La Audiencia Nacional seguirá investigando «Pegasus» a falta de un informe del CNI

La Audiencia Nacional (AN) continuará con el «caso Pegasus» tras prolongar seis meses más la investigación del espionaje con el «software» israelí en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y tres de sus ministros, a la espera de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le haga llegar un informe sobre la infección informática.

El magistrado José Luis Calama volvió a abrir el pasado mes de abril la causa a raíz de la aparición de nuevos datos sobre el espionaje que fueron facilitados por las autoridades de Francia.

Había decretado casi un año antes, en julio de 2023, su sobreseimiento provisional debido a la nula cooperación mostrada por las autoridades judiciales de Israel, país donde radica la empresa Grupo NSO que desarrolló y comercializa el programa.

En base a las novedades que le hicieron llegar y con el fin de «dar cumplimiento a la petición de las autoridades francesas», encargó a finales de junio al CNI la elaboración de un informe pericial para comparar los datos que la investigación vecina y la de nuestro país del Centro Criptológico Nacional han logrado, respectivamente, recabar sobre la ofensiva cibernética que comprometió, además del teléfono de Sánchez, los de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.

El fin de estas diligencias sigue siendo el mismo: determinar la autoría utilizando ahora las pistas procedentes de la investigación que allí se emprendió en torno a las intervenciones que se detectaron en móviles de periodistas y políticos galos.

Los conocidos como «indicadores de compromiso», que es lo que remitió Francia a la Justicia española, son toda una serie de datos que son capaces de señalar que un dispositivo ha sido objeto de un acceso externo no autorizado.

Incluyen, normalmente, direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y del comportamiento anómalo de los usuarios, según detalla el instructor del «caso Pegasus».

Como la documentación aún no ha sido remitida por los servicios de inteligencia a la AN, el juez ha resuelto extender el procedimiento al menos durante medio año más, ante el «carácter complejo de los hechos investigados y de las diligencias de investigación acordadas», que aún no han sido ejecutados, y a la espera de «su resultado», tal y como figura en el auto.

El magistrado Calama aduce, de igual forma, que de no culminar esta diligencia en concreto podría «comprometerse» el que acaben siendo aclaradas «las circunstancias y los partícipes» en unos hechos investigados por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y que, como el propio juez admitió, pusieron «en jaque la propia seguridad del Estado» español.

El siguiente paso será intercambiar con las autoridades galas las conclusiones de la comparativa de la inteligencia española y que las primeras faciliten la información que la sociedad propietaria del «software» les entregó sobre el proceso de control interno que tiene «Pegasus».

Las pesquisas realizadas por la Audiencia Nacional –previas al archivo que después se levantó– evidenciaron que el dispositivo móvil de Pedro Sánchez fue objeto de «Pegasus» hasta en cinco ocasiones distintas en un periodo que va de octubre de 2020 a diciembre de 2021.

Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 se filtraron 2,57 GB de información y ,en otra ocasión, que se fechó el 31 de mayo, se llevaron 130 MB.

El móvil de Robles por su parte, fue víctima de «Pegasus» cuatro veces diferentes entre mayo y octubre de 2021. El de Grande-Marlaska, por su parte, fue infectado los días 2 y 7 de junio también de 2021.

Por último, trataron de espiar el teléfono de Luis Planas en junio de 2021 con un ataque que no logró su propósito –gracias a una aplicación de protección– que dejó los datos comprometidos en menos de un 1 KB.