García Ortiz denuncia "filtraciones ilegales" de su causa y pide multas para las acusaciones populares

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado al Tribunal Supremo a que tome medidas para frenar las "filtraciones ilegales" de la causa abierta contra él y que atribuye a las acusaciones populares. El mismo día en que el Ejecutivo ha dado a conocer su propuesta para limitar el papel de estas acusaciones en las investigaciones penales, García Ortiz se ha pronunciado en contra de ellas, asegurando que son las responsables de que se haya impulsado un "juicio paralelo" en los medios de comunicación.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, García Ortiz pide al magistrado Ángel Hurtado que acuerde medidas cautelares para frenar la filtración del sumario del procedimiento y le insta a agrupar todas las acusaciones populares. Cabe recordar que este procedimiento lo impulsó el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a tenor de la nota informativa que él mandó elaborar para desmentir que la institución hubiera ofrecido pacto alguno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la que investiga por dos delitos fiscales.

Desde entonces, se han sumado otras acusaciones al procedimiento como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, mientras que la pareja de la mandataria madrileña, Alberto González Amador, litiga como acusación particular. Al respecto, el fiscal general solicita al magistrado que agrupe todas las acusaciones populares (como ha ocurrido en el caso Koldo) ante el "abuso en el ejercicio de su derecho".

Vulneración de derechos fundamentales

De hecho, alega que se han vulnerado de manera reiterada sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la intimidad, así como su derecho a un proceso equitativo con todas las garantías procesales y a la presunción de inocencia. Por ello ha reclamado que, de no adoptarse ningún tipo de medida cautelar para evitar estos riesgos, se abra una pieza separada para interponer las multas que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 557. El mismo determina que las diligencias de un sumario son reservadas y que el abogado o procurador que revele contenido del sumario puede ser multado con cuantías que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros.

La abogada del Estado expone, además, que se ha vulnerado su derecho a la protección de datos al publicarse en prensa información relativa a los terminales telefónicos del fiscal general que requisó la UCO tras el registro a su despacho a finales de octubre. Por ese motivo, propone al alto tribunal que se investigue la difusión en los medios de comunicación del oficio de la Guardia Civil y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la "anonimización" de todos los datos de carácter personal que incluya el oficio.

Del mismo modo, sostiene que se ha roto el principio de igualdad de armas ante la "hipertrofia de las posiciones acusatorias" en las distintas líneas de investigación de la causa. El pasado octubre, el Tribunal Supremo admitió a trámite la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid al considerar que había indicios de delito contra García Ortiz con la nota informativa que la Fiscalía difundió el 14 de marzo y que contenía información reservada sobre las comunicaciones intercambiadas entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador.

El juez toma medidas

Sin embargo, el alto tribunal abrió otra línea de investigación centrada en la difusión en prensa de un correo del letrado en el que reconocía la comisión de los delitos fiscales y ofrecía una conformidad. El alto tribunal considera que esa filtración puede ser delictiva si se demuestra que salió de la Fiscalía General del Estado, de ahí que esté centrado en esclarecer si este correo llegó a prensa desde la Fiscalía, dado que el mismo se publicó después de que el fiscal general recabara todos los correos de Julián Salto.

En lo que respecta a las filtraciones, el magistrado Hurtado ya ha advertido a las partes de que en las diligencias se impone la reserva del secreto. No obstante, este viernes ha dado un paso más y ha acordado no dar traslado de los vídeos de las declaraciones que han tenido lugar esta semana. Se trata de las comparecencias del jefe de prensa de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y de periodistas que se hicieron eco de la información entre los días 13 y 14 de marzo. En un movimiento poco inusual, el juez ha decidido dar traslado solo de la transcripción de las declaraciones. Mantendrá el vídeo en el Tribunal Supremo, de manera que la parte que quiera visualizarlo tendrá que hacerlo en el alto tribunal.