España ha acogido a más de 1.700 irregulares de Alemania desde 2018

España ha aceptado durante el mandato de Pedro Sánchez la deportación desde Alemania de 7.573 irregulares en el país germano, de los cuales se hizo efectivo el traslado a España de 1.730.

Estos movimientos se llevaron a cabo en virtud del acuerdo en vigor entre España y Alemania que tiene su origen en 2018, después de tres años de oleadas masivas que supusieron la absorción de un millón de inmigrantes por Berlín. Solo ese 2018, Alemania registró el 28 % de todos los nuevos solicitantes de asilo en los Estados miembros de la Unión Europa, según datos de Eurostat. La entonces canciller Angela Merkel instó sus socios europeos, en especial a España y Grecia, a que se responsabilizaran de parte de los ilegales que no cesaban de llegar a sus fronteras.

Las cifras, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, son fruto de la petición de un particular que, tras intentarlo sin éxito con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –que tiene abiertas tres reclamaciones en Transparencia por los acuerdos migratorios con Alemania, Estados Unidos y sobre el reparto de los llegados a Canarias–, solicitó a la cartera de Fernando Grande-Marlaska los «acuerdos que tenga España con Alemania sobre las deportaciones y desplazamientos y reasignaciones de población de inmigrantes irregulares o peticionarios de asilo desde Alemania hacia España, así como el número de personas trasvasadas en esa dirección desde 2108 hasta la actualidad, año por año».

En primer lugar, el Ministerio de Interior ha negado al abogado Guillermo Rocafort el acceso al contenido de esos acuerdos alegando «que se enmarcan en la política exterior española, así como en el desarrollo de la política de seguridad». Además, porque el texto «tiene un carácter instrumental de la acción exterior y de seguridad sobre la denegación de entrada a personas que solicitan protección en el contexto de controles temporales en la frontera interior terrestre entre Alemania y Austria», si bien a continuación niega que se haya producido ningún traslado en base a esos acuerdos. En cualquier caso, el Ministerio de Interior se atiene en su negativa en que «se podrá limitar el derecho de acceso para preservar las relaciones exteriores».

Sin embargo, la cartera de Marlaska sí aporta el número de deportados desde Alemania a España en base al Convenio de Dublín y al pacto entre Alemania y España para su desarrollo en 2018 entre Merkel y Pedro Sánchez, por el que se admitió desde el país germano al nuestro el movimiento de los casi 8.000 irregulares citados, de los que finalmente arribaron alrededor de 2.000.

El Gobierno de Sánchez aceptó 7.573 solicitudes pero solo se hicieron efectivas un 22,8%

En concreto, en 2018 se admitió a 1.389 personas, de las que se hizo efectivo el traslado de 447; al año siguiente se hizo lo propio con 814, de las que se efectuó el movimiento de 225; en 2020 se consintió para 618 de quienes se llevó a término el traslado de 94; en 2021 se admitió a 1.039, de los cuales se validó el desplazamiento de 226; en 2022 se aprobó para 1.891, de los que se produjo la venida de 444; y, por último, el año pasado se admitió a 1.822 de los que se ultimó la mudanza de únicamente 294.

A juicio del letrado solicitante esas cifras «se van a disparar» desde el momento en que Alemania ha aprobado la ley de deportaciones masivas de Olaf Scholz, quien señalaba el pasado 20 de octubre que «tendremos que deportar a gente a gran escala», en línea con la política de su predecesora.

Por otra parte, y en cuanto a la «opacidad» acerca de los acuerdos, Rocafort manifiesta que «no se entiende ese secreto», porque «además los españoles tenemos derecho a conocer qué hacemos metidos en asuntos relativos a los controles fronterizos entre Austria y Alemania».

En otro sentido, destaca que «Italia no acepta las deportaciones que España asume desde Alemania; es decir, que los irregulares que entran en Italia y piden asilo en ese país, una vez que se trasladan a Alemania, la nación transalpina no los acoge como hace España, pues Meloni y los anteriores gobiernos italianos apuestan por una política migratoria más restrictiva».

De lo que no aporta ningún extremo Interior es acerca del contenido del pacto migratorio que acordó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el norteamericano Joe Biden, que se desconoce hasta la fecha y del que han rehúsado dar cuenta los ministerios de Exteriores, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, ahora, la cartera de Grande-Marlaska.

A tenor de la documentación recibida, la petición del ciudadano interesado a la cartera a cargo de Elma Saiz fue desdoblada por la Unidad de Información y Transparencia de Interior a la Dirección General de Política Interior –que aún no ha contestado– y a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad, responsable de la coordinación de la acción exterior del Departamento de Interior, cuya respuesta constituye el grueso de esta información.

Scholz ha seguido la política de Merkel en un traslado que se enmarca en el Convenio de Dublín

Antes, el letrado se dirigió por tres veces a la cartera de Elma Saiz, sin ninguna respuesta. En primer lugar, con fecha del 7 de junio, pidió el texto del acuerdo entre España y EE UU. Posteriormente, el 23 de octubre, llegó a Inclusión otra solicitud acerca de los acuerdos con Alemania sobre las deportaciones y desplazamientos y reasignaciones de población de inmigrantes irregulares o peticionarios de asilo desde aquel país. Finalmente, el 12 de diciembre hubo una tercera petición, en esta ocasión sobre el «reparto por toda la Península de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias desde África en cayucos en 2023, especificando el municipio de asignación, número de personas desplazadas; lugar de alojamiento y condiciones; identificaciones de esos irregulares; coste diario por cabeza de alojamiento; departamento que está contratando los hoteles, ONG y entidades que están gestionando los alojamientos y el día a día con los inmigrantes irregulares, así como los recursos públicos».

Ante la falta de respuesta en todos los casos, y transcurrido el plazo legal de un mes para que el órgano competente diera sus explicaciones, el ciudadano presentó reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con fechas del 20, 23 de diciembre y 26 de enero.