Congreso
La amnistía, aprobada definitivamente el 30 de mayo: los jueces tendrán dos meses para aplicarla
El Congreso debatirá y votará la medida de gracia a diez días de las elecciones europeas
La amnistía llegará a su fase final el próximo 30 de mayo: ese día, el Congreso llevará a cabo su último debate y votación y la ley entrará en vigor. Por tanto, los jueces, con dos meses para implementar la norma y eximir de responsabilidades penales a condenados por el "procés" como Carles Puigdemont, van a a tener hasta finales de julio para aplicarla.
La amnistía entró en el Congreso el 13 de noviembre y verá la luz el próximo 30 de mayo, seis meses y medio después de una tramitación llena de polémica. Es más, el escenario político ha cambiado diametralmente entre ese mes de noviembre y el actual mes de mayo ya que Puigdemont, uno de los principales beneficiados, puede pasar de ser quien llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa a ser quien desbanque al líder socialista del Gobierno.
En todo caso, el último plácet a la amnistía se producirá a diez días de las elecciones europeas (9 de junio) y en la antesala de la constitución del Parlament, prevista para el 10 de junio. Una vez constituido el Parlament, se dará paso a una ronda de contactos para escoger a un candidato para la investidura. Puigdemont aseguró que se iba a presentar y, por tanto, todo apunta a que querrá y podrá estar en Cataluña para mediados de junio.
La ley ha superado ya la fase del Senado, donde ha estado dos meses de tramitación, y el Congreso tiene que volver a votarla para anular el veto que impulsó el PP en la Cámara Alta. Para levantar el veto, es preciso una mayoría absoluta, por lo que el bloque del PSOE y los independentistas suman diputados suficientes para poder hacerlo.
En la tramitación en el Senado, además del veto, han comparecido hasta 16 juristas, que han dado su opinión sobre la amnistía y mayoritariamente se han posicionado en contra porque consideran que es inconstitucional. No obstante, la última palabra estará en manos del Tribunal Constitucional, que previsiblemente deberá posicionarse porque habrá quien recurra la ley (entre ellos, PP o Vox). Además del TC, también se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que previsiblemente habrá jueces que presenten una cuestión prejudicial.
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