Más de mil familias españolas vinculadas con las bases estadounidenses de Rota y Morón se encontraron el pasado 15 de octubre con que el anticipo de sus nóminas no había llegado tal y como se esperaba. No por un problema en España, ni por algo relacionado con la insolvencia del Estado, sino por una crisis política a 5.500 kilómetros. En Estados Unidos, el “cierre de gobierno” ha afectado a todas las partes del planeta, incluyendo a las bases que la nación norteamericana mantiene en territorio español. Un incidente grave, que expone las vulnerabilidades en el marco de cooperación bilateral que mantienen ambos Estados y que pone de relieve la necesidad de crear un mecanismo para proteger a las familias españolas que dependen del gobierno norteamericano.

Un duelo político a 5.500 kilómetros

Al igual que en nuestro país, los presupuestos del resto de estados suelen ser un punto de choque entre los distintos partidos. Estados Unidos no es una excepción, y la polarización entre republicanos y demócratas ha causado que no se puedan aprobar las leyes de financiación en la fecha límite del 1 de octubre. Esto causa que se suspendan todos los gastos federales no esenciales, incluyendo el del personal civil en las bases militares, que dependen de estos fondos discrecionales que han sido congelados. Mientras en Washington, el enfrentamiento entre los dos bloques políticos es cada vez más encarnizado, en Andalucía las familias ven cómo el dinero que debería llegar a sus cuentas también se ha detenido.

Desafortunadamente, no se trata de un acontecimiento aislado. Desde el año 1980 se han llevado a cabo once bloqueos presupuestarios federales. La gran mayoría con duraciones de unas horas o unos días hasta la llegada de Clinton, que sufrió dos paralizaciones, una de cinco días y la otra de veintiuno. Por su parte, Barack Obama también vivió una suspensión de actividades de dieciséis días. Ahora bien, el récord lo ostenta Donald Trump, con 35 días en los años 2018 y 2019. El de ahora, de momento, ha durado dieciséis días, pero todo apunta a que le quedan algunos más por delante. Por lo tanto, no es un hecho aislado, sino más bien una maniobra política para que los distintos actores del escenario norteamericano alcancen sus intereses. El problema es que, como daño colateral, están cerca de un millar de familias españolas pagando los platos rotos de la inoperancia gubernamental estadounidense.

Un vínculo jurídico complicado: España es un intermediario

Son ciudadanos españoles los que están sufriendo este “apagón”. Están trabajando para una administración extranjera, es cierto, pero en su propio territorio y en un marco de colaboración entre ambos estados. La ansiedad que genera la incertidumbre sobre cuándo cobrarán sus nóminas no es algo a ignorar. De hecho, realmente parece que es el Ministerio de Defensa de España el que actúa como intermediario del pago, pese a que los fondos provengan de Washington según marca el “Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América” publicado en 2015 por el Ministerio de Defensa, que actualiza los acuerdos firmados entre ambos el 1 de diciembre de 1988.

Hasta ahora, en todas estas situaciones, el dinero se ha retribuido de manera retroactiva a los trabajadores, pero esto no soluciona el problema de fondo para muchos de estos hogares que deben subsistir con sus ahorros hasta que esto suceda y en medio de la más absoluta incertidumbre. Es por este motivo por el que los comités empiezan a plantear la creación de un “plan de contingencia” bilateral que les mantenga protegidos ante los vaivenes políticos de Washington. En un comunicado, Diego Lucero (CSIF) ha planteado la idea de que el Ministerio de Defensa español debería defender los intereses de los trabajadores españoles. Lo que plantea que quizás debería ser España la que adelantara estas nóminas hasta que reciba los pagos de la administración estadounidense o incluso se abre la posibilidad de la creación de un fondo donde sea el país norteamericano el que deposite los salarios de varios meses para asegurar los pagos puntuales cuando se paralice el gobierno en Washington.

Una salida compleja

Esto requiere la negociación de España, como Estado, de un plan para proteger a los trabajadores y sus allegados. Sin embargo, está marcado por un punto en el que Washington y Madrid tienen unas relaciones más tensas que nunca. Fundamentalmente por la negativa del Ejecutivo a adherirse al cien por cien al acuerdo de alcanzar el gasto del 5% del PIB en defensa. Estas grietas han llegado a abrirse hasta el punto de que Estados Unidos esté barajando sanciones contra España o incluso su expulsión de la OTAN.

Sea como fuere, esto no es más que un toque de atención claro. La solución parece que no pasa por esperar a que se resuelva la política interna de otra nación para blindar la situación de los hogares vulnerables. Es necesario alcanzar una verdadera corresponsabilidad asegurando que la estabilidad de estos núcleos familiares no esté sujeta a las necesidades de Washington, aunque eso coincide con un momento en el que el Gobierno apunta a ser inoperante en estas materias y cuyo foco está puesto en unas cuestiones más mediáticas, pero menos apremiantes para los ciudadanos del país.