La Constitución y los ayuntamientos

Cada 6 de diciembre celebramos la Constitución, el marco de convivencia que garantiza nuestros derechos, articula nuestras instituciones y asegura la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Es una fecha que recuerda algo esencial: la Constitución no es solo un texto jurídico. Es una estructura viva que se sostiene sobre quienes, cada día, la hacen posible. Y en esa arquitectura institucional, los ayuntamientos desempeñan un papel decisivo.

Los gobiernos locales son la primera puerta del Estado. Cuando un ciudadano solicita una ayuda, tramita una licencia, reclama seguridad o pide un servicio básico, quien responde no es la administración que aparece en los debates parlamentarios ni la que ocupa portadas: es su ayuntamiento. En esa cercanía, los principios constitucionales se vuelven cotidianos y la igualdad se mide en servicios reales. Por eso el municipalismo es un pilar esencial del Estado social y democrático de derecho.

Pero esa proximidad no siempre recibe el reconocimiento institucional que merece. Los ayuntamientos gestionan servicios esenciales con marcos normativos de otro tiempo. La Ley de Bases de Régimen Local es de 1985 y el sistema de financiación municipal se rige por una norma de 2002. Mientras tanto, los municipios afrontan retos del siglo XXI: dificultad de acceso a la vivienda, nuevas demandas de movilidad, envejecimiento, desigualdad creciente o transición ecológica. La brecha entre las necesidades de los vecinos y los medios disponibles no puede seguir ampliándose.

La autonomía municipal reconocida en la Constitución es la garantía de que cada ayuntamiento puede organizar sus servicios con suficiencia y responsabilidad. Pero esa autonomía se debilita cuando se aprueban normas sin diálogo, cuando se imponen obligaciones sin financiación adecuada o cuando no se convoca el foro previsto por ley para debatirlas.

La tasa de basuras es un ejemplo claro. Es una regulación impulsada por el Gobierno que ha obligado a todos los municipios a implantar una medida que la Comisión Europea no exigía en la forma en que se ha planteado, generando desigualdades, dificultades técnicas e impacto directo sobre familias que ya soportan incertidumbre económica. La FEMP ha subrayado reiteradamente este problema porque afecta tanto a la autonomía local como a la igualdad entre ciudadanos.

La financiación local tampoco se ha actualizado, pese al consenso de todos los grupos políticos representados en la FEMP. No es una reivindicación ideológica, sino institucional. La igualdad entre españoles –mandato constitucional– exige que los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes.

¿Cómo garantizar los mismos servicios en un municipio grande y en uno pequeño? ¿Cómo planificar inversiones si no se permite utilizar los remanentes municipales, aun cuando los ayuntamientos han cumplido, año tras año, con las reglas de estabilidad?

La Constitución establece también la obligación de cooperación entre administraciones. Esa colaboración tiene un espacio natural en las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares, que sostienen a miles de localidades de menor tamaño que, sin su apoyo técnico y financiero, no podrían garantizar servicios esenciales. Su función es clave para lograr la equidad territorial: allí donde la dimensión del municipio no permite disponer de plantillas especializadas o de estructuras administrativas amplias, las diputaciones aseguran que ningún ciudadano quede atrás por vivir en un entorno pequeño.

La cooperación se articula también a través de la FEMP, que este año celebra el 45 aniversario de su creación. La federación nació para que los ayuntamientos pudieran hablar con una sola voz y para que la pluralidad política no impidiera el acuerdo institucional. Su función es representar a los 8.132 ayuntamientos españoles ante el Gobierno, defender su autonomía y recordar que cada decisión estatal tiene un impacto directo en la vida de millones de personas. Durante décadas, la FEMP ha demostrado que es posible alcanzar acuerdos amplios, incluso en tiempos de polarización, bajo un principio sencillo: lo local es lo común.

Pero esa interlocución exige espacios efectivos de diálogo. La Comisión Nacional de Administración Local, órgano previsto por ley para la cooperación entre el Estado y las entidades locales, no se convoca de forma ordinaria desde 2022. No es un formalismo: es el foro donde deben abordarse la financiación, la compensación por plusvalía o el impacto de las nuevas normativas. Cumplir la Constitución implica, también, activar y respetar los órganos que hacen posible ese diálogo.

Además, los problemas urgentes siguen ahí: falta de vivienda asequible, impacto de la inflación, pobreza, soledad de las personas mayores, movilidad sostenible o gestión de residuos. Y son los ayuntamientos quienes los afrontan. Para hacerlo con eficacia, necesitan herramientas modernas, entre ellas el uso realista de los remanentes y de las inversiones financieramente sostenibles. Los ayuntamientos han demostrado rigor; el Gobierno debería corresponder con confianza.

La Constitución es un compromiso entre generaciones. La han sostenido nuestros padres y la sostienen hoy quienes, desde los ayuntamientos, garantizan cada día la convivencia, la igualdad y los derechos. Por eso, en el Día de la Constitución, el mejor homenaje no es retórico: es cumplirla. Cumplirla en el respeto a la autonomía local. Cumplirla en la cooperación institucional. Cumplirla en la financiación adecuada. Cumplirla en el diálogo leal entre administraciones. Y cumplirla, en definitiva, en ese lugar donde la vida democrática se hace más evidente: en nuestros municipios.

María José García-Pelayo es presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)