Asesinato del juez Querol: un etarra reclama al juez Pedraz que cierre ya la investigación

Uno de los etarras investigados por el asesinato del juez Querol, Oier Goitia, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cierre ya la investigación sin esperar a que Francia autorice la actuación judicial contra cuatro de los imputados, que no fueron entregados a nuestro país por esta causa.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de del citado tribunal, el supuesto exintegrante del "comando Buruhauste" de ETA -que ya se opuso a la prórroga de la instrucción el pasado julio- argumenta que todos los testigos pendientes de declarar ya lo han hecho, por lo que solo está pendiente que se resuelva la solicitud de ampliación de entrega respecto al exjefe "militar" de ETA Javier García Gaztelu, "Txapote", a sus sucesores al frente de los "comandos" Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi y a Juan Luis Rubenach, que perteneció al "comando Buruhauste".

Pero según pone de manifiesto la defensa de Goitia en esas alegaciones -a las que ha tenido acceso LA RAZÓN-, que este último trámite pendiente "no es, en puridad, una diligencia de instrucción" dado que "ya se ha tomado declaración a todos los investigados para los que se ha pedido dicha ampliación", por lo que entiende que no es necesario esperar a la respuesta de Francia "para la continuidad del procedimiento".

Su abogada, Amaia Izco, señala que si Francia no autoriza la entrega se deberá producir "el archivo del procedimiento" respecto a esa persona "en el momento en que se encontrara y hasta su puesta en libertad" y si no se produce una respuesta en uno u otro sentido eso "solo sería un obstáculo para la celebración del juicio", como ya ha determinado en otras ocasiones la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero no para que la causa se siga tramitando hasta entonces.

"No quedan diligencias de investigación"

"Es claro que no quedan diligencias de investigación pendientes de realizar y, por lo tanto, no procede la prórroga de la instrucción", concluye, instando al juez Pedraz a pronunciarse sobre "la continuación o no del procedimiento para las personas investigadas y la conclusión del sumario".

En el atentado contra el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, cometido el 30 de octubre de 2000, ETA también asesinó a su escolta y a su chófer, así como a un conductor de autobús de la EMT. Además de Oier Goitia y los cuatro etarras respecto a los que el juez espera autorización de Francia, están investigados también Ana Belén Egüés, Gorka Palacios e Iván Apaolaza.

En julio del pasado año, la defensa de Oier Goitia esgrimió que la prórroga no era necesaria "para completar la instrucción" y se quejó que prolongarla era "perjudicial" para los etarras encausados por la "dilación excesiva" que supondría la medida.

Goitia es el único de los etarras imputados por este atentado que se encuentra en libertad (en 2020 cumplió su condena por depósito de explosivos). En marzo del año pasado, en su declaración judicial admitió que formó parte de ETA, tras ser captado cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona. Según explicó, colaboró con ETA entre marzo y diciembre de 2000 y gestionó el piso franco del "comando Buruhauste" en Salamanca, con el que se relacionaba a través de Rubenach. No obstante, negó que formara parte del "comando" y afirmó desconocer los planes para atentar contra Querol, insistiendo en que nunca vio explosivos en la vivienda.

Fiscalía, Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y la acusación que ejerce la hija de Querol pidieron al juez Pedraz tras esa declaración que retirase el pasaporte a Goitia y le prohibiese salir de España, obligándole a comparecer en el juzgado de forma periódica para evitar el riesgo de fuga. Pero el magistrado -que admitió en diciembre de 2021 una querella de DyJ contra diez exdirigentes de ETA por este atentado- solo le instó a facilitar un domicilio y un número de teléfono para estar localizado.

Un mapa con huellas de etarras

La Gendarmería francesa se incautó en un piso franco de ETA en Merignac de un plano de Madrid con anotaciones de posibles objetivos del "comando Buruhauste", entre los que figuraba el atentado contra Querol. En ese mapa los agentes hallaron cuatro huellas dactilares de Aitzol Iriondo y otras dos del etarra Joseba Troitiño. En total, en el piso (que ETA utilizó hasta junio de 2008) se localizaron 89 huellas de las que pudieron identificarse 37.

Según la investigación, fueron Ana Belén Egües, Gorka Palacios, Ivan Apaolaza y Rubenach quienes elaboraron "la información necesaria para cometer el atentado", como atestiguan los testimonios vecinales. Incluso fueron sorprendidos en un bar cercano al domicilio de Querol, con el que "entablaron conversación en el interior del local". Oier Goitia habría sido el etarra que se hizo cargo del piso de Salamanca desde febrero de 2000. La misma hija del magistrado, Amelia Querol, identificó a la etarra Egües como la mujer que vio en las inmediaciones del domicilio de su padre semanas antes del atentado, por lo que ahora ha pedido al instructor tener la oportunidad de identificarla en una rueda de reconocimiento fotográfica.

La dirección de ETA -en la que figuraba "Txapote" como responsable "militar"- hizo llegar al "comando Buruhauste", dos entregas de material 320 kilos de dinamita entre noviembre de 1999 y septiembre de 2000.

Pedraz mantiene que "Txapote" ordenó al "comando Erezuma" robar una troqueladora para confeccionar las placas de matrículas falsas, facilitándole información sobre dos empresas de Eibar y Mondragón. El objetivo era preparar "un gran atentado terrorista que rompería la tregua". ETA necesitaba esas matrículas falsas porque los terroristas debían "recorrer España" para trasladar los explosivos a Salamanca sin levantar sospechas.