Comisión Europea

Bruselas insiste en que todavía “tiene preguntas” sobre la ley de amnistía tras la reunión con Bolaños

El análisis final de la Comisión se producirá tras la aprobación del texto definitivo por parte del Parlamento

 La Comisión Europea ha vuelto a desmentir al ministro de presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que aseguró la semana pasada que el Ejecutivo comunitario tenía “cero preocupación” sobre la ley de amnistía y sus consecuencias para la separación de poderes y la salud del Estado de Derecho en España.

Según ha asegurado este lunes el comisario de Justicia, Didier Reynders, que se entrevistó el pasado jueves con el ministro español en la capital comunitaria, el Ejecutivo comunitario todavía “tiene preguntas” sobre esta ley, si bien el análisis definitivo por parte de Bruselas tendrá que esperar a que la normativa haya sido aprobada, lo que según el propio Bolaños ha asegurado a Reynders tendrá lugar en el primer trimestre de 2024.

“Por supuesto que tenemos preguntas”, ha asegurado el comisario a las preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión de los ministros de Justicia de la Unión Europea. A pesar de estas versiones contrapuestas de la cita que tuvo lugar la semana pasada, el comisario belga sigue alabando la capacidad de interlocución del Gobierno de Pedro Sánchez. “Tuve una muy buena reunión para confirmar que organizaremos un diálogo muy bueno durante todo el proceso”, ha explicado Reynders, quien también ha asegurado estar “muy agradecido de tener un buen diálogo, que consiste en algunas preguntas que queremos hacer a las autoridades españolas y recibiremos, seguro, muchas respuestas a eso”. A pesar de la insistencia de de los periodistas, el comisario no ha querido desvelar cuáles son esas preguntas y qué aspectos de la ley pueden ser especialmente inquietantes a ojos de Bruselas. En todo caso, el comisario ha querido rebajar tensiones ante de una reunión presidida por la presidencia española y por ende, por el propio Bolaños que también se encuentra en la capital comunitaria. “No tenemos el mismo tiempo en España y en Bruselas, pero al final tenemos la misma posición: queremos tener un buen diálogo”, ha justificado Reynder.

Bolaños realizó esta declaraciones el jueves en la capital comunitaria tras haber mantenido sendas reuniones con el comisario de Justicia y la vicepresidenta de Valores y Transparencia Vera Jourová. Después, tras ser preguntado fuera de micrófono si estas palabras por parte de los cargos comunitarios habían sido textuales, reconoció que se trataba de una interpretación suya tras haberse entrevistado con los dos comisarios. Tras ser desmentido el pasado viernes por los portavoces de la Comisión Europea, volvió a mantener su versión inicial sobre la “cero” inquietud por parte de Bruselas. Según el ministro, durante las dos reuniones con los cargos comunitarios, la mayor parte del tiempo estuvo dedicado a analizar el bloqueo del Consejo de Gobierno del Poder Judicial, una parálisis que cumple cinco años este lunes y a la que Bolaños ha culpado de manera exclusiva al Partido popular, al que también ha acusado de jugar “con el buen nombre de España para hacer política”.

Según el ministro de presidencia, la Comisión Europea le mostró una “preocupación máxima” por este tema, ya que afecta a la normalidad institucional y al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial.

Estas palabras del ministro contrastan con el discurso pronunciado por Reynders en el Parlamento Europeo de Estrasburgo en el mes de noviembre el que, si bien evitó pronunciarse sobre si la nueva ley española contraviene la legislación europea, sí aseguró que el Ejecutivo comunitario realizaría un análisis “ con detenimiento, de forma independiente y objetivo”.

Después de que la Comisión Europea pidiera en una carta información detallada a nuestro país antes de que el texto viera la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez envió la proposición de ley el pasado 14 de noviembre que comenzó ser estudiada por los técnicos comunitarios. Tras ser anunciado el nuevo Gobierno, Bolaños llamó por teléfono a Reynders y Jourová, para explicarles que la ley de amnistía es una asunto de política española y que no se está poniendo en entredicho el respeto al Estado de Derecho.

Posteriormente, la Comisión Europea tuvo que salir al paso de las informaciones que apuntaban a una evaluación preliminar a favor de la nueva normativa. En todo caso, ahora Bruselas está estudiando si en el articulado de esta normativa existe algún elemento que ponga en cuestión los intereses financieros de la Unión Europea y el respeto al Estado de derecho. Las instituciones comunitarias se han dotado de un mecanismo sobre el Estado de derecho que condiciona el desembolso de los fondos europeos a que no se pongan en cuestión los intereses económicos de la Unión, lo que ha llevado a castigar a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria con la congelación de ayudas europeas. El artículo 2 del borrador de la ley de amnistía remitido al Congreso hace una mención expresa a que no se ponen en peligro estos intereses financieros y ahora Bruselas debe estudiar si esta promesa es cierta.

Además, la Comisión Europea también está examinando si la ley de amnistía abarca los denominados casos de “lawfare”, lo que se entiende como la utilización espuria de los mecanismos de la justicia para la cacería política. Aunque en el acuerdo político entre Socialistas y Junts abre la puerta a que las comisiones parlamentarias puedan examinar este tema, lo que podría poner en cuestión la separación de poderes, la ley de amnistía tan sólo se refiere a los actos que están vinculados de manera directa o indirecta al proceso independentista y no se menciona de manera expresa el “lawfare”. En el Parlamento Europeo, Reynders aseguró que la Comisión Europea analizará también los pactos del Gobierno con el resto de las formaciones. En su rueda de prensa del pasado jueves, Bolaños descartó que estas comisiones parlamentarias vayan a afectar a los procedimientos judiciales y aseguró que cualquier actividad delictiva que se ponga de manifiesto durante estas investigaciones parlamentarias se denunciará ante la Fiscalía, tal y como sucede con otro tipo de comisiones parlamentarias.