la maniobra legislativa que rebaja las penas. Por electorados, los votantes socialistas se muestran, en un 52,6%, contrarios a la derogación de la sedición y solo los votantes de Podemos (46,2%) aprueban la reforma. La negativa se eleva todavía más en lo que respecta a la malversación. Sánchez abrió la puerta a estudiar las enmiendas que ERC presentase en este sentido y esta eventualidad se topa con el rechazo del 63,4% de los entrevistados y solo contaría con el apoyo del 20,1%. Incluso los votantes socialistas, en un 56,4%, muestran su disconformidad con los cambios que se puedan hacer en este delito.

Contrapartidas

La percepción de los encuestados es que los pasos que da el Gobierno en la dinámica catalana no obedecen a mejorar la situación política en la región, sino para garantizar la estabilidad del Ejecutivo en el poder. El 66,1% considera que estas iniciativas son una contrapartida a los socios de ERC, mientras que el 23,1% sí identifican una verdadera vocación de bajar la tensión en Cataluña. En esta cuestión existe unanimidad en todos los espectros ideológicos, incluso los votantes de PSOE y Unidas Podemos, 53,8% respectivamente, reconocen que se busca contentar a los aliados independentistas. El problema para el Gobierno es que la valoración de estos pactos es «mala o muy mala» para la mayoría de los entrevistados, el 63,3%. Solo un 16,4% los avala –«bien o muy bien»– y un 8,5% los ve «regular». Esta mala percepción es extensible a los votantes socialistas, que en su mayoría los rechazan (42,5%), por el 27,5% que los aprueba.

Esta coyuntura hace prever un castigo en las urnas en 2023. Así lo considera el 66,6% de los entrevistados, que anticipa que sus alianzas le pasarán factura a Sánchez cuando lleguen las generales. Solo un 19,3% piensa que no tendrá efecto negativo alguno. El 14,1 por ciento restante prefiere no pronunciarse. La segmentación de electorados muestra, también en esto, unanimidad. Tanto los votantes del PSOE (71,8%) como los de Unidas Podemos (73,1%) consideran que los pactos con los independentistas y las cesiones tendrán consecuencias electorales. Pero, ¿hay otra opción? El Gobierno opta por ERC y Bildu por afinidad ideológica o porque no hay pacto posible con el principal partido de la oposición. A los encuestados les gustaría que Ejecutivo y PP pudieran llegar a acuerdos en las cuestiones de Estado. El 66,9% asegura que el PP debería pactar en estos asuntos con Sánchez, mientras que el 18% se opone. Por electorados, también hay unanimidad en este sentido. Incluso los electores de Podemos avalan que el principal partido de la oposición sea un interlocutor válido para cuestiones de Estado.