La Confederación Plurinacional

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, insiste estos días en resaltar que hay una operación encaminada convertir España en una Confederación Plurinacional, eludiendo la reforma de la Constitución mediante una «ley orgánica» que cambiaría de facto la forma de Estado sin respetar el marco constitucional.

Una dinámica que se haría «emulando el proceso separatista a través de algún instrumento de apariencia legal», pero «ilegal en el fondo, y totalmente inconstitucional», que recuerda a la Ley de Transitoriedad aprobada en Cataluña por Puigdemont para declarar la independencia, y que se asemeja algunas experiencias latinoamericanas. Planteamiento político en el que coinciden tanto PNV como Bildu, que este pasado fin de semana llamaron a aprovechar «la oportunidad» de la actual coyuntura política para «construir la soberanía nacional» y la «república vasca».

A cambio de apoyo, Pedro Sánchez se comprometió con ambos partidos a promover el «reconocimiento nacional de Euskadi». Es conocida también la idea del expresidente Zapatero de asumir la «identidad nacional» de Cataluña. Y Pablo Iglesias reivindicó el otro sábado «un Estado plurinacional (…) que apueste por una configuración estatal que asuma la realidad plurinacional». O sea, una suerte de confederación de naciones dentro del Estado español.

El problema está en cómo llevar la teoría a la práctica. Ahí entraría en juego el Tribunal Constitucional, encargado de ajustar la Constitución a los nuevos tiempos. En su discurso con motivo del último aniversario de la Carta, Sánchez mencionó 11 veces en cinco minutos la palabra Constitución, refiriéndose siempre a la conveniencia de adaptarla a los tiempos. Nada de reformarla, pues para eso es necesario el sí de las tres quintas partes del Congreso y el Senado, amén de la disolución de las Cortes y un referéndum.

La actualización en la que piensa Sánchez se llama «mutación constitucional», es decir, la transformación de la Constitución por la vía de los hechos, no porque se cambie su texto, sino a través de resoluciones del TC. Una práctica común impulsada por la izquierda en países como Venezuela o Bolivia. De hecho, figura en la letra de los memorandos fundacionales tanto del Foro de São Paulo como del Grupo de Puebla. La «mutación constitucional» se produce cuando el alto tribunal interpreta que una ley se ajusta a la Carta Magna, pese a no estarlo en realidad en su letra. Esa ley pasa a ser constitucional aun entrando en contradicción con la Constitución.

Casos claros han sido la ley del Consejo General del Poder Judicial de 1985, el aborto, el matrimonio homosexual o la diferente consideración del hombre con relación a la mujer en violencia de género, que no se ajusta a la igualdad entre españoles. También será constitucional la Ley de Amnistía, pese a vulnerar esa misma igualdad.

Dentro de tal espíritu «constructivista», sería perfectamente «constitucional» una norma que considere «naciones» a Cataluña y el País Vasco, lo que convertiría a España en un Estado Plurinacional. Bastaría apenas con que el tribunal de Pumpido lo sancione en atención a la necesidad de adaptar la Carta Suprema a los tiempos. Algunos vocales progres del TC, elegidos a dedo, ya han dicho que ellos nos están en el alto Tribunal para ejecutar sin más lo que dice la letra de nuestro Ordenamiento, pues para eso valdría la IA, sino para «construir», adaptando la Carta a los diferentes escenarios sociopolíticos. Unos vocales no elegidos por el pueblo podrían refundar la Constitución a golpe de sentencias, en sintonía con la mayoría parlamentaria formada por la izquierda y el separatismo. En eso estamos.