El Ejecutivo comunitario ha propuesto este martes intensificar la lucha contra la corrupción en los Veintisiete, de forma que los castigos por estos delitos estén armonizados en el seno del club comunitario y puedan establecerse penas máximas de obligado cumplimiento en todos los países europeos.

La Comisión Europea quiere que, a partir de ahora, sea mucho más fácil la persecución de los delitos transfronterizos y que los delincuentes no pueden escaquearse a la hora de ser juzgados, debido a la disparidad de penas entre unos países y otros. Con esta reforma, la Comisión Europea pretende que los sobornos en el sector público y la obstrucción a la justicia sean castigados con una pena máxima como mínimo de 6 años de cárcel; los sobornos en el sector privado, la malversación, el tráfico de influencias y el abuso de funciones tengan una pena máxima como mínimo de 5 años y el enriquecimiento derivado de la corrupción esté castigado con 4.

Si sale adelante esta reforma en los términos que plantea la Comisión Europea ( ahora debe ser negociada con las capitales y el Parlamento Europeo) esto obligará a cambiar nuevamente el delito de malversación en nuestro país. Actualmente el Código Penal español contempla en ciertos casos penas de 1 a 4 años, lo que afecta a los dirigentes catalanes que convocaron el referéndum independentista de octubre de 2017. El texto desvelado por la Comisión Europea define la malversación como “la comisión, el desembolso, la apropiación o la utilización por un funcionario público de bienes cuya gestión le haya sido confiada directa o indirectamente en contra de la finalidad para los que fueron destinados”. Una definición que parece encontrar acomodo en el caso de los políticos independentistas. Hasta el momento, Bruselas no se había pronunciado sobre la rebaja en el delito, debido precisamente a la escasa armonización de la normativa europea en este terreno, aunque la Comisión Europea sí declaró estar analizando si estos cambios podían poner en peligro la ejecución de los fondos europeos y los intereses financieros de la Unión.

A su vez, Bruselas también quiere establecer que determinadas categorías como político, alto funcionario, policía o trabajador de justicia sea una circunstancia agravante a la hora de establecer las condenas así como si estas acciones han tenido como objetivo beneficiar a un país tercero. Un tema de plena actualidad en la burbuja comunitario debido al escándalo conocido como "Qatargate", por el que supuestamente varios eurodiputados europeos y asistentes están acusados de haber blanqueado la imagen de Qatar y Marruecos a cambio de sobornos. La cooperación con la justicia será considerada atenuante a la hora de fijar el castigo.

Las diferencias son muchas. Actualmente, hay hasta 17 países europeos que no contemplan en sus ordenamientos jurídicos nacionales el delito de enriquecimiento ilícito y la apropiación indebida está castigada con tres meses en el caso de España mientras que en otros países, como Grecia, llega hasta los 15 años.

Esta nueva legislación quiere poner coto a la corrupción a la luz de las preocupantes cifras de las encuestas. El 70% de los europeos creen que la corrupción está extendida en su país, un dato que en el caso de los españoles asciende al 89%.

Además, la Comisión Europea no quiere tan sólo luchar contra esta lacra dentro de las fronteras europeas. La Comisión Europea creará una lista negra para sancionar a corruptos extranjeros –tanto personas físicas como entidades jurídicas– que sufrirán el veto de entrada y la congelación de activos en suelo europeo siempre y cuando estos delitos puedan perjudicar a la política de seguridad de la Unión. Esto permitirá castigar a los sancionados sin tener que apuntar a su país de origen.