Terrorismo

El juez amplía hasta febrero de 2024 la investigación por el asesinato del juez Querol

Pedraz justifica la medida en que hay declaraciones de testigos pendientes y en la petición de autorización a Francia para procesar a cuatro exjefes de ETA

Al menos treinta personas han resultado heridas leves y otras tres graves tras la explosión de un coche en la avenida de Badajoz de Madrid, en el que además han fallecido calcinados el magistrado del Supremo Francisco Querol, su chófer y su guardaespaldas.
Agentes inspeccionan el lugar del atentado con coche bomba contra el magistrado José Francisco Querol en 2000LUIS ALVAREZAgencia EFE

La investigación por el asesinato del juez del Tribunal Supremo José Francisco Querol en el año 2000 -un atentado con coche bomba en el que también murieron su chófer y escolta y un conductor de autobús- seguirá al menos hasta el 10 de febrero de 2024. Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN justifica su decisión en que "la causa está pendiente de la práctica de nuevas testificales" y a la espera también de la respuesta de Francia a la petición de autorización realizada por el instructor el pasado abril para poder procesar a cuatro de los ocho etarras investigados: Javier García Gaztelu, "Txapote"; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica y Juan Luis Rubenach.

Todas estas diligencias, concluye Pedraz, "hacen precisa la prórroga de la investigación", tal y como había solicitado las acusaciones -además de la Fiscalía, Asociación Victimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y Amelia Querol,la hija del magistrado asesinado-. Tal y como informó este periódico, la defensa de uno de los etarras investigados, Oier Goitia, supuesto exintegrante del "comando Buru Hauste" (al que se atribuye el atentado), se opuso a la prórroga al entender que prolongar la instrucción y dilatar la causa "perjudica" a los imputados. En esta causa están también investigados Ana Belén Egüés, Gorka Palacios e Iván Apaolaza.

En la resolución en la que acuerda amplias hasta febrero del próximo año los márgenes de la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional recuerda cómo se produjeron los hechos. Así, relata que minutos antes de la 9:15 horas del 30 de octubre de 2000, el chófer del magistrado, Armando Medina, junto al escolta de Quero, el policía Jesús Escudero, llegaron a un bar de la madrileña avenida de Badajoz donde desayunaron tras aparcar el coche oficial (un Renault Megane) que utilizaba el juez del Supremo en sus desplazamientos.

El coche oficial "salta por encima del autobús"

De nuevo en el coche, se dirigen a la calle Torrelaguna en la única dirección posible hasta que, al final de la calle toman la dirección contraria por el carril bus, parando a la altura del número 65. Una vez allí, Querol se sube al vehículo, que prosigue su marcha por el carril bus hasta que gira a la derecha para tomar de nuevo la avenida de Badajoz.

"Al doblar la esquina, estalla un vehículo bomba que se encontraba estacionado a la altura del paso de cebra de la esquina de ambas calles". El vehículo oficial en el que viajaban Querol, su escolta y su chófer "recibe toda la explosión e impacta contra un autobús que circulaba a su altura en ese momento". A consecuencia del tremendo impacto, el vehículo oficial "salta por encima del autobús", cuyo conductor, Jesús Sánchez Martínez, fallece, cayendo boca abajo el coche en la acera. Todos los ocupantes del vehículo oficial mueren a consecuencia de la explosión.

El coche bomba, un Renault-19 de color rojo, había sido robado en Madrid el 17 de agosto de ese mismo año, aunque los terroristas le habían colocado una matrícula falsa para despistar a la Policía. El atentado fue reivindicado por un comunicante anónimo en nombre de ETA, según informó el diario Gara el 15 de noviembre de 2001.

Pedraz -que admitió a trámite una querella de Dignidad y Justicia contra exjefes de ETA por estos hechos- constata que fue el "comando Buru Hauste" el responsable de la acción terrorista, que atribuye "de manera específica" a tres de los investigados que habrían participado "de manera directa": Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios.

La defensa de Oier Goitia se opuso a la prórroga porque en su opinión "no resulta necesaria para completar la instrucción" y es "perjudicial para los encausados por la dilación excesiva" que supone "dado el estado del procedimiento".

Un etarra se opuso

Su defensa argumentó que la investigación se centra en "unos hechos ocurridos hace 20 años" y recordó que "ya se ha tomado declaración como investigados a todas las personas que se ha considerado pertinente", habiendo solicitado las partes "la práctica de todas las diligencias de prueba que han estimado convenientes, habiéndose acordado las mismas por el juzgado". Que el resultado de algunas de ellas esté todavía pendiente, afirmaba, "no justifica una nueva prórroga", por lo que instaba al juez a "la pronta conclusión del sumario".

El asesinato de Querol es uno de los 379 crímenes de ETA que siguen sin resolverse. La atribución del atentado al "comando Buru Hauste" se vio reforzada con el hallazgo en una vivienda de Merignac (Francia) -que ETA utilizó hasta junio de 2008- de un mapa de Madrid marcado con objetivos del "comando". Los agentes hallaron 89 huellas de las pudieron identificarse 37.

Entre esos objetivos -cinco atentados cometidos entre agosto de 2000 y noviembre de 2001- figuraba el de Querol-. En el plano se identificaron cuatro huellas dactilares del ex jefe "militar" de ETA Aitzol Iriondo y dos más del etarra Joseba Troitiño, condenado por la campaña de atentados en la costa levantina en el verano de 2003. Ambos se encuentran en la actualidad en prisión (Iriondo en la cárcel francesa de Lannemezan).