Conde-Pumpido defiende la independencia del TC a las puertas de abordar la amnistía

A las puertas de que el Tribunal Constitucional (TC) aborde la próxima semana las primeras decisiones sobre la Ley de Amnistía -la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) y la abstención del exministro Juan Carlos Campos- el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido la "independencia" de la institución y ha reclamado "respeto" para el TC.

En su discurso de bienvenida como nuevo magistrado del Constitucional al exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, Conde-Pumpido ha hecho hincapié en que los miembros del tribunal cuentan "con las herramientas necesarias para imponer nuestra imparcialidad lejos de sesgos", así como "los argumentos jurídicos". Asimismo, ha pedido para el TC "el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia".

La independencia del TC en el ejercicio de sus funciones, ha remarcado, es "un fundamento básico de nuestro Estado social y democrático de derecho y obliga a todos los poderes públicos" y ha recordado -cuando aún resuena la polémica por la anulación de las condenas por el fraude de los ERE impuestas por el Tribunal Supremo, entre otros a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves- que la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC deja claro que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

A la toma de posesión han asistido, entre otras autoridades, el presidente del Senado, Pedro Rollán; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; vocales del CGPJ y magistrados del Tribunal Supremo.

Magistrado en excedencia y abogado

Macías (Barcelona, 1964), exvocal del CGPJ) y magistrado en excedencia desde 2005 para ejercer la abogacía, se ha mostrado muy crítico con la Ley de Amnistía antes de su designación como nuevo magistrado del TC a propuesta del PP por el cupo del Senado.

El pasado noviembre, aseguraba en una entrevista a LA RAZÓN que las consecuencias de la aplicación de la Ley de Amnistía serán "irreparables", una norma que no dudó en calificar de "no constitucional" en la medida en que, según explicó, "degrada" la función judicial y el Estado de derecho.

Macías aseguró entonces no esperar "absolutamente nada" del Tribunal Constitucional en su labor de control de la Ley de Amnistía, una norma que en su opinión "va a dar justificación" a "agresiones directas" contra "miembros del Poder Judicial, contra miembros del Tribunal Supremo".

Sobre una posible abstención en la deliberación de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía sobre los que deberá pronunciarse la corte de garantías, Macías señaló en una posterior entrevista a este periódico el pasado agosto que resulta "tremendamente difícil que un magistrado de reconocido prestigio no haya dicho nada sobre un tema relevante". "Si no ha dicho nada, solo puede deberse a dos circunstancias: que no sea jurista, y por lo tanto no tenga nada que decir, o que no tenga prestigio, en cuyo caso a nadie le interesa lo que tenga que decir. Llegar con la mente vacía sobre un tema relevante es tremendamente difícil", apuntó al respecto.

Para Macías, "lo que se espera de un magistrado del Tribunal Constitucional no es que no tenga ideas, sino que acuda con la mente abierta y la capacidad para reformular sus ideas fruto del proceso de deliberación". De ahí que defendiera entonces que "el hecho de tener una idea previa desde luego no desmiente ni descarta la capacidad de un jurista para, en el seno del debate, llegar a otras conclusiones".

El mandato de Macías será previsiblemente de once años, puesto que al llevar menos de tres años en marzo de 2026, cuando el Senado tenga que renovar a cuatro de los magistrados del TC, podrá optar a un nuevo mandato completo de nueve años, pues así lo contempla la ley orgánica que regula el funcionamiento de la institución, por lo que podría seguir en el TC hasta marzo de 2035.