El fiscal general insta al juez a dejar en manos del Supremo la investigación por la filtración sobre el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado ha asumido ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena que fueron sus "instrucciones expresas y directas" las que permitieron la publicación de la nota pública de la Fiscalía sobre las negociaciones con la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para cerrar un acuerdo de conformidad, un comunicado por el que están investigados dos fiscales de Madrid por revelación de secretos. El instructor instó al Ministerio Público a precisar por escrito quién dio la orden y en el escrito en el que asume la responsabilidad, Álvaro García Ortiz insta al magistrado a dejar la causa en manos del Tribunal Supremo (TS), ante el que está aforado por razón de su cargo, dado que -le recuerda- el TSJ de Madrid no es competente para investigarle

En ese escrito, la máxima autoridad de la Fiscalía muestra también su extrañeza por el hecho de que se investigue a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, y no al entorno del empresario, a quien atribuye la filtración de los correos electrónicos difundidos antes de hacerse público el comunicado de la Fiscalía. Una nota que, recalca, "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", por lo que aclara al instructor que como fiscal general fue él "el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado".

García Ortiz se queja de que "indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia". Y una vez asumida la responsabilidad, hace hincapié en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", en tanto en cuanto su publicación -recalca- "no se hubiera producido sin mi previa autorización".

Pero el fiscal general reitera que esa nota "fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal". Se limitaba, afirma, "a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal". De ahí que defienda que "ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva".

"Sorprendente" que no se investigue al entorno del empresario

Para García Ortiz "resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos", mientras que el entorno de González Amador, "señalado" por los medios de comunicación que publicaron esos correos electrónicos "como su fuente de información aparezca únicamente como parte acusadora".

El fiscal general cree que "cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador", es algo que no puede "consentir ni tolerar".

En el escrito remitido al TSJM, reitera sus argumentos para avalar la publicación de una nota que "no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni tener incidencia procesal en un ulterior procedimiento judicial", que "avanza en la actualidad sin controversia alguna y sin verse afectado por tales circunstancias".

"No es secreto lo que ya es de dominio público"

García Ortiz considera que "ningún secreto se desvela cuando las informaciones difundidas en una nota de prensa habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación". En su opinión, ninguna información reservada o dato confidencial puede desvelarse cuando los correos electrónicos remitidos entre el letrado del empresario y la Fiscalía de Madrid "habían sido previa y ampliamente difundidos por multitud de medios de comunicación, incluida la fotografía de uno de esos correos". De hecho, asegura que él mismo se enteró de la existencia de esos correos electrónicos "a través de los medios de comunicación".

A las 22:41 horas del pasado 13 de marzo, señala, el jefe del gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "publicaba un mensaje en la red social X en el que se hacía eco de forma insidiosa" de un correo electrónico remitido por la Fiscalía al letrado de González Amador "y del falso impedimento por "órdenes de arriba" de un supuesto ofrecimiento de acuerdo".

"Era, pues, de público conocimiento la existencia de los correos electrónicos, su contenido, los delitos fiscales reconocidos por la defensa" del empresario -a quien la Fiscalía le imputa un fraude fiscal de 350.000 euros utilizando una empresa fantasma-, "la propuesta de pacto y una posible conformidad, aunque no en los términos interesadamente expuestos por los medios que inicialmente poseían y publicaron la información". "No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la revelación ya es conocido por todos, pues no es secreto lo que ya es de dominio público", defiende.