El TC aplaza a octubre el debate del recurso del PP por la amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) no abordará finalmente el próximo día 24 el recurso del PP contra la Ley de Amnistía. Mientras los presentados por las comunidades autónomas gobernadas por los populares y por el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page están pendientes –como adelantó LA RAZÓN– del informe que están elaborando los letrados del tribunal sobre la legitimidad autonómica para recurrir, la admisión del impulsado por el Partido Popular estaba previsto que se debatiera en el Pleno de la próxima semana. Pero no será así. El TC detectó defectos formales en ese recurso e instó al PP a subsanarlos en el plazo de diez días. Y aunque según las fuentes consultadas esas carencias procesales ya han sido enmendadas, fuentes de la corte de garantías explican que ese contratiempo «retrasa el trámite de admisión» y el preceptivo informe sobre su tramitación que deben elaborar los letrados.

Incluso subsanados con urgencia esos defectos formales, puntualizan esas mismas fuentes, «eso no permite señalar el recurso» para el próximo Pleno a la espera de contar con el informe letrado.

De ahí que la decisión sobre ese recurso –que se da por segura, como sucedió con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo– tendrá que esperar a la sesión plenaria que previsiblemente se convocará a partir del próximo 8 de octubre.

«Nuestra intención es abordar los recursos contra la amnistía sin pausas pero sin prisas», señalan, por lo que el señalamiento para la admisión del recurso –cuya solidez jurídica ensalzan en el tribunal– «se realizará en un próximo Pleno de octubre, una vez confeccionado y revisado sin prisas el preceptivo informe de admisión».

Esta imprevista demora acarrea igualmente que el Pleno no se pronunciará por ahora respecto a las recusaciones de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, a quienes el PP quiere apartar (como al exministro Campo, aunque en este caso no habrá debate pues el propio magistrado se ha echado a un lado tras haberse pronunciado en contra de la amnistía en los expedientes de indulto de los condenados del «procés»).

"Prudencia" para evitar errores

Esa decisión es previa a la de la admisión o no del recurso, pues los magistrados recusados ya no participan en esta última. Y en eso, el TC quiere ir con pies de plomo. Ahora mismo, y apartado el exministro de Justicia, la mayoría progresista es exigua: de seis magistrados de esa sensibilidad frente a cinco de corte conservador. Pero esa fotografía puede variar si el Pleno acepta alguna de esas recusaciones (o la anunciada por Carles Puigdemont contra el exvocal del CGPJ José María Macías).

«La cantidad y variedad de los recursos, cuestiones y recusaciones planteadas integran un puzle de muy difícil organización, por lo que tenemos que planificar su resolución con mucha prudencia para evitar algún error», advierten fuentes del TC. De momento, la decisión de acumular las abstenciones de Campo ayudará, admiten, a «clarificar el terreno», evitando así tramitar recusaciones innecesarias (además del PP, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia y los gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Baleares también han recusado a esos tres magistrados).

Con estas premisas, el Pleno del próximo día 24 tendrá que contentarse por ahora con desbrozar la recusaciones en cadena del PP y sus gobiernos autonómicos contra Juan Carlos Campo, que previsiblemente se aceptarán una tras otra. Para la deliberación sobre el intento de los populares de apartar al presidente del TC y a la magistrada Laura Díez –que a diferencia de Campo no tienen intención de abstenerse, al no apreciar razón alguna que comprometa su independencia de criterio al respecto–, habrá que esperar. Y más aún para una decisión sobre la recusación de Macías, puesto que Puigdemont aún no puede recurrir en amparo la negativa del juez Llarena a amnistiarle (debe agotar antes la vía de recursos en el Supremo).

¿Qué pasa con las CC AA?

La decisión sobre la legitimación de las comunidades autónomas pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad –pendiente ahora de un informe de los letrados del TC- es, admiten en el tribunal, «un asunto complejo» que obligará a estudiar «uno a uno» cómo justifican los gobiernos y parlamentos autonómicos la «conexión material» de la Ley de Amnistía con alguna de sus competencias. Habrá, anticipan, que escudriñar en la doctrina de la corte de garantías «en estos cuarenta años» y «no solo estudiar una sentencia concreta». Habrá que hilar fino, aseguran fuentes del TC, en la medida en lo que resuelvan los magistrados «no afecta solo a este caso, sino a toda nuestra jurisprudencia futura». «Llevará su tiempo», avisan esas mismas fuentes.