El Gobierno interviene los pagos de servicios básicos y nóminas de la Generalitat

El Gobierno ha dado 48 horas de plazo a Carles Puigdemont para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

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Las cuentas de la Generalitat estarán la semana que viene intervenidas y su vicepresidente, Oriol Junqueras, perderá en la práctica el control del gasto, aunque en teoría siga ejerciendo de responsable económico. El Gobierno anunció ayer que asumirá todos los pagos de la Generalitat, y ahí entran los servicios públicos fundamentales que reciben los catalanes, al quedarse con el control de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica que la Generalitat, como los demás gobiernos autonómicos, reciben mensualmente. Antes, el Ejecutivo da un plazo de 48 horas a la Generalitat, desde que este acuerdo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro va destinado a la consulta ilegal. Ese acuerdo de no disponibilidad implica que las partidas afectadas no se pueden gastar, sin incluir todas aquellas que están relacionadas con el gasto social. Es decir, que desde la aprobación del acuerdo, sólo se pagarían los servicios básicos y las nóminas de los funcionarios. El resto quedaría congelado y solo podría gastarse con una autorización explícita del Estado y si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

Si la Generalitat no adopta este acuerdo de no disponibilidad, será el Gobierno el que lo ejecutará en su sustitución. Ante el alcance de esta medida extraordinaria, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicarla, a petición propia. PSOE y Ciudadanos (Cs) han sido informados dentro de la línea directa de contactos que ha abierto Mariano Rajoy con estos dos partidos para hacer frente al órdago secesionista. Hasta ahora los controles extraordinarios impuestos sobre la Generalitat se hacían a posteriori, es decir, que el Gobierno catalán tenía que justificar semanalmente sus gastos. Ahora los pagos quedarían ya directamente en manos del Ejecutivo central.

Esta decisión del Gobierno responde al anuncio de Junqueras de que la Generalitat dejaba de cumplir precisamente con esa obligación legal de justificar semanalmente sus gastos, una medida adoptada en julio al detectarse irregularidades en una partida presupuestaria. Junqueras apeló a la nueva legalidad catalana para justificar lo que Moncloa valoró ayer como una «ilegalidad manifiesta». El Gobierno podría haber aplicado el artículo 155 de la Constitución para sustituir a Junqueras, y la Ley de Estabilidad y el acuerdo por el que se estrecharon los controles ya prevén medidas coercitivas para el caso de incumplimiento de los mismos, y que van desde la multa a posibles responsabilidades penales, además de una interpretación del artículo 155 bajo la aprobación del Senado.

El abanico de posibilidades era muy amplio, pero en Moncloa han optado por este camino del control de los pagos dentro de una estrategia en la que están intentado seguir siempre la vía que creen que puede tener un menor coste social, en tanto que cumpla el objetivo de preservar la legalidad. El Gobierno subrayó precisamente ayer que el nuevo sistema de control de pagos no afecta a las competencias de la Generalitat. «No estamos sustituyendo competencias, sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», indicó Montoro. En público, el Gobierno dejó ayer el mensaje de que confía en que la Generalitat se avenga a razones y acabe aprobando el acuerdo de no disponibilidad. Pero en privado la sensación es justo la contraria. Que van a ir a por todas en su desafío a la legalidad, y que en la respuesta habrá que utilizar todos los mecanismos necesarios para impedírselo. De hecho, todo está preparado para que Puigdemont no atienda el ultimátum y sea el Estado el que apruebe el acuerdo de disponibilidad y se quede con el control directo de todos los pagos relacionados con servicios básicos y nóminas.

En ese escenario, los interventores de la Generalitat tendrán que enviar las órdenes de pago a Hacienda para que las verifique y, en consecuencia, ese pago se hará directamente a cuenta del sistema de financiación autonómica. La Generalitat dejaría de recibir los anticipos del mismo que mensualmente llegan a todas las comunidades autónomas. Y a partir de ahora, cualquier pago de la Generalitat deberá ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con el proceso ilegal. A partir de la publicación en el BOE del acuerdo de la Comisión Delegada, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo. Y todas las facturas de los proveedores de servicios públicos fundamentales de la Generalitat o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono. La Generalitat también deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General, certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal. Una vez recibida esa información el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar esos servicios, sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados públicos. El ministro de Hacienda detalló que el plan del Gobierno consiste en un novedoso mecanismo de control de pagos para «evitar las malas ideas». Pero en lo que afecta al referéndum, hasta ahora la Generalitat ya ha demostrado que está utilizando todas las trampas que tiene a su alcance y puede haberse servido, por ejemplo, de partidas de protocolo que permiten ser justificadas a posteriori si no superan un importe.

Por acuerdo de la Comisión Delegada sobre la intervención de los gastos de la Generalitat el Gobierno también pide a los bancos que denuncien cualquier movimiento de fondos vinculados al referéndum. El objetivo es que todas las oficinas eviten colaborar con las actividades del 1-O, de la misma manera que ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. Si las entidades detectan algún pago o transferencia relacionados con la consulta, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.