Las exhumaciones en el Valle de los Caídos, en vías de llegar al Constitucional

Después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), escollo legal que frenaba las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos, el recorrido jurídico está ahora en vías de llegar al Tribunal Constitucional.

En una providencia a la que tuvo acceso LA RAZÓN los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo inadmiten el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de Cuelgamuros. No obstante, el fallo no afecta a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que también recurrió ante el TSJM, al igual que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).

En su resolución, el TSJM daba la razón a Patrimonio Nacional y levantaba las medidas cautelares que impedían las obras necesarias para extraer los restos de las víctimas que reclaman 110 familias. El fallo entendía que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría «una transformación urbanística irreversible de las criptas».

El Alto Tribunal inadmite ahora a trámite el recurso al entender que no se cumplen los estrictos requisitos para que el asunto sea abordado en el Supremo.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica mostró ayer su «malestar» ante las informaciones trascendidas, que «no se ajustan a la realidad», pues no ha sido «notificada todavía del resultado» de su recurso de casación.

«En cualquier caso», estas fuentes aseguran que «en el supuesto de que el recurso interpuesto tuviera el mismo resultado, acudiríamos en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues hay múltiples derechos fundamentales afectados. Es decir, que el camino judicial está muy lejos de despejarse todavía».

Además, recuerdan que «aún hay dos vías abiertas ante la Justicia pendientes de dilucidar la protección del Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural (BIC), que protegerían este recinto sagrado del espectáculo ideológico de este Gobierno que solo pretende hacer política exhibicionista con los huesos de víctimas de la Guerra Civil».

Por su parte, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que también recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia para evitar las exhumaciones, se opone igualmente al fallo del Supremo. Pablo Linares, su presidente, asegura que «seguirán adelante en defensa de las familias que representan, a las que se ha ninguneado, como si no tuvieran los mismos derechos que las otras».

Técnicos de Patrimonio Nacional llevan preparando desde diciembre la entrada a las criptas, trabajos que han llegado ya a la peritación del estado de la atmósfera del interior para comprobar si hay condiciones de salubridad antes de comenzar las exhumaciones. Durante este tiempo han llevado a cabo tareas de preparación del suelo, iluminación y retirada de objetos ornamentales.

Ante estas actuaciones, la asociación por la Reconciliación cree que «es evidente que este Gobierno solo busca el efecto electoral, porque si realmente tuviera un ánimo identificador, reparador y justo, tiene aún los restos mortales de siete víctimas de la Guerra Civil sin identificar en el Instituto Nacional de Toxicología, entre ellos probablemente los de Andreu Nin, anarquista asesinado por los socialcomunistas».

La entidad dice «lamentar además que la jerarquía de la Iglesia se mantenga al margen, permitiendo la profanación de un cementerio católico como es el Valle de los Caídos, manteniendo abandonados a los monjes benedictinos, y permitiendo que esa basílica consagrada sea objeto de nuevo de espectáculos inmorales».

Todo este proceso arrancó en 2016 cuando un juez de San Lorenzo de El Escorial reconoció el derecho de una familia a que los cadáveres de sus allegados fueran exhumados y trasladados adonde decidieran. Se trata de los hermanos Lapeña Altabás, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y reinhumados en el Valle de los Caídos en 1959.

En junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para estas obras pero la Fundación Franco, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la ADVC recurrieron esta medida porque consideraban que influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos y sus familias.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 10 de Madrid suspendió en noviembre de ese año la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos para llevar a cabo las exhumaciones.

La jueza tomó esta decisión al entender que "son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva por cuanto la construcción originaria habría desaparecido".

Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó la suspensión al estimar el recurso de apelación de la abogada del Estado contra el auto del juzgado, pero el fallo del tribunal autonómico fue recurrido en casación por la asociación, además de la Fundación Franco y la ADVC.

Ahora, el alto tribunal ratifica la decisión del TSJM y despeja en principio el camino para desbloquear las obras, que quedan en manos de Patrimonio Nacional.