El Colegio de Abogados de Barcelona se desmarca: "no está entre sus funciones" valorar el pacto de investidura

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) se ha desmarcado de la reacción generalizada entre los actores del Poder Judicial y no valorará el pacto de investidura que se dio a conocer ayer por parte de los representantes de PSOE y Junts, ni siquiera en lo que afecta a los órganos judiciales. A pesar de haber recibido varias consultas y peticiones de los propios colegiados, la Junta ha declarado que "no se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos sobre hechos o actualidad de naturaleza política".

Este silencio ha provocado la indignación de un número relevante de abogados colegiados. En diálogo con LA RAZÓN, han restado validez a la versión oficial que han emitido esta mañana desde el Colegio porque, aseguran, entre sus funciones sí está la defensa del Estado de derecho.

"Hay mucha indignación entre la abogacía barcelonesa", señala una de las letradas que ha contactado con este periódico y que no se explica el contraste que hay entre "el silencio" del ICAB "con las manifestaciones inequívocas de todas las asociaciones jurídicas".

Otras fuentes que se identifican con los colegiados discrepantes se preguntan "¿acaso son partidistas esos manifiestos?", en alusión al rechazo generalizado de prácticamente todas las organizaciones que representan a los diferentes colectivos del Poder Judicial. "La excusa que da la Junta no se sostiene. Está faltando a su deber estatutario", señalan.

Los abogados del Colegio de Barcelona que han mostrado su desacuerdo señalan que en el artículo 9.a de los estatutos se señala entre las otras funciones que tiene que desempeñar "defender el Estado social y de derecho proclamado en la Constitución y en el Estatuto de autonomía, y trabajar para la promoción y al defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas", indica el documento.

Esta mañana el ICAB lo confirmaba: marca distancias con lo que han hecho otras instituciones, como las cuatro asociaciones de jueces que ayer se pronunciaron en bloque en contra del contenido del acuerdo, en lo que toca a los órganos jurisdiccionales y a sus resoluciones, así como las principales asociaciones de fiscales e, incluso, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Todos ellos, entraron en lo que tocaba al Poder Judicial: la creación de comisiones parlamentarias para revisar las resoluciones de los tribunales y la alusión al término lawfare, que alude a una supuesta judicialización de la política.

El ICAB ha justificado esta decisión en una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de la que cita: “Una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.

Señala que según la resolución 2209/2019 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, las corporaciones de derecho público de colegiación obligatoria, como es el ICAB, no pueden emitir opiniones en este tipo de situaciones. Y aclara que "la Junta de Gobierno actúa de conformidad con la presente resolución", puntualiza.