García Ortiz propone al fiscal jefe penal del Supremo a la espera de que el tribunal decida si le imputa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal del Tribunal Supremo (TS) Fernando Prieto, que respaldó las condenas por el fraude de los ERE que luego anuló el Tribunal Constitucional (TC), como nuevo fiscal jefe penal del alto tribunal en sustitución de Joaquín Sánchez-Covisa tras su jubilación. Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que pronunciarse en las próximas fechas sobre la imputación de García Ortiz por revelación de secretos, aunque en este caso será la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, quien emita ese informe, que previsiblemente se opondrá a que se investigue al máximo representante de la Fiscalía por la difusión pública de los datos fiscales del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según las fuentes consultadas, la candidatura de Prieto para el puesto ha obtenido el respaldo de los miembros natos del Consejo Fiscal -el propio García Ortiz, Sánchez Conde y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz- y de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), aunque la más votada fue la fiscal del Supremo Ángeles Garrido. Al cargo de fiscal jefe de lo Penal del Supremo también optaban, entre otros, dos de los fiscales del "procés" que se posicionaron en contra de la amnistía, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, y el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, que informó en contra de la investigación a Carles Puigdemont en el "caso Tsunami" al no ver indicios de terrorismo (la causa se terminó archivando al haberse prorrogado fuera de plazo en la Audiencia Nacional).

Prieto es fiscal del Supremo desde 2006. Desde que en 1984 se incorporó a la carrera fiscal, y tras pasar por las fiscalía de Santander y Guadalajara, fue decano de la sección penal de la Fiscalía del TSJ de Madrid y en los Juzgados de Plaza de Castilla, además de coordinador del servicio de Violencia de Género y de las relaciones con la Policía Judicial, especialmente en materia de delincuencia organizada.

Como fiscal del Supremo, fue el encargado de informar sobre los recursos de casación de los condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Prieto pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Uno de los integrantes del Consejo Fiscal, el fiscal Salvador Viada, instó a García Ortiz a aplazar esa propuesta de nombramiento para salvaguardar la imagen de imparcialidad dado que la Fiscalía del Tribunal Supremo debe pronunciarse en breve sobre su imputación, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) elevara una exposición razonada solicitando que se investigue al fiscal general como máximo responsable de esa nota pública que desvelaba las negociaciones con la defensa de González Amador para cerrar un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer el delito fiscal que se le imputa.

En el escrito, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recuerda que el fiscal general "es quien ha de decidir la propuesta de quien ha de ocupar la plaza de fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en próximos días", acordará si le "investiga o no". "Me parece obvio", recalcaba, que "debe abstenerse en la deliberación y votación de dicha plaza".

Viada recordaba que la Junta de Fiscales de Sala concluyó el pasado abril "por una estrecha mayoría", que los hechos sobre los que debe pronunciarse ahora el Supremo "no eran constitutivos de delito". Antes, recuerda, de que García Ortiz reconociese su "autoría directa" en la confección de la nota y de que la investigación judicial evidenciase su "directa implicación en el impulso" de ese comunicado.

El consejero incidía en que entre los candidatos al puesto figuraban "dos miembros de aquella Junta, y, me consta que ambos entendieron como delictiva la conducta que entonces investigaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid". "Cualquiera puede entender -argumentaba- que no es indiferente para un investigado que el fiscal jefe de la Fiscalía del tribunal que le investigue considere que el hecho que se le reprocha debe ser investigado como delito o que considere que el hecho no lo es".

"Lo más razonable es posponer abordar la decisión sobre el punto referido hasta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncie", defendía, y si no era así "abstenerse de intervenir en ese asunto". El fiscal recordaba que otras designaciones avaladas por García Ortiz "han sido desautorizadas por el Tribunal Supremo, obligando a fiscales a acudir reiteradamente a reclamar justicia ante nuestro más alto tribunal, que ha llegado a anular algún nombramiento" por haber incurrido en "desviación de poder", como sucedió con el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera con su designación como fiscal jefe de lo Militar del Supremo.

"El prestigio -exponía Viada- debe estar por encima de cualquier otra consideración", por lo que teniendo en cuenta esos antecedentes y "la proximidad de una decisión muy importante de la Sala Segunda" sobre una posible conducta delictiva por parte de García Ortiz, el fiscal consideraba "lo más adecuado" posponer la designación o, en su caso, que el fiscal jefe se apartara del asunto.