Enchufe de exmiss Asturias: las acusaciones instan al juez a llamar a declarar al expresidente de Renfe

Paso al frente de las acusaciones populares del "caso Koldo" en el Tribunal Supremo. La acción popular -conformada por PP, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y Asociación Liberum, entre otras- reclama al magistrado Leopoldo Puente que llame a declarar al expresidente de Renfe por el enchufe en la empresa pública Logirail de Claudia Montes, la exmiss Asturias a quien según el instructor colocó José Luis Ábalos con la colaboración de su entonces asesor, Koldo García.

Para avanzar en el esclarecimiento de ese supuesto enchufe, ven imprescindible que Logirail facilite al Supremo el currículum de Montes y la documentación que facilitó en el proceso de selección "con el fin de analizar su posible falsificación".

Además, también insta a Puente a reclamar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) las actas del rescate a Air Europa.

En esa batería de diligencias, las acusaciones populares proponen asimismo que testifique Pedro Saura, que era secretario de Estado del Ministerio de Transportes cuando Ábalos era ministro, hasta que fue cesado en julio de 2021. Entre sus funciones, recuerdan, estaba la de "supervisar la dirección general de carreteras", en el epicentro de los supuestos amaños denunciados por el comisionista Víctor de Aldama que investiga el juez.

En cuanto a la contratación de Claudia Montes, en esas fechas pareja de Ábalos, la acción popular ve necesario que comparezca como testigo Isaías Taboas, expresidente de Renfe (único accionista de Logirail), "por su presunta participación en la contratación" de la exmiss.

"El problema de Gijón, arreglado"

Y recuerdan que en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consta el mensaje que envió Koldo García a Taboas el 16 de octubre de 2019 indicándole: "El primero en valencia u el segundo en Jigon" (sic). Supuestamente haciendo referencia "a la ubicación deseada" por Montes para desarrollar su actividad profesional en la empresa pública.

Asimismo, ponen de relieve que Koldo pidió una reunión con Taboada tras la contratación de Montes para abordar "las preocupaciones laborales" de la exmiss, a quien le habían requerido que justificase por qué razón "no iba a la oficina" (ella mismo explicó al juez en su declaración que no realizaba ningún trabajo).

Ese mismo 17 de octubre, Taboada escribió a Koldo 30 minutos después para tranquilizarle: "El problema de Gijón, arreglado".

Para intentar esclarecer esa contratación, la acción popular quiere que testifiquen también quienes eran los dos superiores inmediatos de Montes, Enrique Martínez Torres y José Ángel Menéndez, "por su conocimiento relativo a las distintas vicisitudes laborales" de la exmiss Asturias.

Martínez fue quien pidió a Montes que le informase por escrito del motivo por el que no acudía a la oficina y quien, en febrero de 2020, le traslado que se le iba a abrir un expediente de despido. La entonces novia de Ábalos pidió a Koldo que se pusiera en contacto con ambos tras "expresarle su descontento con determinadas decisiones empresariales que se estarían barajando".

En esa misma línea, consideran necesario escuchar el testimonio del director gerente de Logirail, Óscar Gómez, para que explique las circunstancias del despido de Montes y de las razones por las que esa relación laboral "se habría alargado durante años".

Las actas del rescate "son relevantes"

Y respecto al rescate de Air Europa, las acusaciones quieren que el juez solicite a la SEPI las actas del Consejo Gestor -el organismo encargado de gestionar en pandemia las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas- relativas al expediente de solicitud de la compañía, así como una copia de la solicitud de Air Europa, de los informes externos emitidos y del informe de viabilidad.

La acción popular ve necesario arrojar luz sobre la presencia en el Consejo de Manuel de la Rocha, entonces director general de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia y de Pedro Saura, en esas fechas secretario de Estado de Infraestructuras, por lo que piden al instructor que reclame las invitaciones cursadas a ambos por el presidente del Consejo Gestor.

Según explican en el escrito dirigido al Supremo, esas actas "son relevantes para poder dar contexto a los mensajes incautados y que han sido analizados por la UCO" (el 27 de octubre, día en que se celebró una de las sesiones, Aldama remitió un wasap a Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, "informándole del resultado de dicha reunión").

"Pese que los informes de asesores externos sobre viabilidad requirieron una media de 158 días para ser emitidos por su dificultad, en el caso de Air Europa, que solicitó 475 millones de euros, consiguió el informe definitivo antes de los 70 días desde su solicitud", resaltan las acusaciones.

Chalet de La Alcaidesa

Por último, en relación a la compra del chalet en la urbanización de La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz) para disfrute de Ábalos y su familia -que el juez vincula con la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, la empresa del socio de Aldama Claudio Rivas, imputado como él en la Audiencia Nacional por este asunto-, las acusaciones solicitan que testifiquen Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, "por su participación activa en el proceso de compra", y Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto, "por haber mantenido una reunión" a finales de 2020 con Rivas y Carmen Pano, la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz, supuestamente para "tratar la obtención de la licencia de operador de Villafuel".

En ese escrito, la acción popular pide igualmente al juez Puente que solicite a la Audiencia Nacional todas las diligencias que instruye el juez Santiago Pedraz sobre la concesión de esa licencia bajo sospecha.