Los altos cargos públicos podrían ser sometidos a exámenes aleatorios de patrimonio

Los altos cargos públicos podrían ser sometidos a exámenes aleatorios de patrimonio a lo largo de su mandato y durante los dos años posteriores a su finalización para verificar si hay indicios de enriquecimientos injustificados.

Estos controles sorpresa se llevarían a cabo si se aprueba la Ley de Administración Abierta, cuyo anteproyecto acordó el 7 de octubre el Consejo de Ministros y está ahora en fase de audiencia pública para la recogida de alegaciones hasta el próximo 17 de noviembre.

El Gobierno pretende con la nueva normativa poner en marcha medidas para avanzar en la exigencias de transparencia en las administraciones.

Entre ellas destaca la que permitiría a la Oficina de Conflictos de Intereses examinar de oficio la situación patrimonial de los altos cargos, para lo que tendría un plazo de tres meses desde la finalización de su mandato, y verificar el cumplimiento de sus obligaciones y si se ha enriquecido de forma irregular.

Se tendrían en cuenta para ello los ingresos percibidos ocupando el puesto y la evolución de su situación patrimonial.

Adicionalmente la Oficina de Conflictos de Intereses podría realizar controles aleatorios del patrimonio de los altos cargos a lo largo de su mandato y durante los dos años posteriores a su finalización.

Obligados a colaborar

El responsable público cuya situación patrimonial sea objeto de examen estaría obligado a aportar toda la información que le sea requerida, así como a comunicar todas aquellas circunstancias que sean relevantes para la elaboración del informe por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Con carácter previo a su aprobación, se daría traslado a la persona interesada de la propuesta de informe para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime convenientes.

Finalizado este plazo, el informe sería aprobado y notificado a las personas cuya situación patrimonial haya sido examinada.

Ayuda de la Agencia Tributaria

Si se detectasen indicios de enriquecimiento injustificado, la oficina podría solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las demás administraciones tributarias para aclarar la información.

Y en el caso de que pudieran derivarse posibles responsabilidades administrativas o penales se daría traslado a los órganos competentes para que, en su caso, inicien los procedimientos oportunos.

El anteproyecto elaborado por el Gobierno incluye más medidas centradas en los altos cargos públicos como la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes oficiales.

A ello estarían obligados los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal vinculadas o dependientes, altos cargos o asimilados del ámbito autonómico y local y personal directivo según la normativa de los tres niveles de la Administración.

También deberían ser públicas las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos, personal directivo, máximos responsables de las entidades y responsables de gabinetes, así como las indemnizaciones percibidas, en su caso, tras el cese.

El texto presta especial atención a los asesores, el personal eventual que desempeña funciones de confianza y asesoramiento especial, y establece la necesidad de que su perfil, trayectoria profesional y "condiciones retributivas" sean públicas.