Terrorismo

La Fiscalía archiva la denuncia contra Otegi por seis secuestros y un asesinato

Concluye que los hechos de los que alertó Dignidad y Justicia, cometidos entre 1978 y 1983, ya han prescrito

Redes Sociales
Arnaldo Otegi Redes SocialesRedes Sociales

La Fiscalía ha archivado la denuncia de Dignidad y Justicia (DyJ) contra Arnaldo Otegi, en la que solicitaba que se investigase su supuesta participación en seis secuestros y en el asesinato de un político de UCD, al concluir que la posible responsabilidad penal por los hechos que se le imputan, cometidos entre 1978 y 1983, ya ha prescrito.

La asociación que preside Daniel Portero impulsó la denuncia contra el líder de EH Bildu basándose en las declaraciones de doce etarras que señalaron a Otegi por esas acciones criminales y adjuntando la información publicada por El Mundo en octubre del pasado año. Algunas de esas declaraciones apuntan al dirigente abertzale por haber ordenado los secuestros o haber dado supuestamente la orden para asesinar a Juan de Dios Doval (UDC).

Pero la Fiscalía concluye que "analizados los hechos de la denuncia y tras ser revisados los procedimientos", los mismos "están prescritos" o existe cosa juzgada (respecto a otros tres secuestros denunciados), lo que determina en todo caso la extinción de una posible responsabilidad criminal o, en aplicación del principio non bis in ídem, "la imposibilidad de volverse a juzgar y sentenciar sobre el mismo hecho y la misma persona".

La asociación de víctimas reclamaba la reapertura de las investigaciones por el asesinato del político de UCD (31 de octubre de 1980); por los secuestros de Antonio Zaldumbide y su familia (22 de febrero de 1978); Pedro Luis Iturregi (11 de mayo de 1978); Javier Artiach, presidente del consejo de administración de Galletas Artiach y su hijo (25 de agosto de 1978); y por las tentativas de secuestro del gerente de la empresa Alconza (10 de junio de 1978), de José Casals (11 de enero de 1982) y de un industrial de San Sebastián (7 de junio de 1983).

En otros tres secuestros con los que se vinculaba a Oteti, el líder de EH Bildu fue condenado a seis años de prisión por el de Luis Abaitua, y absuelto por los de los políticos Gabriel Cisneros y Javier Rupérez.

"En todos y cada uno de esos secuestros consumados o en grado de tentativa y en, al menos un asesinato, no ha sido investigada la participación de Arnaldo Otegi Mondragón y la determinación de su posible responsabilidad penal en los mismos", se quejaba DyJ.

Las declaraciones policiales que señalan a Otegi

Según la información policial, recuerda la Fiscalía, Otegi y su "comando" secuestraron y "redujeron a punta de pistola a Antonio Zaldumbide y a su familia en su propia casa, para conseguir la llave de la Central de Iberduero en Éibar, donde dicho "comando" quería colocar un artefacto explosivo.

En cuanto al secuestro de Iturregi, señala, "El Gordo" (sobrenombre de Otegi) y su "comando" secuestraron al director de la empresa Teyca de Munguía (Vizcaya), señalado por "explotar a los trabajadores" y que fue retenido "a punta de pistola" en la empresa antes de que un terrorista le pegase un tiro en la pierna en un descampado. La supuesta participación de Otegi "fue corroborada en sus declaraciones policiales (se desconoce si también judiciales) por hasta seis miembros de la organización terrorista ETA".

Respecto al intento de secuestro del director gerente de la empresa Alconza de Berango (Vizcaya), los etarras aseguraron que Otegi "esperó en un coche robado para hacerse cargo del secuestrado y llevarlo a un zulo construido al efecto", al que denominaban la "cárcel de pueblo", aunque finalmente la escolta del empresario frustró la acción.

Otegi y otros tres terroristas entraron supuestamente en el domicilio del empresario Javier Artiach en Neguri (Vizcaya) y el actual líder de EH Bildu habría sido el encargado, junto con Ignacio Elorriaga "El Canas", de negociar el rescate con el padre del empresario.

En cuanto al secuestro de José Casals, la Fiscalía recuerda que dos terroristas llamaron al domicilio del armador retirado "haciéndose pasar por testigos de Jehová". La orden, según las declaraciones de miembros de ETA, "la dio Arnaldo Otegi", pero el secuestro se frustró "porque el empresario forcejeó con uno de los terroristas, el cual le dio un tiro en la boca del estómago, antes de huir", según declaró José Luis Artola, "Ortzi".

"No aporta nada nuevo"

Por último, el líder abertzale habría propuesto a "Ortzi" en 1982 "pasar a España para cometer diferentes atentados, en plena pugna de liderazgo de las dos facciones de la organización terrorista ETA, para poner de manifiesto la capacidad de la facción de ETA militar, a la que pertenecía Otegi". Un plan que llevó a secuestrar a un industrial. Pero cuando Otegi y otro miembro del "comando" esperaban en el barrio donostiarra de Loyola a que su compañero les entregara al secuestrado una pareja de motoristas de la Policía Nacional les pidió identificarse. Tras entregarles documentación falsa, consiguieron huir porque "la zona estaba frecuentada por niños" y los agentes "no pudieron darles el alto abriendo fuego".

Y respecto al asesinato de Doval, el autor confeso de los disparos, José María Salegui, aseguró en su declaración policial que "su responsable directo en el atentado era Arnaldo Otegi", aunque en 1982 fue absuelto "al no ratificar judicialmente su declaración y no haber sido reconocido por la testigo de los hechos".

Pero para la Fiscalía, "la información periodística, sin hablar de la prescripción de los hechos, no aporta nada nuevo, puesto que todo lo referido en la noticia necesariamente fue valorado por los órganos judiciales en su momento, por lo que, respecto de todos estos procedimientos, archivados hace años, no procedería en ningún caso la reapertura".

Pero el Ministerio Público subraya que aunque se trate de meras declaraciones policiales, "de ser ciertas y haberse practicado ante funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil necesariamente habrían sido judicializadas, salvo omisión inexplicable e inverosímil por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", algo que, precisa, "no es el caso".