El asesinato del juez Querol lleva de nuevo ante el juez a "Txapote"

Javier García Gaztelu, «Txapote», exjefe «militar» de ETA y condenado, entre otros, por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, tendrá que volver a rendir cuentas esta semana ante la Justicia, en este caso en relación a su supuesta responsabilidad en el atentado con coche bomba que, el 30 de octubre de 2000, terminó en Madrid con la vida del magistrado de la Sala Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol, una acción criminal en la que también fueron asesinados su chófer y su escolta –Armando Medina y Jesús Escudero, respectivamente– y un conductor de autobús de la EMT, Jesús Sánchez.

Además del sanguinario etarra, otros tres ex dirigentes de ETA –Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica y Gorka Palacios, que como él fueron responsables del «aparato militar»– también han sido citados a declarar como imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien –tras admitir en diciembre de 2021 una querella de Dignidad y Justicia (DyJ)– investiga la presunta responsabilidad de la entonces cúpula etarra en la decisión de asesinar a Querol.

Entre mañana y pasado comparecerán asimismo Ana Belén Egüés, Juan Luis Rubenach, Iván Apaolaza y Oier Goitia (el único que se encuentra en libertad), quienes junto al propio Gorka Palacios formaban supuestamente parte del «comando Buruhauste», al que se atribuye el atentado (la AVT reclamó al juez el procesamiento de todos ellos). Las declaraciones se llevarán a cabo por videoconferencia, desde la cárcel de Álava salvo en el caso de Goitia (que salió de prisión en junio de 2020 tras cumplir su condena), que está citado en los juzgados de San Sebastián.

Previsiblemente, la mayoría de los investigados guardarán silencio y se acogerán a su derecho a no declarar o esgrimirán, como ya han hecho varios exdirigentes etarras en otras causas contra la cúpula de la banda terrorista, que ya han sido condenados en Francia por su pertenencia a ETA o que el país vecino no autorizó su entrega a España para ser investigados por estos hechos.

[[H3:ETA actualizó su base de datos: «Zendu» (muerto)]]

La Guardia Civil apunta en su informe que el nombre y los datos de Querol «aparecían en una base de datos sobre potenciales objetivos de ETA» (DGZ o Data Gune Zentrala -Base Central de Datos) que la Policía francesa intervino al exdirigente de la organización terrorista Francisco Javier López Peña, «Thierry», cuando fue detenido en Burdeos en mayo de 2008. Tras el asesinato del magistrado de la Sala Militar del Tribunal Supremo, los etarras actualizaron su ficha añadiendo las palabras «ekintza» (acción terrorista) y «zendu» (muerto).

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Pedraz quiere acreditar si –como aseguró la etarra Egüés en su declaración policial tras ser detenida y en su «cantada» poniendo al corriente a la dirección de ETA–, los integrantes del «comando Buruhauste» (una de las denominaciones del «comando Madrid») se reunieron en Francia con la cúpula de la organización terrorista antes del atentado contra el juez Querol. Y es que, según expuso la Guardia Civil en un informe, unos días antes del atentado miembros del «comando» se reunieron con un «enlace» de la cúpula etarra que les ordenó trasladarse a la localidad francesa de Argelès-sur-Mer. Allí se habrían visto con dirigentes de ETA (supuestamente «Txapote», Olarra Guridi y Ainhoa Múgica) para «comentar los diversos acontecimientos de su campaña en Madrid», según el Instituto Armado, para el que resulta «altamente probable que uno de los temas a tratar fuese el atentado» contra Querol.

Cita con la cúpula en Francia

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional trata ahora de determinar si quienes eran los máximos responsables del «comando Buruhauste» en Francia –«Txapote», Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, que sustituirían al primero al frente del «aparato militar» tras su detención en febrero de 2001– dieron las instrucciones sobre el «diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización» del atentado, tal y como mantiene la Guardia Civil.

Según las conclusiones de ese informe, fue la Zuba o comité de dirección de ETA la que señaló a los terroristas los lugares donde ubicar sus «bases de operaciones», facilitándoles además «dinero, material terrorista e informaciones sobre políticos y militares al objeto de materializar su actividad terrorista en la capital de España».

Se trata, por tanto, de esclarecer si se puede atribuir responsabilidad penal por autoría mediata por la posición de dominio que ostentaban en ETA, que según defiende en la querella el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias, les habría permitido evitar la comisión del atentado incluso en el caso de que la orden directa no hubiese partido de la cúpula).

La Guardia Civil detalló a Pedraz que ocho exjefes (de los once contra los que se querelló Dignidad y Justicia) formaban parte de la Zuba cuando se cometió el atentado: Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Vicente Goicoechea, «Willy»; María Soledad Iparraguirre, «Anboto» ; Asier Oyarzábal, «Baltza»; Ramón Sagarzazu; y los ex responsables del «aparato militar» Javier García Gaztelu, «Txapote», Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica. En cuanto a Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», matizaba que fue detenido en septiembre de 2000, un mes antes del atentado.