Aborto

Los juristas defienden el derecho de la mujer a ser informada

Hablan de «debate artificial» porque no se infringe ningún principio de la autonomía de la voluntad del paciente

Manifestación contra el aborto
Manifestación contra el aborto Jesús G. FeriaLa Razon

Desde que, el pasado jueves, la Junta de Castilla y León anunciara su nuevo protocolo “antiaborto” para mujeres embarazadas en la región, el tsunami de reacciones en contra no ha parado de crecer. El domingo por la noche el Gobierno remitió un requerimiento a la Consejería de Sanidad de la Comunidad exigiendo que se abstuviera de poner en marcha el protocolo -si ya existía- o que no se aprobara. En el texto también reclamaban que se les remitiera el protocolo “con carácter de urgencia para conocer su alcance”, con el objetivo de “seguir en la defensa de lo que es incuestionable e imprescindible: el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido salir hoy al paso de las críticas, con una declaración institucional en la que se mostró “muy sorprendido” por el requerimiento oficial que, “según el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho, porque nosotros aún no tenemos constancia”, ya que “no se vulnera ninguna norma”, y acusó al Ejecutivo central de intentar “sacar rédito político” y de “utilizar a las mujeres como rehenes”. También enmarcó estas medidas en promover la natalidad en una comunidad autónoma que pierde población, así como para modernizar los servicios sanitarios.

También el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha intervenido para zanjar la polémica asegurando que“el protocolo para la asistencia a mujeres embarazadas está bien y no se cambia. Lo que sí que vamos a hacer es insistir en él”.

“Debate artificial”

Desde LA RAZÓN, hemos consultado con juristas sanitarios para saber el alcance de las «amenazas» del Gobierno al ejecutivo regional, y la legalidad de este protocolo. A juicio de Ricardo de Lorenzo, uno de los mayores expertos en Derecho Sanitario de este país, «es completamente legal porque no infringe ningún derecho fundamental, ni principio alguno de la autonomía de la voluntad del paciente. A parte de la Ley del Aborto, está también la Ley de Autonomía del Paciente (41/2002), donde se consagra, en su artículo 10, el derecho a la información». El texto dice lo siguiente: «los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada».

«Y así es, el paciente tiene consagrado el derecho tanto a saber como a no saber, algo que contempla el Convenio sobre los derechos humanos y la Biomedicina (Convenio de Gijón) –al que España está suscrita– en su artículo 10. (« Toda persona tiene derecho a conocer cualquier información recogida sobre su salud. Si –no obstante– prefiriese no ser informada, deberá respetarse su voluntad»).

Así, el médico que informe a una paciente que acepte ser informada está cumpliendo con la Ley de Autonomía del Paciente, con la Ley del Aborto y también con el Convenio», añade.

Sobre este punto se pronunció también ayer Fernández Mañueco, reiterado que las medidas sanitarias para prevenir abortos en la Comunidad no serán obligatorias, ni para los medicos ni para las pacientes. En opinión del letrado, “se trata de un debate artificial, ya que el protocolo en ningún momento se vulnera ningún derecho de la mujer”.

Otra de las críticas del Gobierno a la decisión tomada por la Junta de Castilla y León es que «carece de competencias para establecer pruebas adicionales, están al margen de la ley». Así lo ha manifestado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en referencia la cuarta ecografía que el protocolo prevé incluir en el primer trimestre de embarazo. “La Ley- (refiriéndose a la del aborto vigente actualmente, la de 2010) no incluye cualquier otro tipo de prueba complementaria o adicional”, destacó.

En opinión de Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), «la Constitución establece las competencias que se asumen por parte de la Administración Central y de las CC.AA en materia sanitaria y, desde luego, las de la primera son en relación con la Sanidad Exterior, las cuestiones de coordinación de la Sanidad y la legislación sobre medicamentos y productos sanitarios. Dicho esto, el protocolo que ha establecido Castilla y León para nada se extralimita de sus competencias ni vulnera la normativa legal existente”.