Bolaños reitera su defensa a los jueces pero sin dar pasos concretos

El ministro de Justicia se encuentra en una encrucijada: por una parte, intenta apaciguar el malestar reinante en la judicatura y no deja de repetir en actos públicos que siempre defenderá la independencia y honorabilidad de jueces y fiscales. Pero por otra, no va más allá de las declaraciones, no pasa a la acción ni adopta medidas concretas y eso es, precisamente, lo que echan en falta en el Poder Judicial: que se quede solo en palabras. Según fuentes judiciales, el problema es que no quiere tensionar a los socios de Gobierno, los independentistas.

Ayer, volvió a declarar su respaldo a las decisiones de jueces. Lo hizo en la ceremonia de entrega de despachos a la 61ª promoción de fiscales, un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

«El Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de la Justicia» de «cualquier cuestionamiento, venga de donde venga», señaló, a la vez que recordaba que este tipo de declaraciones las ha tenido que repetir en varias ocasiones durante los últimos días. Entonces, subrayó: «En democracia, el campo de juego son las instituciones y todos debemos mantener esa lealtad a nuestro sistema democrático». Y enfatizó: «Todos».

Pero nada más. Desde el Ejecutivo no se ha adoptado ninguna otra medida ni se ha aludido de forma directa a los dichos de Noguera. Fuentes jurídicas indican a este periódico que lo importante son los hechos y que quieren saber qué quiere decir el ministro cuando asegura que «defiende» al Poder Judicial. Piden hechos, actuaciones, porque el ataque ha sido de alto calibre, de un Poder del Estado a otro. Se han traspasado fronteras que en una democracia asentada no se deberían cruzar, aseguran. Las palabras, sostienen, se quedan cortas.

En la entrega de despachos también intervino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con un discurso en el que prevaleció un tono neutro y muy constitucionalista. «Fuera de la ley, fuera de las instituciones no hay nada», aseguró, a la vez que insistía en que «por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas, por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es la mejor forma posible de convivencia, como así ha sido desde hace más de 45 años», en alusión al aniversario de la Carta Magna aprobada en 1978.

Algunos magistrados esperaban que la Fiscalía General del Estado tomara cartas en el asunto respecto de las declaraciones de la parlamentaria de Junts y lamentan que no haya adoptado medidas frente al grueso de las palabras utilizadas y, sobre todo, porque se produjeron en el Congreso.

Habrá reunión

Si hablamos de hechos concretos, una de las consecuencias inmediatas que tuvieron las descalificaciones del independentismo fue la cancelación de la reunión que el ministro Bolaños había agendado con el presidente del TS, Francisco Marín Castán, que se iba a celebrar el miércoles 13 de diciembre. Tras conocerse la anulación, el ministro le llamó por teléfono. Y después, hubo un lío de fechas. Por una parte, trascendió que habían quedado de encontrarse hoy martes 19 de diciembre, pero después hubo otra versión: que por problemas de agenda de Bolaños no podría celebrarse. El encuentro volvía a quedar en el aire. Fuentes del Supremo confirmaron a este periódico que en ningún momento plantearon el martes como posible fecha para la reunión.

Después del lío con la agenda, ayer por la tarde hubo acuerdo y se confirmó que ambos se verán el jueves 21 de diciembre por la tarde. Una reunión que estará condicionada por la tensión y por el sentimiento de agravio que reina entre jueces y fiscales por la seguidilla de ataques de los que han sido objeto en las últimas semanas, marcadas por señalamientos, acusaciones de «lawfare» y por las comisiones de investigación que ya se han aprobado en el Congreso y que pretenden revisar las decisiones judiciales de determinados procesos. Son parte de las demandas de los socios de Gobierno para dar los apoyos que necesitaba Pedro Sánchez para dar luz verde a su investidura.

Tal como están las cosas, no parece tarea fácil que se restablezca la confianza, justo en un momento en el que se busca renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace cinco años, aunque nada apunta a que esto sea posible.