Los antidisturbios de la Guardia Civil reciben nuevo material con la incertidumbre de Canarias

Las unidades de antidisturbios de la Guardia Civil recibirán en las próximas semanas un nuevo lote de escudos para mantener el orden público, según un contrato del Portal de Transparencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Esta adjudicación se produce en un momento en el que se desconoce cuál será el futuro del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8 que presta servicio en Canarias.

El proceso burocrático para adquirir estos componentes se lleva desarrollando desde hace meses pero fue este miércoles cuando se formalizó su adjudicación. La memoria justificativa del gasto señala que el Instituto Armado comprará este año un mínimo de 77 unidades de un grosor de 1.600 mm y 220 escudos de 1.300 mm.

La adquisición no se queda solo ahí. Está prevista que esta misma cantidad se suministre en 2026. El precio de la adjudicación era de 81.840 euros por todo este material que irá destinado a diferentes unidades.

La compra de los escudos

El objetivo de estos cascos es para "cumplir con los objetivos de mantener el orden público". "Garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos, contemplado en el programa de gasto de seguridad ciudadana, se debe dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios técnicos, materiales y de las infraestructuras idóneas, que permitan el desempeño de sus funciones sin riesgo para su integridad", remarca.

Los escudos antidisturbios son "necesarios para afrontar situaciones complejas y de alto riesgo, dado que consiguen desviar o detener los posibles impactos recibidos en los diferentes servicios e intervenciones que se llevan a cabo". "Con estos escudos se dispone de un medio de autoprotección muy eficaz dando lugar a mayores garantías de éxito y seguridad tanto para los agentes como para el resto de personas implicadas", subraya la compra.

La empresa KM Accesorios será la encargada de suministrar este material a la Guardia Civil. Esta sociedad que tiene su sede en Valencia recibirá un importe de 99.026,40 euros con impuestos incluidos.

La "incertidumbre" de los antidisturbios

Asimismo, la formalización de este contrato se produce en el marco de la polémica que se ha instaurado en los últimos días por la incertidumbre de la unidad GRS número 8 de Tenerife. Hace días, el Jefe de Zona de Canarias planteaba su posible disolución. Una circunstancia que ha sido denunciada por todas las asociaciones de la Guardia Civil que trabajan para que el problema se solucione.

Los guardias civiles subrayan que esta decisión podría poner "en grave riesgo" la seguridad ciudadana ya que los canarios quedarían "desprotegidos" de importantes amenazas. Destacan sus labores antiterroristas o emergencias medioambientales pasando por el control de la inmigración ilegal.

Una decisión que está está generando inquietud entre los más de 100 efectivos que componen esta unidad y sus familias, que llevan ya muchos años arraigados en la isla. Las asociaciones plantean que las nuevas dependencias del grupo sean en El Socorro (Güímar), donde ya se empezaron a hacer obras para acoger al GRS y a otras especialidades de la Guardia Civil, pero que se paralizaron por su coste, o en la Dársena Pesquera.