El 75% de los jueces y fiscales secunda la huelga contra las "leyes Bolaños"

El 75% de los jueces y fiscales secunda la huelga en la primera de las tres jornadas en que está convocada, según han confirmado las cinco asociaciones de las Carreras convocantes.

Por tanto, tres de cada cuatro miembros de la judicatura y de la Fiscalía de todo el país no se han presentado este martes en sus puestos de trabajo.

De momento, las agrupaciones profesionales no manejan datos por comunidades autónomas y serán los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) los que trasladen al Ministerio de Justicia los juicios que se han cancelado en la primera jornada parón y qué juez ha sido el que se ha ausentado al ejercer este derecho.

En el caso del Ministerio Público, los fiscales jefes recibieron la instrucción del fiscal general del Estado de informar de las "incidencias" que se hayan producido, lo que incluye información sobre qué fiscal se ha sumado a la convocatoria.

En la comparecencia celebrada este martes, María Jesús del Barco (Asociación Profesional de la Magistratura), Sergio Oliva (Asociación Judicial Francisco de Vitoria) y Fernando Portillo (Foro Judicial Independiente), junto a Cristina Dexeus (Asociación de Fiscales) y Salvador Viada (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) han pedido disculpas a la ciudadanía por los "perjuicios" que haya sufrido la ciudadanía por la huelga y han insistido en que nunca quisieron llegar a este escenario.

Tal y como defendieron, no les ha quedado otra salida que llevar a cabo esta acción después de que el Ministerio de Justicia no haya escuchado sus críticas a los cambios en el acceso a las Carreras, la estabilización de cientos de sustitutos y que las causas pasen a estar controladas por los fiscales.

"No vamos contra nadie y estamos a favor del Poder Judicial", ha apostillado Portillo, para negar que sea una protesta contra el Gobierno y poner el foco en que se ausentan de sus puestos de trabajo para intentar que se retiren las conocidas como "leyes Bolaños" en las que ven una amenaza a la separación de poderes.

También así lo ha defendido Oliva, llegando a decir que no son una "conspiración judeomasónica", sino jueces y fiscales que no ven ninguna mejora en que, entre otras cosas, se facilite la entrada de 1.004 sustitutos, y sí una "injusticia".

Tras la última jornada de la huelga, todas las asociaciones de la magistratura y del Ministerio Fiscal (menos las dos, respectivas, progresistas que no se han sumado) se reunirán para analizar cuál es el siguiente paso a dar para tratar de que estos cambios en el sistema judicial no se conviertan en una realidad. "No descartamos nada", ha advertido Del Barco, que, en cambio, ha opinado que una huelga indefinida no la ve procedente.

En un tono más político ha hablado Viada, que ha subrayado que no es casualidad que las reformas coincidan con "un contexto de casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente y al partido" en el poder. La huelga -explicó el presidente emérito de APIF- es un "grito de auxilio" antes de que sea demasiado tarde, se alcanza un "punto de no retorno" y desde el Ejecutivo consigan "cargarse" el Estado de Derecho.