Mayoría progresista
El TC estudiará en febrero la reforma del aborto casi trece años después
Conde-Pumpido pretende “acelerar” los asuntos pendientes de “mayor repercusión social y política”; el Pleno también debatirá la ley de la eutanasia y la reforma educativa de Celaá
Más de doce años después, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará el próximo febrero el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP en junio de 2010 contra la reforma de la ley del aborto aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El nuevo presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado en un Pleno gubernativo al resto de magistrados su“plan de trabajo” para los próximos meses, que incluye su intención de llevar al Pleno que se convocará los próximos 7, 8 y 9 de febrero el recurso contra la reforma del aborto, un recurso que resolverá un Constitucional de holgada mayoría progresista tras la última renovación y cuyo ponente es el magistrado conservador Enrique Arnaldo.
Según ha puesto de manifiesto Conde-Pumpido en esa reunión, su intención es “acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política”. Y en esa misma línea, su intención es que los magistrados deliberen también sobre los recursos de PP y Vox contra la ley de eutanasia en el siguiente Pleno, previsto para los días 21, 22 y 23 de febrero. Y en la sesión plenaria del 7 al 9 de marzo, el TC tendrá que debatir también los recursos de ambos partidos contra la Ley Celaá (entre otras cuestiones han de dirimir si es constitucional que se cierre el grifo de las ayudas públicas a los centros que separan a su alumnado por sexos).
El Pleno también ha resuelto cómo se asignarán las ponencias todavía en trámite, una vez acordado que los magistrados conserven las que ya tienen asignadas “cualquiera que sea la clase y fase en que se encuentre el proceso”.
De las fianzas del “procés” al castellano en las aulas
Respecto a las que correspondían a los magistrados salientes, se distribuirán “según el orden de antigüedad y mayor edad” de estos y de los nuevos magistrados. Así, de las ponencias de Santiago Martínez-Vares se ocupará la exmagistrada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano (entre ellas el recurso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la retirada de su escaño tras ser condenado por dar una patada a un policía en una protesta).
De los borradores de sentencia asignados al exvicepresidente Juan Antonio Xiol (entre ellos el que debe resolver el recurso del PP contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que impide al CGPJ hacer nombramientos si está en funciones) se hace cargo el conservador César Tolosa.
Las ponencias que ha dejado sobre la mesa el expresidente del TC, Pedro González-Trevijano pasan a ser responsabilidad del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que entre otros asuntos deberá pronunciarse sobre el decreto de la Generalitat que creó el Fondo Complementario de Riesgos con el que se abonaron las fianzas ante el Tribunal de Cuentas de los encausados por los gastos del “procés”).
Por último, la magistrada Laura Díez asume las ponencias del exmagistrado conservador Antonio Narváez (entre otras las del recurso del PP contra la Ley Celaá y la de los recursos de PP y Cs contra el decreto con la Generalitat quiere sortear la aplicación de la sentencia que obliga a impartir en los centros catalanes al menos un 25% de las clases en castellano)
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