Los fiscales debilitan a Sánchez ante Bruselas

La crisis de los fiscales es la gota que ha hecho que Moncloa pierda la capacidad de trasladar a sus socios y a las instituciones comunitarias la sensación de que mantiene el control de la situación. En clave doméstica, Pedro Sánchez «está solo frente al Estado» y esto es hoy prácticamente lo único en lo que están de acuerdo los socialistas, fuera del blindaje oficial que rige en Moncloa, y los partidos costaleros de la investidura. Sánchez tiene mucho menos apoyo del PSOE del que se visualiza por razones de disciplina orgánica, que funcionan incluso en situaciones críticas como ésta, pero tampoco tiene detrás a sus socios, embarcados en sus propias guerras, y sí empieza a verse con claridad que el aparato del Estado se levanta para protegerse del ataque de las políticas que le exige el independentismo.

El choque entre poderes es tan estruendoso que no está dejando ver, de momento, el agujero que se le está abriendo a Moncloa por el lado europeo. Ahí es donde finalmente se jugará la gran batalla, y día a día, según se acumulan los encontronazos con el Poder Judicial, crece también la desconfianza de Bruselas y la debilidad de Moncloa para defenderse.

Sin el escudo de la presidencia de la UE, a Sánchez le ha estallado la crisis de los fiscales a una semana de que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tenga que volver a sentarse con el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, y con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para retomar la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reunión es «profundamente incómoda» para Moncloa porque parten desde una posición de debilidad que no tenían antes de que implosionara la Fiscalía por la investigación por terrorismo al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española. En la misma semana, por cierto, en la que el Poder Judicial ha convocado una reunión extraordinaria para denunciar los insultos a los jueces en el Congreso de los Diputados. El lunes se hablará de renovación y también de la ley de despolitización de la Justicia que exige el PP para dar su visto bueno a la renovación pendiente desde hace más de cinco años. Las dos cosas al mismo tiempo encima de la mesa, y en Génova confían en «tirar» del comisario hacia su lado bajo la presión de la rebelión de las togas frente a lo que entienden que son maniobras del Gobierno para atarles de manos por interés político.

La negociación sobre el CGPJ se le pone de espaldas a Moncloa, como también sucede con la visita de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, y que hoy y mañana está en Madrid en respuesta a una llamada del Senado, con mayoría absoluta del PP, para que fiscalice la amnistía y el «atropello democrático», según los populares, que ésta supone en fondo y en formas, por la tramitación de urgencia acordada por la mayoría de investidura en la Cámara Baja y sin atender siquiera a los informes de los órganos consultivos.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo sobre derecho, elecciones y referéndums, creado tras la caída del muro de Berlín para aconsejar a los países en asuntos constitucionales, mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos. El partido de Alberto Núñez Feijóo espera que de las reuniones que mantendrá en Madrid acumule «pruebas» para reforzar la alarma en la Unión.

El PP está moviéndose con habilidad en Bruselas mientras que en «casa» a Sánchez cada vez se le abren nuevos fuegos en su relación con el Poder Judicial y también con sus socios. No hay ley de amnistía todavía, pero, si llega a haberla, la ambición última de los populares es conseguir que la Comisión acabe pronunciándose, en paralelo a la posible decisión que adopte el Tribunal de Justicia Europeo ante la cuestión prejudicial que pueda presentar un tribunal español.

En Europa hay ya una batalla abierta, y los pasos que está dando Moncloa en su enfrentamiento con el Poder Judicial no les ayudan a imponerse en el primer asalto, que es el de la construcción del relato. De hecho, en el círculo del presidente del Gobierno entraron ayer en modo pánico al ver cómo el fiscal Salvador Viada denunciaba en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, las injerencias en el criterio de los fiscales y dijese que son víctimas de una intervención desde las alturas de la Fiscalía. Viada habló sin tapujos después de que la junta de fiscales del Supremo apreciase el martes, por clara mayoría, que hay indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont.

«El jefe siempre acepta el criterio de la mayoría y ésta es la primera vez que no se aplica»; «puede ocurrir de todo, hasta la posibilidad de que nos hagan un 155 encubierto»; «las decisiones se toman en función de tu supuesta adscripción política y esto es lamentable», «entre los 11 (fiscales que votaron a favor de la investigación por terrorismo) hay votos de todas las sensibilidades, éramos de todos los sectores»...