El "caso Begoña" apunta ya a tres hombres fuertes de Sánchez

El caso "Begoña Gómez" comenzó hace más de un año para indagar en un supuesto trato de favor de la mujer del presidente del Gobierno para que el empresario Juan Carlos Barrabés, con el que mantenía relaciones profesionales, recibiese subvenciones públicas millonarias para su grupo de empresas. Trece meses después, la causa se extiende a las actuaciones de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez llegara a Moncloa y, muy especialmente, a las gestiones que realizó para ella una asesora de Presidencia.

En esta línea va la última decisión del instructor, Juan Carlos Peinado, que este martes imputó a Francisco Martín Aguirre, hombre de Sánchez en el territorio de Isabel Díaz Ayuso como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero el motivo de su citación como investigado reside en su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno, ya que era "superior jerárquico" de Cristina Álvarez, la asesora que realizó para Gómez más de una gestión de su vida profesional.

Tras estimar parcialmente la querella presentada contra él por Vox, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le atribuye un presunto delito de malversación de caudales públicos porque era el jefe de Cristina Álvarez como alto cargo de Moncloa, cuando se dedicaba a "funciones privadas" para la esposa Sánchez "con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".

El foco, en Presidencia

Martín Aguirre ejerció como máximo responsable de la secretaría general de la Presidencia entre julio de 2021 y marzo de 2023, y de este órgano dependía Álvarez. A la vez, de este periodo datan algunos de los "mails" obrantes en el sumario, en los que se constata que Álvarez, cobrando un sueldo "de fondos de naturaleza pública", ejercía para Begoña Gómez de interlocutora con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en asuntos de la cátedra y hasta con una empresa privada, Reale Seguros, a la que trasladó el interés de la mujer del jefe del Ejecutivo en que siguiesen patrocinándola. En otro correo, incluso, se evidencia que se presentaba ante trabajadores de la universidad como "colaboradora"» de la cátedra extraordinaria.

Con esta última decisión, Peinado estrecha el cerco sobre Moncloa. Esto es así porque Francisco Martín es otro de los hombres cercanos a Pedro Sánchez. Con todo, no es el primer "delfín" del presidente del Gobierno que sale perjudicado por esta rama de la investigación. Las pesquisas que tratan de esclarecer si se cometió delito al emplear a esta asesora para fines personales han provocado también la comparecencia en el proceso como testigo de Félix Bolaños, hombre fuerte de Sánchez en el Gobierno, que se ocupa de hasta tres carteras ministeriales.

En su comparecencia, que se produjo a puerta cerrada en Moncloa, Bolaños se desligó de la contratación de Álvarez. El juez le citó por su pasado como secretario general de Presidencia puesto que bajo su mandato, en concreto en el verano de 2018, se nombró a Álvarez para este cargo público. El actual ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes se desligó de cualquier responsabilidad en los hechos y, tras salir del interrogatorio para hacer unas llamadas, señaló a Raúl Díaz Silva, coordinador del personal del Palacio de la Moncloa. Las palabras del ministro del Justicia propiciaron su citación como testigo el mismo 14 de mayo en que tendrá que acudir, aunque, como imputado, Martín Aguirre.

Martín y el crowdfunding de Sánchez

Sin embargo, ambos tienen en común que son personas muy cercanas al presidente del Gobierno. A Díaz Silva, de hecho, se le sitúa en la camarilla del líder de Ferraz desde su llegada a la presidencia, mientras que, en lo que respecta al actual delegado de Gobierno en Madrid, la cercanía es tal que incluso le financió su campaña en 2018 para recuperar la secretaría general del PSOE.

En concreto, se impulsó un 'crowdfunding' a través de la Asociación 'Bancal de Rosas', de la que era presidente Martín. En su cuenta de la red social X se presentan como una asociación "disuelta, pero sembrada". En la misma especifican que apoyaron la candidatura de Sánchez. No obstante, Martín se vio obligado a comparecer en una comisión de investigación sobre partidos políticos del Senado.

En su declaración, que tuvo lugar el 9 de marzo de 2018, aseguró que esta asociación, que tuvo una vida fugaz, se creó en 2017 para promover "la participación activa de la militancia en el relevo de la dirección del Partido Socialista" de cara a las primarias convocadas tras el Comité Federal de 2017. Preguntado, concretamente, por la acusación, entonces de la gestora del PSOE, sobre la presunta financiación ilegal de la campaña de Sánchez, el ahora imputado reivindicó la "transparencia" con la que recaudaron los fondos, pero admitió que hubo alguna "laguna legal" en el proceso.

Tras financiar la campaña de Sánchez, Martín fue escalando en política desde Paradores hasta la Delegación de Gobierno, pasando por la Secretaría General de Presidencia de Gobierno. Precisamente por este cargo en el marco del cual ejerció como "responsable y superior jerárquico" de la asesora Álvarez, se le imputa ahora en la causa que se sigue contra la mujer del presidente del Ejecutivo.