"Caso Miguel Ángel Blanco": "Iñaki de Rentería" rectifica y exime al juez de pedir permiso a Francia para investigarle

Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no es necesario que solicite permiso a Francia para investigarle por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, rectificando así la posición procesal que adoptó en su declaración del pasado 23 de febrero, cuando adujo que se acogía al principio de especialidad, que impide proceder penalmente contra el por un asunto por el que Francia no autorizó su entrega a España.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de Gracia Arregui -que se encuentra en libertad, aunque el instructor le retiró el pasaporte y le obligó a comparecer periódicamente en los juzgados- reacciona así a la reciente decisión de García Castellón de acordar, con carácter instrumental, la prisión provisional de "Iñaki de Rentería" para dar cumplimiento a la OED (orden europea de detención) cursada para que Francia autorice a la Audiencia Nacional a investigar al exdirigente de ETA por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua en 1997. En esa resolución, el juez acordó la misma medida para Soledad Iparraguirre, "Anboto", que también se parapetó tras la falta de autorización francesa para negarse a declarar en relación a este caso.

Fuentes jurídicas apuntan que la intención de la defensa al instar ahora al magistrado a no cursar la euroorden es dejar sin efecto la orden de prisión, que se acordó únicamente para dar cumplimiento a la ampliación de esa OED.

Junto a Gracia Arregui y "Anboto", tras una querella interpuesta por Dignidad y Justicia el magistrado investiga a Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri" (que también guardó silencio porque Francia no le entregó por esta investigación) y Mikel Albisu, "Mikel Antza" (como "Iñaki de Rentería", se encuentra en libertad), quien argumentó que ya fue condenado en el país vecino por su pertenencia a ETA, lo que entiende que le exime de responder penalmente en España por su actividad terrorista.

No abandonó España tras quedar en libertad en 2011

La abogada del exjefe de ETA expone que "a pesar de que en su declaración en calidad de investigado" se preguntó a su defendido "si se acogía al principio de especialidad y ante esto él mismo respondió que sí, lo cierto es que esta parte entiende que dicho principio no rige respecto del mismo". De ahí que argumente ahora que "tampoco resulta necesario en su caso emitir una OED para solicitar a Francia la ampliación de su entrega".

La letrada Amaia Izko esgrime el artículo 27 de la Decisión Marco sobre la OED, que exime de la necesidad de solicitar la ampliación de la orden europea de detención cuando el afectado no ha salido del territorio del estado que le reclamó en el plazo de 45 días desde su puesta en libertad, o bien haya decidido regresar tras haberlo abandonado. "Iñaki de Rentería", recuerda, fue entregado por Francia en noviembre de 2008 y permaneció en prisión provisional hasta abril de 2011. Y aunque posteriormente, añade, volvió a ser detenido, de nuevo fue puesto en libertad antes de que se archivara la investigación contra él.

"Tanto tras su primera libertad definitiva como tras la segunda", insiste, "ha permanecido residiendo en el estado español" (en la localidad de Rentería, "a pesar de haber tenido perfecta oportunidad" para abandonar territorio español puesto que no tenía "medida cautelar alguna" que se lo impidiese.

"No le afecta el principio de especialidad"

Por tanto, concluye su defensa, "no le afecta el principio de especialidad y tampoco afecta al juzgado la obligación de solicitar a Francia ampliación alguna de la OED otorgada en su día". En definitiva, sostiene que es "perfectamente posible" seguir adelante con el procedimiento "sin la aquiescencia de Francia" sin prejuzgar, recalca, "si existen o no elementos para su enjuiciamiento".

"Iñaki de Rentería" está siendo también investigado por el asesinato de Gregorio Ordóñez. En febrero del pasado año, el juez Alejandro Abascal le prohibió salir de España y le retiró el pasaporte, aunque descartó enviarle a prisión, como reclamaron tanto el PP como la familia de la víctima. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar y consideró suficiente que facilitara un domicilio para estar localizado, al descartar el riesgo de fuga y de que destruyera pruebas (al haber pasado ya más de 25 años del atentado contra el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián).

García Castellón considera que los cuatro exjefes de ETA investigados pudieron haber evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco por su "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización", como defendía en la querella contra la excúpula de ETA el entonces abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias. García Castellón defiende que eran "plenamente conscientes de la posición de mando" que ostentaban dentro de la organización terrorista y de su "amplia capacidad de actuación", que les capacitaba para "ordenar la comisión de acciones terroristas concretas, o bien la de evitar las mismas".