Moncloa se negó a darle al PP los nombres de sus candidatos al Constitucional

La decisión del Gobierno de nombrar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional hubiese hecho saltar por los aires el acuerdo que negociaban Gobierno y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el máximo órgano de garantías. Durante las semanas que duró esa negociación Moncloa se negó a responder a la pregunta del PP de cuáles iban a ser los dos candidatos por designación del Ejecutivo. El nombre del exministro ya había sonado con anterioridad en otros procesos previos de diálogo, pero, aun así, en la interlocución abierta, desde Moncloa se negaron los nombres, primero, y después se optó por la táctica de dar largas a la respuesta.

La elección de Juan Carlos Campo, ministro que impulsó los indultos a los líderes independentistas del «procés», atenta de raíz contra uno de los pilares sobre los que se sostuvo esa negociación entre Gobierno y principal partido de la oposición, hasta que las filtraciones de Moncloa, respecto a los planes del presidente Pedro Sánchez de dar luz verde a la derogación del delito de sedición, la hicieron volar por los aires.

En la mesa de negociación, y con un principio de acuerdo ya cerrado, estaba la configuración de un marco de transición para evitar las puertas giratorias en la Justicia, justo lo que Moncloa ha hecho con este nombramiento, es decir, impedir el salto directo, de vuelta a la Justicia, tras haber estado en política, con la contaminación para la independencia judicial que se deriva de este procedimiento. Bruselas nos reclama una despolitización del sistema judicial, y ahí entra la petición de una reforma del sistema de nombramientos en el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces elijan directamente a los jueces. Pero también que en el resto de decisiones haya una más clara separación de poderes.

Moncloa hace oídos sordos a las reclamaciones de Bruselas al elegir como sus dos candidatos al exministro y a otra «fontanera» de la Administración socialista, Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional que fue directora general de Asuntos Constitucionales hasta hace seis meses. No incumplen los criterios de idoneidad oficiales, pero sí el espíritu de las recomendaciones comunitarias.

ERC recibió ayer con satisfacción el nombramiento de Juan Carlos Campo. En público moderó el entusiasmo, pero el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, en una entrevista en «Espejo Público» con Susanna Griso, se mostró abierto a dar una oportunidad al nuevo TC «para ver cómo funciona». Una complacencia que es una una señal de que los nombres están hablados y no pillan a ERC por sorpresa. Como ministro de los indultos, el independentismo espera que Campo sea también sensible cuando tenga que pronunciarse sobe la constitucionalidad de leyes que les afectan.

En la última renovación, la de 2013, el PP eligió a Enrique López, actual consejero de Justicia de Madrid, pero que, hasta entonces no había estado oficialmente en política, y a Francisco José Hernando, fallecido, y que entonces era presidente del CGPJ y estaba vinculado al sector conservador de la Justicia. En el pasado el PP también eligió perfiles próximos, pero sin ese trasvase directo desde el Gobierno a la Justicia.

Campo fue ministro de Justicia hasta verano de 2021 y redactó los indultos a los líderes independentistas. Ha sido secretario de Estado y alto cargo de la Junta de Andalucía en la etapa socialista.

Laura Díez también es un perfil del agrado de ERC. Trabajó en Moncloa, y dejó el puesto al ser nombrada en abril por el Parlamento Catalán, y de forma consensuada, integrante del Consejo de Garantías Estatutarias. Había sido asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut, aprobado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y que recortó el Constitucional.

En la oposición han empezado ya a exigir que los dos candidatos del Gobierno se abstengan en todas las decisiones que afecten a procesos en los que han estado implicados en su gestión de gobierno. «Están haciendo del TC un órgano político. Sin ningún reparo», señalan desde el ámbito conservador de la justicia.

No se puede negar que el movimiento de Moncloa, unido al bloqueo de los vocales conservadores para que el CGPJ haga su propuesta de los otros dos candidatos que están pendientes de renovación, coloca al TC en una situación sin precedente. El Alto Tribunal vive su situación de máxima tensión en democracia.