Pactos de investidura
La Audiencia Nacional respalda al Supremo y reclama "absoluto respeto" a la división de poderes
La Sala de Gobierno asegura que la "fiscalización" de la labor jurisdiccional es "incompatible" con la necesidad de garantizar la independencia judicial
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se ha alineado con el Tribunal Supremo (TS) en la respuesta judicial al pacto entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Con un voto en contra, el del presidente de la Sala de lo Social, José Pablo Aramendi, el órgano de gobierno interno del tribunal ha aprobado una declaración institucional en la que acuerda "hacer suyo el comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo" del pasado día 13 en defensa de la división de poderes y de la independencia judicial tras las referencias al "lawfare" (la utilización espuria de la Justicia con fines políticos que denuncia el independentismo) en el acuerdo entre los socialistas y la formación de Carles Puigdemont.
La Sala de Gobierno, con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al frente, recuerda que el Estado de derecho "en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes".
Además, defiende que el ejercicio de la función jurisdiccional "se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".
Un juez no ve amenazada la independencia judicial
En último término, enfatiza la necesidad de "preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones" y deja claro que "incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", en referencia al control que se pueda ejercer desde comisiones de investigación parlamentaria de la actuación judicial en la aplicación de la ley de amnistía.
El presidente de la Sala de lo Social se ha posicionado en contra del pronunciamiento al considerar que la Sala de Gobierno no debía realizar pronunciamiento alguno "por la inexistencia de hechos o actuaciones concretas que hayan violentado efectivamente la independencia de jueces y tribunales, y más en concreto la de los que integramos la Audiencia Nacional". Además, Aramendi consideraba inoportuna la declaración institucional "atendiendo al contexto en el que se va a emitir", en plena celebración del Pleno de investidura en el Congreso de los Diputados.
Finalmente, la declaración la respaldan los otros seis magistrados que integran la Sala de Gobierno: el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, Eduardo Menéndez, Manuel Fernández-Lomana, Ana Isabel Martín Valero, Ana María Sangüesa y María Jesús Fraile.
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